Jorge Moruno e Íñigo Errejón

Sociólogo y politólogo. Miembros de la Fundación CEPS

Ilustración de Marcos Montoya

Como una canción del verano de la que es imposible escapar, se extiende el casta style: el proceso de cierre corporativo y deslegitimación de las élites políticas, que atraviesa la sociedad española y se agrava con la avalancha de casos de corrupción y nepotismo. De muestras del egoísmo y autismo de un gremio particular que parece compartir, por encima de las diferencias que dicen representar, un mismo interés gremial por el lucro personal. La brecha entre representantes y representados se agranda con cada caso en el que un privilegiado que exige sacrificios a la gente corriente, es descubierto ganando dinero de forma ilegal o socialmente ilegítima. También cuando privatiza sus contactos o imagen conseguida en el ejercicio público y obtiene los favores de las élites económicas, que recompensan así su servicio. El fenómeno de las “puertas giratorias” no es una cuestión de casos individuales ni de ética personal, sino la manifestación de un secuestro sistemático de la representación de la voluntad popular por el poder de las élites económicas -en nuestro país las oligarquías rentistas inmobiliarias, financieras y energéticas- que gobiernan sin pasar por las urnas.

Al gremio cerrado, endogámico, crecientemente desconectado de las preocupaciones y discusiones del común de los ciudadanos, que monopoliza la representación política, estrecha el pluralismo y regula siempre en favor de los intereses de los más ricos, se le comienza a conocer en la calle como casta: sus maneras, sus códigos, sus invocaciones a la legitimidad y al orden, incluso su estética, comienzan a oler a rancio para una parte creciente de la ciudadanía, mayor en los tramos más jóvenes. Es el correlato de unos partidos cada vez más cartelizados –que en consecuencia promueven la mediocridad y el servilismo-, en un sistema político cada vez más incapaz de canalizar las demandas ciudadanas. Un régimen en repliegue conservador, hipotecado a poderes no elegidos que mantienen a España, de facto, en un régimen de protectorado colonial, bajo el dictado suicida de la espiral deuda-recortes que tan desastrosos resultados produjo en América Latina o produce, más cerca, en Grecia.

La deslegitimación de la casta es un fenómeno transversal y creciente, que puede derivar en sentidos políticos muy distintos. Del “antipoliticismo” hostil a la democracia, a una voluntad republicana de recuperación de la soberanía popular. Quizás uno de los combates más relevantes del momento sea el de darle un contenido a este ánimo anticasta tan extendido: si en un sentido reaccionario o en uno de expansión democrática.

Cuando un régimen se descompone comienza a elevarse el olor de la podredumbre hasta llegar a la altura de todas las narices. Esto es lo que le está sucediendo al régimen salido de las Cortes del 78 y a sus antiguos sagrados consensos que permitieron la integración subordinada de los de abajo, en un orden social y político que aún guardaba la estela de las oligarquías franquistas. Hoy los beneficios de esta integración son prácticamente invisibles para las generaciones que no votaron la Constitución de 1978, por lo que las razones para la lealtad a ese orden disminuyen. Al mismo tiempo, y como en una de las ciudades de Italo Calvino, los restos de la Leonia de ayer esperan el carro del basurero: la cultura política del franquismo impregnó la débil democracia liberal española con su “no te signifiques”, su “meterte en política” es un defecto, la que ve en el disenso y discrepancia un problema de orden público. La política liberal del cinismo, con su entrega de los asuntos comunes a “expertos” cuyas premisas ideológicas nunca se discuten, termina por disolver las discrepancias, ingrediente necesario de la democracia. Con estos mimbres culturales, se entienden las dificultades de las élites políticas españolas (y sus subalternas en las naciones periféricas) para leer esta nueva composición de la percepción pública y saber reaccionar ante su desprestigio. También en esto se muestra como casta, incapaz de representar un proyecto con aspiraciones generales, torpemente corporativa, ciega y sorda, más hábil para repetir que para innovar, para reclamar su propiedad exclusiva de la res-pública –con el chantaje, con el miedo, con la lengua muerta de la burocracia- que para seducir.

Así, el cierre oligárquico del régimen del 78, en el sentido de profundización del monopolio de los asuntos –y los más importantes cargos- públicos por las élites económicas, y el repliegue endogámico de casta en su hermanamiento con los poderes financieros, son dos fenómenos que se entrelazan. En el contexto del empobrecimiento acelerado de las capas populares y medias del país, y del incremento de las tensiones nacionales, nos encontramos ante una crisis del sistema político español. Frente a ello, la invocación al mantra de la Constitución, a los consensos y la sacrosanta transición, parecen tener cada vez menos efecto en las generaciones más jóvenes, para las que ninguna hipoteca del pasado justifica la inmovilidad en un presente privado de un futuro más allá de la emigración.

Aguirre, Güemes, González, Bárcenas, Rajoy son todos apellidos de un mismo nombre: casta política del régimen. Algunos son directamente corruptos, otros sólo trabajan para la gran corrupción de acabar con lo público para regalárselo al mercado y la banca. Pero en esta tarea no están solos; porque, que sean los herederos directos, no significa que la cultura franquista deje de afectar a otras formaciones. Rubalcaba o Bono son hijos predilectos del régimen de 78; como aquello que queda del pasado y no termina de darse cuenta que está en el presente. Un signo sin duda de que el tiempo político comienza a cambiar es la valoración inmediatamente positiva del outsider. Aunque éste sea una vieja conocida como Rosa Díez que tras 30 años de cargo político en el PSOE, trata ahora de hegemonizar el hartazgo con la casta y el sistema de partidos, para conducirlo hacia un repliegue centralista y liberal, amputando las demandas socioeconómicas que en la calle acompañan a la impugnación de las élites.

El país vive una situación de ruptura de la Constitución por parte de los poderes oligárquicos, que clausura el pacto social fundante del régimen y que difícilmente permite pensar una vuelta atrás. La expansión de la deslegitimación y las insatisfacciones está desbordando los canales tradicionales de articulación y expresión de demandas sociales. No obstante, el Estado retiene intacta su capacidad de reducir las protestas a la mera expresión del descontento. Aún en un terreno social marcado por la fragmentación y el miedo, y cultural presidido por la razón cínica y el retroceso de los valores y referencias de la izquierda, la excepcionalidad del momento y las dimensiones de la erosión de legitimidad lo hace fértil para iniciativas que se atrevan a desbordar las lealtades de los tiempos de estabilidad. Eso es, a lanzar una apuesta político-electoral de cambio en favor de la mayoría social empobrecida y harta, moviéndose en el lenguaje y los marcos discursivos que ésta realmente tiene hoy, no los que idealmente tendrá en una década. Dado que la crisis es de todo el edificio constitucional, ésta propuesta debería inscribirse necesariamente en el horizonte de un proceso constituyente para redefinir democráticamente el marco (o los marcos) de convivencia. O esto, o, como parecen preparar ya algunos, algún modelo de restauración conservadora sobre un terreno social devastado por las agresivas medidas contra la población, cuyo objetivo es claramente político: transformar el modelo de Estado y de reparto de la riqueza sin la concurrencia de (y contra) los de abajo. La triste sintonía del Casta style, que sigue sonando aunque entre cada vez más pitidos. La tarea es convertirlos en otra melodía.