Como en todas las series escritas y producidas por David Simon y George Pelecanos, en The Deuce asistimos a un espectáculo complejo. Por un lado, tenemos unos personajes que permiten hilvanar, con su quehacer, la realidad del submundo de la prostitución, la industria pornográfica y los bares de los bajos fondos del Manhattan de los años 70. Sin embargo, simplemente con estar atentos al devenir de los diferentes capítulos, es posible observar la aparición de otros protagonistas que, no por carecer de carne y hueso, son menos importantes. En efecto, se trata de la propia Nueva York, de su entramado político e institucional, del atisbo de las primeras medidas neoliberales que llevarían a convertir a la Gran Manzana en el escenario turístico que es hoy y del protagonismo de una de sus zonas centrales más emblemáticas. No en vano, la serie lleva por subtítulo Crónicas de Times Square.

En la breve cronología de la existencia de los Business Improvement Districts (BID's), Time Square destaca por el grado de éxito alcanzado. Actualmente convertida en una de las áreas más renombradas (y cinematografiadas) de Manhattan, fue fundada como BID en 1992 y, tal y como señala su propia página web, “trabaja para mejorar y promover Times Square, cultivando la creatividad, la energía y la ventaja que han convertido al área en un ícono del entretenimiento, la cultura y la vida urbana durante más de un siglo”. Presidida por un promotor inmobiliario, cuenta como vicepresidentes a un representante de la aseguradora AXA y a un ejecutivo del conglomerado mediático Viacom, propietaria, entre otras, de la productora de Hollywood Paramount Pictures. Aunque se trata de una alianza público-privada, los miembros pertenecientes a la administración pública de la ciudad son minoritarios en su Junta Directiva; claro indicador de su carácter poco democrático.

Los efectos de la denominada Time Square Alliance no se hicieron esperar. En la actualidad, Nueva York cuenta con hasta 75 diferentes BID's, los cuales han colaborado, de manera destacada, a que la ciudad se haya convertido en uno de los espacios más mercantilizados, turistificados y desiguales de Estados Unidos. A modo de ejemplo, el alquiler de un comercio o restaurante cercano a esta zona puede llegar a pagar más de veinte mil dólares por metro cuadrado al mes y cualquier movimiento extraño, aunque inocente, en la zona es inmediatamente reprimido por una legión de miembros de compañías de seguridad y policía.

El Parlament de Catalunya se encuentra, por su parte, en las últimas fases de aprobación de la adaptación de la figura de los BID's al armazón jurídico catalán: las Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs). La Ley que las crea y desarrolla, y que se abre camino estos días en la principal institución catalana con el único rechazo de la CUP y Catalunya en Comú-Podem, otorga a estas figuras los objetivos de “modernizar y promocionar determinadas zonas urbanas, así como mejorar la calidad del entorno urbano mediante actuaciones sostenibles; consolidar el modelo de ciudad compacta, compleja y cohesionada y medioambientalmente eficiente; e incrementar la competitividad de las empresas, favoreciendo la creación de empleo”. Y para ello, serán gestionadas por “entidades privadas, sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, constituidas por las personas que acrediten ser titulares del derecho de posesión de los locales definidos”.

Aunque los objetivos y supuestos beneficios de este tipo de áreas parecen estar claros, no lo están menos los posibles efectos no tan positivos de su implementación. La bibliografía académica destaca, entre otros, los problemas generados por su escaso control democrático, la privatización encubierta del espacio público, la fragmentación del espacio urbano generado, el incremento del valor del suelo que puede llegar a generar, el efecto bola de nieve, arrastrando a otras áreas a acogerse a la misma normativa ya que el comercio limítrofe a las mismas también querría beneficiarse de sus supuestos efectos positivos mediante la instauración de su propiaAPEU, las dinámicas de gentrificación desatadas, etc.

No podemos, tampoco, olvidar un elemento clave de los efectos negativos de los BID's: su impacto en la vivienda existente en esas áreas y en lo que la ley define como “el uso social de la propiedad privada“. La actual ley catalana de urbanismo no describe mecanismos para recuperar las plusvalías que generan las rehabilitaciones o reurbanizaciones públicas en las zonas de suelo urbano consolidado. Eso hace que la inversión económica pública en el espacio urbano genere plusvalías en la totalidad (no solo los locales de planta baja sino también en las plantas superiores) de las propiedades privadas colindantes. De esta manera aumenta su valor urbanístico, sin que hayamos establecido aún algún mecanismo para garantizar el retorno social de las mismas. Estamos imaginando, por ejemplo, la posibilidad de afectar y obligar a que durante un número determinado de años, esos edificios pusiesen sus viviendas en régimen de alquiler asequible y contener así el vaciamiento y sustitución de los vecinos y las vecinas, así como la más que posible especialización sólo en usos comerciales y turísticos. Porque se hace evidente que en el actual modelo económico neoliberal, aunque las entidades privadas que gestionen los BID's digan en sus estatutos ser entidades “sin ánimo de lucro”, los que tengan “ derecho de posesión” con esta coartada legal se lucrarían privadamente de los beneficios, sin ninguna participación del resto de la comunidad y de los contribuyentes.

Bajo las circunstancias que nos encontramos, con la vigencia de medidas altamente restrictivas sobre el espacio público debido a la necesidad de controlar la expansión del COVID19, poner en marcha una figura de estas características no puede dejar de ser preocupante. En un cálculo efectuado a mediados de junio, sólo la ampliación del espacio de calles y plazas cedidas a las terrazas de bares y restaurantes en la ciudad de Barcelona suponía una merma de hasta cuatro hectáreas, esto es, unos cuatro campos de fútbol menos de espacio urbano destinado al disfrute y la socialización de los vecinos y vecinas de la capital catalana. Es verdad que se han puesto en marcha algunas medidas, como la ampliación de zonas para peatones mediante el controvertido urbanismo táctico, que persiguen equilibrar esa situación, pero también es verdad que, como todo parece indicar, la cesión del espacio para la restauración parece haber venido para quedarse y los resultados del urbanismo de colores figura ser más efectista que efectivo. En una situación como ésta, transferir, aunque sea ligeramente, la gestión de determinadas prerrogativas sobre el espacio urbano a entidades privadas cuya única función es incrementar las ventas y el consumo de los bienes y productos de sus socias y socios, no parece la solución más adecuada.

En otra conocida serie norteamericana, Modern Family, uno de los protagonistas, Phil Dunphy, agente de bienes raíces de éxito y padre de una moderna familia de clase media californiana, repite, siempre que tiene ocasión, que el éxito para cualquier operación inmobiliaria se basa en location, location, location. Y tiene razón, es la localización de los bienes urbanos, edificios de apartamentos, oficinas y otros, pero también de las calles y las plazas, de parques, jardines, de chaflanes y patios, los que le otorgan su verdadero valor a la ciudad; un valor que no es solo precio inmobiliario, sino también espacio de y para las relaciones sociales al que no se le puede poner precio y menos dejar en manos de intereses puramente materiales. Asistimos, de esta manera estos días, a una batalla silenciosa, a un episodio más de la guerra por la ciudad, en este caso, a una que tiene por elemento en disputa el espacio urbano.