Cerrar los CIE

Saïd El Kadaoui

Psicólogo y escritor

Ilustración de Jordi Duró

La muerte por una meningitis de Samba M., una mujer originaria del Congo, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid); el informe que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entregó a la presidenta de la Cámara catalana, en el que reclamaba solucionar con urgencia la situación del opaco centro de internamiento de Zona Franca (Barcelona); y la posterior muerte del joven guineano Idrissa Diallo en este mismo centro, han reabierto y logrado que el debate sobre los CIE llegue, por fin, a toda la sociedad. Debemos de aprovecharlo para exigir el cierre de estos centros.

Para los que nada sepan del tema, es preciso recordar que los centros de internamiento de extranjeros son una especie de cárceles para personas que han cometido una falta administrativa, la de estar en situación irregular en España. Hay un total de nueve CIE en territorio español que suman más de 2.500 plazas y que nacieron en 1999 mediante una orden ministerial, con Ángel Acebes como titular de Interior. Antes existían centros similares, quizás no tan conflictivos pero igualmente degradantes, amparados en la Ley de Extranjería de 1985, con José Barrionuevo como ministro del Interior.

Les relato brevemente algunas de las cosas que una enfermera que trabajó en el CIE de Barcelona me explicó y que antes ya había denunciado en el Colegio de Enfermeras de Barcelona y en otras asociaciones que trabajan con población inmigrante: “Los internos no disponen de agua caliente, no tienen espacios recreativos, no todos tienen la opción de salir al patio, pasan la mayor parte del tiempo hacinados en una sala común donde sólo disponen de algunos juegos de mesa, a los internos marroquíes y argelinos los separan del resto por considerarlos más rebeldes, cosa que altera el orden del centro. El estado de salud de los internos es malo, y empeora a medida que los días pasan. Infecciones respiratorias (mal tratadas con antibióticos que favorecen su resistencia) y otros cuadros víricos como resfriados y hongos en la piel son las enfermedades que sufren la mayoría de los internos. Además de las condiciones de salud, tanto físicas como psicológicas, lo que nos impactó a mí y a mis compañeras fue el mal trato que daban la mayoría de los policías a los internos, principalmente al colectivo marroquí, que era víctima de amenazas, insultos, humillaciones y golpes que, en varias ocasiones, pudimos presenciar, y en dos acabaron en palizas con graves daños a los internos”.

En un exhaustivo informe dirigido por el psiquiatra y presidente de la sección de derechos humanos de la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría), Pau Pérez-Sales, (informe CEAR sobre la situación de los centros de internamiento para extranjeros publicado en el mes de diciembre de 2009), se afirma entre otras muchas cosas que la dinámica de funcionamiento está regida por una lógica de comisaría y que casi la mitad de los internos de los CIE que visitaron (el de Aluche en Madrid, el de Capuchinos en Málaga y el de Zapadores en Valencia) tenían miedo la mayor parte del tiempo, especialmente debido a la sensación de indefensión y la incertidumbre por lo que podía ocurrir en cualquier momento. Un miedo que se ve incrementado cuando uno se encuentra en un centro donde, como recoge muy bien el informe, no hay una reglamentación de sanciones sino una discrecionalidad del uso según criterios del jefe de seguridad.

Por su parte, la red Migreurop, organización euro-africana formada por 38 asociaciones de 13 países, llevó a cabo durante 2011 visitas a centros de internamiento en cinco países. En España, visitó los de Aluche (Madrid), Capuchinos (Málaga), La Piñera (Algeciras) y Zona Franca (Barcelona). En las conclusiones de su informe incide sobre la falta de garantías de los derechos fundamentales recogidos en la legislación penitenciaria. Es decir, personas que no han cometido delito alguno, hacinadas en centros que son peores que cárceles.

Lo explicaba bien el profesor Javier de Lucas en la glosa del informe CEAR que citaba anteriormente: “Quizá convenga recordar, decía, que una de las constantes reivindicaciones de movimientos, asociaciones y, en buena medida, de la sociedad civil acerca de los instrumentos de las políticas de inmigración y asilo, es la supresión de los CIE. La razón es muy sencilla: en un Estado de derecho, no hay tertium genus entre libertad y detención. Y nadie debe ser privado de libertad si no es como consecuencia de una decisión judicial que considere probado que se ha cometido un lícito penal. Pues bien, los CIE son ese tertium genus, que supone la utilización de la privación de libertad como medida cautelar adoptada en un procedimiento administrativo sancionador, ante la comisión de una infracción administrativa, la irregularidad, la ausencia de papeles”.

Mal vamos cuando elaboramos una sofisticada ingeniería legal para dar cabida a estos centros que, en teoría, están a mitad de camino entre libertad y detención y que en la práctica son prisiones sin reglamento interno. Analizada la cosa desde una perspectiva mucho más amplia, vemos que ya hace unos años que Europa ha entrado en una lógica fagocitadora de derechos que empezó con los inmigrantes pero que no se detiene solamente en ellos. Y ahí está la cuestión: defender los derechos –y la dignidad– del otro (cualquiera que sea este) es asegurar los nuestros también.

Por todo ello, suscribo la petición de cierre que hace la red Migreurop de los centros de internamiento de extranjeros. Son estructuras de maltrato.