El caso Bankia y la indefensión de la acusación

A pesar de la firmeza de la jueza y de las declaraciones de la fiscal que ha definido la causa de “interés colectivo”, se reanuda el juicio del caso Bankia mientras permanece en el aire la petición de expulsión de las acusaciones particulares por parte de la defensa de los banqueros y políticos acusados.

Ninguneo. Amenazas. Y luego una oferta que no podrás rechazar. Así parece ser que suele funcionar. Parece el indicio de una Justicia asimétrica: las defensas son las que nos acusan y las acusaciones, las que nos tenemos que defender.

Asistir al juicio del caso Bankia es un viaje a las tripas del sistema judicial. Es recibir la asimetría en el acceso a la justicia en toda la cara, día a día y en cada paso del proceso.

Llevamos en este viaje desde 2012 cuando iniciamos la campaña que abrió el caso Bankia a través de 15MpaRato, el dispositivo ciudadano que ha hecho posible la primera acusación particular, o sea, que representa a afectados. Se trata de pequeños ahorradores que perdieron su dinero comprando acciones de Bankia cuando salió a bolsa en 2011; cuando el mismísimo exministro, artífice del "milagro económico" español y posible futuro presidente del Gobierno, Rodrigo Rato, vendía sus bondades.

Los ahorros de ninguna de estas personas superaban los 20.000 euros. Frente a ellas, una trentena de banqueros y políticos de todo el espectro “ideológico”, desde el PP a Izquierda Unida, pasando por CCOO y el PSOE. Cada uno de ellos lo defiende no menos de un tris de abogados de los bufetes más caros del país, exfiscales, ex jueces...

Así funciona. Es el mercado amigo. Si te lo puedes permitir, es una maravilla.

Primero te ningunean. Por lo que parece, para nuestros políticos/banqueros nunca deberíamos haber estado ahí. Somos un error del sistema.

Durante toda la primera semana del juicio oral, en noviembre, los abogados de las defensas de banqueros/políticos nos han llamado “presuntos”; 30 intervenciones, 30 veces “presuntos”. “Las presuntas acusaciones”, dicen. Increíble pero totalmente cierto. Llevamos ahí ocho años, pero es que no les sonamos de nada.

No vale la pena preguntarles cómo puede ser la acusación “presunta” [RAE: considerado real o verdadero sin la seguridad de que lo sea] porque poco importa la realidad; lo que importa es preservar —¡sálvame dios!— la invisible y antigua frontera de quien puede estar peleando en los tribunales y quién no.

“Presunto”, que normalmente se usa para referirse a sus representados, los acusados, aquí se usa para la otra parte como sinónimo de sucio y culpable, en un admirable y coordinado ejercicio propagandístico: que quede claro, las personas que han perdido todo lo que tenían en una estafa perpetrada por elegidos de quienes les gobiernan no tienen derecho alguno de reclamar lo que es suyo. No somos más que números en las estadísticas de venta; materia prima extractiva para los de nacimiento predestinados a ser ricos y afortunados.

La amenaza

Después, a esos mismos “presuntos” se les amenaza. Otra 30 veces seguidas una por cada defensa. Se nos amenaza con las costas —pagar los gastos en abogados de 30 banqueros/políticos durante 8 años—, unas costas que ningún ser humano, en un mundo donde el salario mínimo es de 900 euros y el alquiler más bajo de 600, puede pagar a menos que sea de los de nacimiento predestinados a ser ricos y afortunados.

Dicen que hemos vulnerado sus derechos a defenderse. Y sobre todo, necesitan que nos vayamos porque si quedan acusaciones particulares no puede aplicarse la doctrina Botín, una doctrina jurídica cuyo nombre no necesita más comentarios.

Muchas acusaciones se han ido en desbandada. ¿Quién puede aguantar la presión constante de esta amenaza brutal?

Y si no es suficiente, entonces te compran. Las defensas de los 30 políticos/banqueros dicen que casi todo el mundo ha recuperado el dinero. Que si alguien no lo ha recuperado todavía, que se lo dan ahí mismo. Con un 1% de

intereses, como el que da la propina; como si ocho años de vida devastada valiesen menos que los intereses que te da el banco más ruin. Parecen no salir de su asombro: “¿Todo eso no va de dinero, como siempre? ¿Qué queréis?”.

Justicia. Fin de la impunidad. Precedentes, para cambiar de rumbo. Eso queremos. Efectivamente en 2016 por las pruebas que recabamos en el juicio, el Tribunal Supremo dictó la sentencia por la que todos los que compraron acciones en la salida a bolsa tuvieron el derecho a recuperar su dinero por la vía civil.

No parecen percatarse de que esto es un pleito penal. Sería como si en un juicio por robo pudieras salir impune devolviendo lo robado.

Aquí, en la causa penal, no estamos por el dinero.

No, no va de dinero. Va de democracia.

Así es y así os lo hemos contado.

Seguimos.

Simona Levi para 15MpaRato