FÉLIX PANTOJA GARCÍA

La ley de responsabilidad penal de los menores ha tardado muy poco en ser pasto de la voracidad electoral. Ha sido la derecha, en su más genuina versión, la que de forma demagógica e irresponsable ha lanzado una inconcreta propuesta electoral que consiste en rebajar la edad penal aun a riesgo de cuestionar los valores sociales, la racionalidad de las leyes penales y los compromisos internacionales suscritos por España.

Pero lo peor, sin duda, ha sido plantear a la sociedad española la falsa convicción de que con el derecho penal vamos a conseguir solucionar problemas sociales.

Mientras tanto, valores como el de la reinserción social del artículo 25.2 de la Constitución española, el interés del menor de la vigente Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la propia Convención de los Derechos del Niño (para toda persona menor de 18 años según su artículo 1) se olvidan para satisfacer la populista demanda de penas y tratar de conseguir votos de cualquier modo.

Además, los datos desmienten la creencia de que los menores de 14 años son un problema para nuestra seguridad ciudadana. De hecho, si no fuera así, ¿a qué viene la necesidad de hacer propuestas de intervención penal con niños de 12 y 13 años? Según los datos de un reciente estudio realizado a instancias del Consejo General del Poder Judicial por el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha, el “delito”, o la conducta más “delictiva” que cometen los menores en esa edad –según la muestra con la que se trabajó– es “bajarse música o películas del ordenador” o utilizar éste para hacer hacking. Estos actos suponen, respectivamente, el 34,36 y el 11,14%, mientras que amenazar o golpear para conseguir algo suponen el 0,18% y robar en una tienda o gran almacén, el 3,09%.

Si nos ponemos en el caso de un niño de 12 o 13 años que cometa uno de esos delitos gravísimos que augura el Sr. Rajoy, ¿no deberíamos pensar qué ha podido ocurrir para que se haya llegado a esa situación? ¿Qué puede estar pasando con la escuela pública, con la psiquiatría infanto-juvenil, o con las políticas de socialización y educación cívica de los niños? ¿No habría alguna responsabilidad social? ¿O es que la oferta del PP de cárcel para los menores es la única posible o la mejor para la conseguir la reinserción que proclama el artículo 25.2 de la Constitución?

Si sale adelante esta propuesta, además de no arreglar nada, con seguridad pondremos a esos niños en la senda de la marginación social. Tal vez merezca la pena buscar otros caminos.

Tampoco parece que haya un grave problema de orden público entre los menores de 14 a 18 años. Los datos del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a la intervención de los Juzgados de Menores no ponen de manifiesto un grave incremento de la delincuencia juvenil, sino que se mantiene en valores estables desde la entrada en vigor de la ley. De hecho, mientras en 2002, primer año completo de la aplicación de la LORPM (Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor), el número de asuntos que conocieron los juzgados fue de 36.605, en el año 2006 fue de 34.855.

Es verdad que existen hechos que causan una grave alarma social, y también es verdad que los medios de comunicación centran su atención, reiteradamente, en estos hechos, poniendo el dolor de las víctimas en el centro del debate sobre el modelo de política criminal a seguir.

Lo cierto es que a estos delitos se les da una dura respuesta, ya prevista en la actual ley tras las modificaciones operadas en 2006, que pena desde los 18 años los delitos graves incluso con la cárcel –siempre al cumplir los 21–, y con periodos de seguridad en los que no puede modificarse la pena durante los primeros cinco años. Esta privación de libertad debería servir para realizar un efectivo trabajo de reinserción, ofreciendo alternativas al castigo.

Ésta es la realidad de la responsabilidad penal de los menores, que trata de conciliar la respuesta punitiva con los valores contenidos en las normas internacionales y nuestro ordenamiento jurídico.

Pese a que estos valores han ido cediendo ante el punitivismo social y a las sucesivas reformas, se siguen haciendo propuestas, como esta electoral, en una dinámica incomprensible desde la racionalidad penal, que dan lugar a que se genere en la sociedad un afán vindicativo y retributivo, dirigido, irresponsablemente, contra todo aquello que se muestra como amenaza, ahora con respecto a los menores y antes con los inmigrantes.

Más valiera que las propuestas electorales fueran dirigidas a potenciar la escuela pública, realizar políticas efectivas de igualdad con los menores, mejorar la psiquiatría infanto-juvenil o procurar que la reinserción de los menores quede exclusivamente en el ámbito público, algo que, precisamente, no hace el Partido Popular allí donde gobierna.

Félix Pantoja García es vocal del CGPJ y fiscal de menores

Ilustración de Gallardo