Vivimos malos tiempos para la institución parlamentaria. La pandemia no ha hecho más que acentuar una tendencia creciente, de los distintos ejecutivos, a estirar al máximo sus atribuciones y saltarse así los farragosos procedimientos parlamentarios. Los gobiernos prefieren legislar a golpe de Decreto-Ley, estiran los presupuestos hasta tener seguros los apoyos y rehúyen el control parlamentario. En el caso de las fuerzas reaccionarias, no nos sorprende. La derecha no necesita el Parlamento para conseguir sus fines. A la derecha, el Parlamento le molesta.

En esta línea de desprecio al Parlamento, en marzo de 2020, la Presidenta del Parlamento de Andalucía nos soprendió a todos convocando a la Diputación Permanente, al margen del EA y del Reglamento Parlamentario, para poder combinar el estado de alarma, confinamiento incluido, con la necesidad de convalidar un Decreto-ley monstruoso que tenían en cartera. Se ve que los llamados “constitucionalistas” lo son solo a veces. O sólo en Cataluña, quién sabe.

Hoy hemos conocido una Proposición de Ley de modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía, presentada, nada más y nada menos que por el Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista y Adelante Andalucía o, mejor, lo que queda de ella, 6 de diputados de IU de los 17 que conformaban originariamente el Grupo. La reforma, de mucho más calado del que cabría pensar en una primera lectura, viene a confirmar algo que sabíamos: que la expulsión de diputados y diputadas de un Grupo Parlamentario, para ser conforme a Derecho tiene que estar prevista de manera expresa en el Reglamento Parlamentario. En el andaluz no lo está y con esta reforma vienen a cubrir esa importante laguna legal, que bien podría costarles una reprimenda del Tribunal Constitucional por haber violado el derecho fundamental a la participación política de los diputados que fueron expulsados del grupo de Adelante Andalucía.

No tiene sentido extenderse sobre todos los puntos de la reforma del Reglamento propuesta. Algunos me parecerían oportunos si se abordaran correctamente. Por ejemplo, la expulsión de los diputados de los Grupos Parlamentarios y su paso a la condición de no adscritos necesita, sin duda, la previsión reglamentaria. Pero se ve que los firmantes no se atreven a dejar por escrito las causas tasadas, vaya a ser que algún diputado díscolo haga algo indebido que no aparezca en el Reglamento. Por eso, mejor, dejarlo a las normas internas de cada grupo, que se presentan ante la Mesa, tantas veces como se quiera. Viva la seguridad jurídica.

Lo realmente peligroso de esta reforma, está descrito de una manera farragosa, poco clara, con remisión a otras normas, para que no se sepa lo que realmente dice: cuando los Diputados No Adscritos sean muchos (alteren significativamente la proporcionalidad, dice el texto) “podrán establecerse fórmulas que repongan la representación política emanada del proceso electoral, incluidas las del voto ponderado”. Ya puestos, ¿por qué no establecemos un sistema donde haya un solo diputado por fuerza política que se haya presentado? Con voto ponderado, eso sí. O dicho de otra manera, Si se admite que lo relevante es el voto electoral durante toda la legislatura ¿para qué queremos diputados? En realidad, no haría falta ninguno. Podemos establecer “fórmulas que repongan la representación política emanada del proceso electoral” y listo.

Si se admite que no cumplir las directrices del grupo es transfuguismo, ¿dónde queda la prohibición del mandato imperativo prevista en el artículo 101.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía? Y si el voto es lo único determinante, ¿para qué queremos el resto de los trabajosos ritos parlamentarios?

Diría que una reforma de este tipo no me sorprendería del Partido Popular, de Ciudadanos o de Vox. Del PSOE de Andalucía tengo que decir que tampoco. He visto cómo se las gastan cuando tienen mayoría en los órganos de gobierno. Pero que un partido como Unidas Podemos no sólo firme, sino que sea el instigador de una reforma tan antidemocrática como esta, me provoca una inmensa tristeza.

Se está atacando al Parlamento, que en un sistema parlamentario de gobierno es el único órgano que goza de legitimidad democrática directa, desde dentro, por partidos que están mucho más centrados en su beneficio a corto plazo sin pensar en el daño irreparable que se causa a nuestra democracia. Estaría indignada sino estuviera desolada.