En el mundo académico ha resurgido un especial interés en las últimas décadas por las investigaciones que cuentan con diferentes modalidades y experiencias de ciencia ciudadana.

La cooperación entre investigadores y ciudadanos es un planteamiento formulado desde hace décadas. En Europa han resurgido especialmente después de la publicación del Libro verde de la ciencia ciudadana y en paralelo al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.

Los proyectos de este tipo presentan distintas modalidades de colaboración entre los ciudadanos y científicos. La fórmula más común es la contribución mediante la aportación y monitorización de información de interés.

El papel de la cartografía colaborativa

Una línea de trabajo dentro del mundo de la ciencia ciudadana es la cartografía colaborativa, que ha experimentado un considerable desarrollo en los últimos años. La elaboración de cartografías colectivas procede de una larga tradición de trabajo de la geografía crítica y social, con experiencias y resultados de diversa naturaleza.

A menudo, la vocación crítica de estos mapas busca destapar las estructuras ocultas de poder. Permiten construir representaciones alternativas a las convencionales y hegemónicas y añaden informaciones y saberes populares, invisibles o invisibilizados por los relatos dominantes.

Las cartografías colaborativas aspiran a contribuir en los procesos de empoderamiento y apropiación del espacio por parte de la ciudadanía, como condición necesaria para el cambio social.

En este marco se sitúa la cartografía basada en los objetivos de la justicia ambiental. Está generalmente enmarcada en el contexto teórico de la ecología política, orientada al análisis y comprensión de los conflictos ecológicos distributivos, también denominados conflictos socioambientales o simplemente conflictos ambientales.

Origen de los mapas de justicia ambiental

Algunos autores asocian el origen de la expresión justicia ambiental a las movilizaciones en 1982 de activistas afroamericanos contra los vertidos tóxicos en su comunidad en Carolina del Norte.

Años después, la expresión aparece expresamente en el First National People of Color Environmental Leadership Summit celebrado en Washington en 1991.

En la actualidad, el concepto se vincula estrechamente al trabajo de Joan Martínez-Alier. El economista catalán lo define como una de las corrientes del movimiento ecológico orientado a combatir “las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales y temporales en el uso que hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, comercializados o no, por ejemplo, la degradación de recursos naturales (incluyendo la pérdida de biodiversidad), o las cargas de contaminación”.

Según el enfoque de Martínez-Alier, la distribución inequitativa del uso de los recursos y servicios ambientales, así como del impacto negativo de una actividad económica sobre las poblaciones locales, es precisamente la causante de conflictos sociales, ecológicos, económicos o culturales entre los distintos actores involucrados.

El mapa de los conflictos del agua en Andalucía

Las cartografías de conflictos ambientales unen la mirada sociológica, preocupada por el conflicto desde perspectivas del poder, con la geográfica, que mapea estos conflictos en todo tipo de territorios y lugares. Además, ahondan en las causas, los actores, las instituciones y los discursos que los rodean.

Las numerosas experiencias de cartografía de justicia ambiental incluyen todo tipo de problemas (minería, bosques, tierras, agua, recursos pesqueros, etc.) y una amplia gama de escalas (local, regional, nacional, continental, global).

El contenido de los mapas se puede centrar en un sector o tipo de problemas específicos y en una determinada escala. Un ejemplo es el mapa colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía (Mapa-RedNCA), que recoge conflictos relacionados con la justicia hídrica en la comunidad autónoma andaluza.

Casos de justicia hídrica, de Almería a Huelva

El desarrollo del Mapa-RedNCA nos ha llevado dos años. Ha sido un proceso colaborativo y ha contado con la colaboración de los activistas miembros de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. Desde mediados de 2019 se encuentra operativo e incluye unos 70 casos, cartografiados y documentados por los propios implicados.

El mapa se articula a través de una plataforma web de acceso libre. En ella se pueden realizar consultas, visualizar los distintos casos inventariados y registrar nuevos conflictos a través de una ficha diseñada de manera colaborativa a lo largo del proyecto.

La información aportada por los afectados facilita el conocimiento sobre las principales características de los movimientos de justicia hídrica en Andalucía. Incluye su distribución geográfica, las masas de agua afectadas, el origen de las movilizaciones, los aspectos relacionados con el acceso a la información y la participación, los agentes sociales implicados, los impactos asociados, las dinámicas por las que atraviesan los conflictos y sus resultados.

El mapa permite observar que los conflictos registrados se distribuyen por Andalucía de manera homogénea. En el levante almeriense, podemos encontrar los problemas ligados al regadío intensivo. En Huelva, figuran los casos de extracciones ilegales de agua en el entorno de Doñana y los impactos de la actividad minera.

Los problemas afectan a todas las grandes unidades territoriales (Valle del Guadalquivir, Sierra Morena, Sistemas Béticos, Litoral y Depresiones Intrabéticas) y demarcaciones hidrográficas (Cuencas Mediterráneas, Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalquivir y Guadiana).

Una herramienta para la justicia social

Siguiendo el modelo de otras experiencias, de manera especial la del Environmental Justice Atlas, el Mapa-RedNCA aspira a ser una herramienta para el activismo y la resistencia social:

• Contribuir a la comprensión de situaciones de inequidad derivadas de la gestión y uso del agua y sus ecosistemas asociados.

• Potenciar el diálogo y el intercambio de experiencias, ideas, datos y estrategias.

• Proporcionar una fuente de información con casos concretos, relevantes y coherentemente sistematizados.

• Sensibilizar a los medios de comunicación y a la propia opinión pública.

En definitiva, el mapa busca contribuir a desarrollar políticas de justicia ambiental a escala regional.

Este artículo ha sido publicado originalmente en The Conversation