Jorge Fonseca

Catedrático EU de Economía Aplicada de la Universidad Complutense

El pacto fiscal de la cumbre de la Unión Europea apenas fue celebrado. El comportamiento errático de las bolsas después del anuncio refleja incertidumbre e inquietud, porque, después de tanta expectativa creada, la solución fue acordar un tratado que bajo el eufemismo de pacto fiscal recoge esencialmente lo que ya disponía el pacto del euro, y que España incluye desde septiembre en su Constitución: supresión del déficit fiscal. Esto significa recortes en pensiones, salarios, subsidios, sanidad y educación, con el fin de pagar la deuda. La deuda pública y, también, la privada gradualmente estatizada, que se generó para compensar con créditos la reducción de salarios de los últimos años, endeudando a las familias y alimentando la especulación financiera. El pacto fiscal se completa con armonización tributaria, una reforma laboral que creará condiciones de trabajo similares a las de China y la privatización de los sistemas sanitario y educativo, que encarecerá esos servicios esenciales sin resolver el problema del déficit. Tampoco el fondo de rescate de medio billón de euros atajará la crisis de deuda, pues sólo las de Italia, España y Grecia suman tres billones.

En pocas palabras, “más madera” a la hoguera neoliberal del precario Estado del bienestar, que fue la base de la prosperidad europea de posguerra. Los nuevos recortes provocarán más recesión, que generará más paro y menos capacidad de compra, reducirá la recaudación de impuestos y aumentará el gasto en seguro de desempleo, el déficit y la deuda pública (y la prima de riesgo que supone tasas de usura), forzando más recortes y un círculo vicioso hacia el abismo infinito. Este círculo, junto a cuantiosas ayudas a la banca, transformó el superávit fiscal de España de 2,2% del PIB en 2007 en déficits (4% en 2008, 11% en 2009 y 9% en 2010).

La estrategia que el directorio germano-francés impone a Europa recuerda a la que el FMI impuso al Gobierno argentino de la Alianza en 2000, en un contexto de recesión y crisis de la deuda provocadas por una política monetaria similar a la europea actual, que sobrevaloraba el peso (atado al dólar por el esquema de convertibilidad), lo que abarataba los productos importados que desplazaban a los locales, destruyendo masivamente fuentes de empleo y generando recesión y déficit comercial externo (igual que el euro fuerte en Europa, excepto en Alemania).

La Alianza, en vez de devaluar, forzó brutales recortes de gastos sociales (similares a los que se dan en Grecia) y aumentó el IVA, generando un círculo vicioso similar al descrito más arriba: recortes, recesión, más desempleo, menos recaudación, más déficit y deuda. El Gobierno, presionado por el FMI, sancionó en 2001 una ley del déficit cero (similar al pacto fiscal europeo) y otra de flexibilidad laboral, que agravaron la economía y la dificultad de pagar la deuda a pesar de sucesivos rescates del FMI, que en la práctica servían para facilitar la fuga de capitales desde el peso hacia el dólar (igual que el fondo de rescate europeo permite a bancos y especuladores un fuga de capitales del euro al dólar, con alto beneficio). Esto hundió el PIB, y el desempleo superó el 20% (más el 15% de

subempleo), la pobreza el 50%, la deuda el 140% del PIB y la prima de riesgo los 5000 puntos. Los depósitos cayeron un 20% por el temor de quiebra bancaria, lo que empujó al Gobierno a decretar el corralito (retención de depósitos bancarios), lo cual provocó masivas protestas populares y forzó la dimisión del Ejecutivo.

En pocos días se sucedieron varios cambios de Gobierno que suspendieron el pago de la deuda y, posteriormente, anularon la convertibilidad peso-dólar con una devaluación del 40% y una nueva retención de depósitos (corralón), que provocó un brutal despojo a la población.

Es evidente la similitud entre las medidas acordadas por los gobiernos europeos y las que llevaron a Argentina al desastre en 2001. Ni siquiera la compra masiva de deuda por el BCE resolverá el problema de fondo si se acompaña con las mismas medidas neoliberales aplicadas en Argentina, que buscan abaratar salarios convirtiendo a un mileurista en dos quinientoseuristas en el vano intento de hacer competitiva la economía emulando a China en condiciones laborales. Privatizar la sanidad, la educación y las pensiones encarecerá esos servicios y los hará inacce-

sibles para muchos, y es pan para hoy y ruina para mañana, como muestran el sistema educativo de Chile, privatizado por Pinochet y hoy en grave crisis, o el de pensiones privados, que fue rescatado.

La alternativa es devaluar el euro (el modelo es el yuan chino; el euro sobrevalorado sólo beneficia a la banca y a grandes monopolios) para favorecer la competitividad y frenar la destrucción de empresas y empleos –que se desplazan a China– en toda Europa. También cancelar los recortes, mantener los salarios para generar demanda y, además, forzar una renegociación justa de la deuda, que previamente debe auditarse.

La actual estrategia que se está imponiendo en la Unión Europea nos lleva hacia el abismo económico y social, lo que provocará una fuerte reacción popular para defender derechos conseguidos en décadas. Paradójicamente, el intento de imponer un grave retroceso social desmontando el precario Estado del bienestar, además de causar graves daños a la población, puede ser también, como en Argentina, la sepultura del neoliberalismo.