La crisis en Francia puede parecer un episodio versallesco que afecta única y exclusivamente a la Corte (en sentido amplio). Y en el elenco de la Corte participan -más o menos- todos los actores relevantes: presidente, partidos políticos, medios de comunicación. Desde esta perspectiva no estaría ocurriendo nada singular en realidad, un episodio más de la conocida lucha por el poder. Pero esta perspectiva ignora los cambios tectónicos que se están produciendo en nuestras sociedades en particular en términos de representación política.

Por eso, el recorrido que va desde el resultado de las elecciones legislativas del pasado 7 de julio y el nombramiento de Michel Barnier como primer ministro el 5 de octubre, debe ser interpretado, más bien, como una auténtica crisis política y constitucional.

No deja de tener su interés releer el trabajo de Marx sobre el golpe de estado de Luis Napoleón Bonaparte en noviembre de 1799. Aunque las analogías históricas las carga el diablo, resulta sugerente la hipótesis de una salida cesarista en un contexto de bloqueo socio-político y crisis institucional, tal y como ocurrió en ese momento de la historia de Francia. Con su convocatoria anticipada de elecciones, Macron pretendió que los y las francesas se asustaran ante la visión de un abismo político y lo que no se esperaba es que los electores franceses decidieran dar un paso adelante. Una evidencia de que los moldes que han contenido el malestar social ya no cumplen su función.

El empate estratégico que la situación creada plantea tiene muchas dimensiones: electoral, política y constitucional en primera instancia. Hay que decir que es el sistema electoral el principal responsable de la complejidad surgida en la Asamblea después de las elecciones. Los tres grandes bloques se sitúan alrededor del 30% del electorado (9 millones de votos) y es el sistema de doble vuelta y el cordón sanitario hacia el partido de Le Pen el que ha limitado, con toda probabilidad, una victoria más contundente de Rassemblement National (RN). Y son los juegos de alianzas para la segunda vuelta los que han ofrecido, finalmente, una victoria en número de diputados al Nuevo Frente Popular.

No obstante, la coalición ganadora tiene todo el derecho a reclamar la legalidad y legitimidad de la victoria: esas eran las reglas del juego para todos los actores. Y también a la coalición ganadora le ampara el derecho de ser investida como coalición de gobierno y medir, en ese escenario complejo, su capacidad para gobernar mediante la única vía posible: coaliciones ad hoc en función del proyecto de ley. Cualquiera de las otras dos opciones: un gobierno de coalición entre el Nouveau Front Populaire (NFP) y las fuerzas macronistas o entre el NFP y el partido de Le Pen resultaban totalmente inviables.

La configuración de la Assamblée National plantea un empate estratégico entre las tres opciones que ha sido “resuelto” por Macron mediante una jugada de filibustero: aparta al grupo mayoritario de la responsabilidad de gobierno mediante la elección de un candidato de prestigio de la derecha política (no de su grupo) y pactando con RN la reforma electoral con el fin de permitir la acción de gobierno, al menos en las cuestiones sustanciales.

Como Luis Bonaparte, gobernando de manera cesarista, opera y propone con el fin de dividir al campo del centro-derecha para reconfigurar la oferta electoral en ese espacio sobre la base de una promesa-amenaza: si no hacéis esto, vienen los rojos y ecologistas. Al mismo tiempo, tensionando el campo de la izquierda espera separar a La France Insoumise de otros sectores más “blandos” y que pueden vivir su ausencia en el gobierno como un castigo por su proximidad al partido de Melenchon.

Pero esta maniobra está lejos de tener garantizado su éxito. En un contexto parlamentario tan volátil cambios menores pueden significar consecuencias mayores. En cualquier caso la ingeniería parlamentaria no oculta ni es la solución a la profunda crisis socio-política propiciada por la presidencia Macron que es, también, una crisis constitucional.

El intento de destitución de Macron promovido por la France Insoumise invocando el artículo 68 de la constitución no llegará, muy probablemente, a ningún puerto. Requiere como condición previa la admisión en la Asamblea por parte de la Mesa de la Cámara y posteriormente conseguir, al menos, los dos tercios de votos favorables en cada una de las cámaras (Asamblea y Senado), lo que resulta muy poco probable que ocurra. Incluso componentes de le Nouveau Front Populaire se han desmarcado de la iniciativa de l@s Insumis@s.

Estos, por su parte, han querido convertir en objetivo político el malestar y la movilización social que ha recorrido Francia en los últimos dos años, particularmente la enorme movilización contra la Ley de Jubilación. Es un empeño meritorio porque de lo que se trata es de cambiar el sentido de la representación del malestar: de la extrema derecha a la izquierda alternativa; y cambiar también el chivo expiatorio de la cólera: de los inmigrantes a señalar la responsabilidad política e institucional de Macron.

Como bien sabemos los canales entre lo socio-político y lo institucional no son ni evidentes ni, en la mayoría de las ocasiones, previsibles. Pero el NFP intenta fortalecer su posición de cara a un escenario de adelanto electoral en vista de la volatilidad de la situación.

Una derivada no menor de esta situación es el impacto en el modelo constitucional vigente desde el comienzo de la V República. La IV murió en 1958 como consecuencia de la crisis política abierta por la guerra de Argelia y el bloqueo político que se produjo en el país. Los cambios apuntaron en cuatro direcciones: en primer lugar, refuerzo de los poderes presidenciales que se convierte en el verdadero impulsor y promotor del proceso político; en segundo lugar, la capacidad otorgada al ejecutivo de condicionar el proceso legislativo (artículo 44 de la constitución), de sustraerse al mismo (artículo 39) o de limitar el alcance de su poder (artículos 48 y 49); en tercer lugar, la super estabilidad del gobierno que se autonomiza de un control parlamentario efectivo.

Sobre la base de estos pilares se ha construido la historia de la V República que, podemos preguntarnos, si realmente sigue viva, no en su carcasa jurídica sino como modelo de presidencialismo democrático. Muy probablemente, no. Lo que no significa que la conjunción de una crisis institucional y una socio-política lleve, necesariamente, a una crisis constitucional. Y aún menos que un cambio constitucional sea la solución para la crisis político-social e institucional que vive Francia.

En la izquierda la cuestión del cambio constitucional se ha planteado como un objetivo de democratización. La NUPES (Nouvelle Union Populaire Écologique et Social) lo planteó en su programa en 2022 y lo ha vuelto a plantear el NFP en el programa para estas elecciones legislativas.

Los ejes de reforma apuntan en una dirección claramente destituyente de lo que fueron las grandes innovaciones institucionales de la V República: parlamentarización de la vida institucional; régimen electoral proporcional; eliminación del artículo 49.3 de la constitución (posibilidad de que el primer ministro decida aprobar un proyecto de ley sin el concurso del Parlamento).

De momento, en la entrevista que realizó a Michel Barnier TF1 el mismo día de su designación, este enfatizó el perfil del ejecutivo frente al Parlamento (al que respetará, eso sí) y, en ningún momento habló de los partidos y fuerzas políticas de la cámara, si no de los ciudadanos de a pie y de su importancia para el sistema democrático. Mal síntoma.

La movilización promovida por la France Insoumise para apoyar la destitución de Macron el pasado día 7 de septiembre, siendo importante, está lejos de ser suficiente para suponer un desafío político y menos aún para crear un contrapoder “social” visto el bloqueo político.

Todo sigue en el aire y no se avizora solución para ninguna de las tres crisis. Dejamos para otro momento lo que puede significar esta crisis de Francia en el marco de la UE, visto que el motor que ha hecho posible la integración durante décadas, el eje franco-alemán, está más que gripado.