Como si de una fina ironía del destino se tratara, el próximo 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween, es el día previsto para la materialización del tan temido Brexit. Y, atendiendo a las declaraciones del recién nombrado Primer Ministro británico Boris Johnson, Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea en esa fecha con o sin acuerdo. Así las cosas, la posibilidad de una salida amistosa disminuye y asoma, en un horizonte no muy lejano, la amenaza, más que latente, del llamado Brexit duro.

El coste de no alcanzar un trato y tener que optar por el “truco” sería realmente alto. En realidad, sin necesidad de adentrarnos en exceso en el análisis numérico y utilizando únicamente como referencia teorías económicas elementales, podemos llegar a la rápida conclusión de que el Brexit supondrá importantes pérdidas tanto para las economías que permanecerán en la UE en su conjunto como para la economía británica, si bien, en este último caso, el perjuicio sería, incluso, superior.

Este sería el resultado más inmediato que se podría deducir de las enseñanzas de Jacob Viner al aplicar su famosa teoría de los efectos de creación y desviación de comercio, la cual no es más que una particularización de la teoría más general sobre el segundo óptimo que desarrollaron, más tarde, Richard Lipsey y Kelvin Lancaster.

Un paso atrás en las relaciones comerciales

Así, un Brexit duro implicaría que las relaciones comerciales entre Reino Unido y la Unión Europea se regirían automáticamente por las normas de la OMC y por su célebre cláusula de nación más favorecida, suponiendo un importante paso atrás para los agentes económicos de ambas partes (tanto consumidores como empresas) que formaban parte de un mercado común de 28 miembros con más de 500 millones de habitantes.

Las pérdidas más inminentes se derivarían de la finalización del acceso gratuito a los mercados, debiendo satisfacer derechos por aranceles y demás trámites aduaneros y concurriendo, de esta manera, en un coste no exclusivamente monetario, sino también en un coste equivalente a la pérdida de eficiencia experimentada por las empresas exportadoras en forma de tiempo o de eventuales errores en los trámites administrativos y burocráticos. De hecho, se estima que las empresas españolas, únicamente por este tipo de cuestiones, incurrirían en una merma económica que rondaría los 2.500 millones de euros anuales.

Sin embargo, siendo ya de por sí suficientemente graves este tipo de costes estáticos, su cuantía sería infinitamente inferior a la de los costes dinámicos producidos por la disminución de eficiencia generada a largo plazo. Un mercado común no implica tan solo libertad de circulación de bienes y servicios, sino también de factores productivos, es decir, de mano de obra y de capital.

Las empresas y el talento

Las empresas buscan siempre el mejor talento para sus plantillas y, cuando una unión económica actúa como un sistema cerrado en el que no existen restricciones a los movimientos en su interior, los trabajadores tenderán a desplazarse allá donde su productividad sea mayor y, por ende, donde puedan obtener salarios más altos. El efecto multiplicador provocado por el descenso de la productividad es, con diferencia, el problema económico más relevante de todo este frenético proceso que es el Brexit.

El cese en la libertad de circulación de los factores afecta también a los ciudadanos, con su consecuente impacto negativo sobre el sector turístico. En ese sentido, España sería uno de los países miembro más desfavorecidos ya que, solo en 2018, 18,51 millones de turistas procedentes de las islas nos visitaron, reportando unos ingresos cercanos a los 18.000 millones de euros. Es, por ello, que se calcula que, anualmente, podría suponer una pérdida de 25.000 puestos de trabajo vinculados con el sector en España y de otros 80.000 en el resto de la UE.

No obstante, el del turismo no sería el único sector dañado de gravedad por la ejecución del Brexit. Por lo que respecta al automovilístico, la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles de Reino Unido (SMMT, por sus siglas en inglés) ya ha alertado de que la ausencia de acuerdo acarrearía unas pérdidas en dicha industria de hasta 78 millones de euros diarios. Otras empresas, como las del sector energético, el financiero o el de las telecomunicaciones podrían acusar el brexit duro en términos similares y, de hecho, la Confederación de la Industria Británica (CBI) ha reconocido, a modo de advertencia al Gobierno de Johnson, que el país no está preparado para asumir este golpe tan severo.

Todavía no se puede dar nada por hecho porque la historia del proceso de integración (de desunión, en este caso) nos ha demostrado, sobradamente, la capacidad de los líderes europeos para tomar decisiones trascendentes en el último segundo. Ante el talante del nuevo Primer Ministro británico, el escenario del Brexit duro parece el más probable. Aun así, en esta ocasión no hará falta esperar al 31 de octubre para que en las instituciones europeas continúe resonando la misma cuestión de fondo: ¿truco o trato?

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation