¿Ciudades de la justicia o ciudades del despilfarro?

Lorena Ruiz-Huerta

Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.. Presidenta de la Comisión de Estudio de la Deuda

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció en el año 2007 la construcción del Campus de la Justicia, que albergaría la mayor concentración de sedes judiciales del mundo. En él se levantarían catorce edificios emblemáticos, circulares y de un efecto visual espectacular, que serían diseñados por los arquitectos más prestigiosos (y costosos) del mundo, como el británico Norman Foster.

La Comunidad de Madrid había asumido las competencias de Justicia en el año 2002, responsabilizándose desde entonces de aspectos esenciales como la provisión de medios económicos para su funcionamiento. La justicia en Madrid era y es más lenta y costosa que en el resto del Estado.

¿Significa esto, acaso, que el Gobierno del Partido Popular ha hecho dejación de sus funciones? La respuesta se asemeja a la que podría darse en relación con los demás servicios públicos como la sanidad o la educación: los gobiernos del PP invierten -¡y mucho!- pero casi todo en el ladrillo… Poco o nada llega a los ciudadanos.

Las actuales sedes judiciales de Madrid están viejas y obsoletas; adolecen de problemas como la mala climatización, grietas, malos olores, falta de espacio, deficiencias en la accesibilidad, etc… Además, se encuentran dispersos y alejados entre sí, lo que ocasiona molestias y retrasos en el funcionamiento de la justicia. Alegando estos motivos, la señora Aguirre y su consejero, Alfredo Prada, emprendieron una obra faraónica con el argumento de que daban respuesta a los principales problemas de la justicia.

Obviaron informes que rechazaban el megalómano proyecto, la construcción circular de los edificios que los hacia disfuncionales y con unos sobrecostes que podían alcanzar los 300 millones de euros. La planificación fue tan irresponsable que la previsión sobre el número de juzgados era insuficiente y se ubicaron a 20 kilómetros del centro de la capital, en un erial sin urbanizar al que no llegaba la red de transporte público. Para colmo, la proximidad del terreno al aeropuerto suponía un coste adicional de 26 millones de euros, debido a que no era posible el uso de grúas elevadas.

En un acto de delirante propaganda, Esperanza Aguirre anunció a la ciudadanía que el Campus de la Justicia se haría “a coste cero”, financiado con la venta de las sedes judiciales.

La Comisión de Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid, propuesta y presidida por Podemos, está desentrañando este proyecto. En la edificación de un inútil Instituto de Medicina Legal se han gastado al menos 130 millones de euros. Su principal utilidad ha sido hasta ahora acoger el rodaje de una comedia de humor negro; todo muy metafórico.

El proyecto Campus de la Justicia se abandonó, alegando el motivo de la “crisis” y se convirtió en el nuevo proyecto Ciudad de la Justicia, que continuaba con el plan de reagrupación de sedes judiciales, pero con construcciones más modestas y funcionales. Pero el proyecto se paralizó hasta ser definitivamente abandonado en 2014.

¿Son verdaderamente necesarios este tipo de proyectos? La justicia madrileña necesita 1.100 nuevos funcionarios, para poder atender el 16% de los expedientes judiciales de todo el país. También hacen falta jueces, porque tenemos la mitad que la media de la Unión Europea. Además, en 2012 se recortó un 20% el salario de los abogados de oficio, que ya era de miseria; y se suprimieron los servicios de orientación jurídica. En algunos juzgados de familia es preciso esperar hasta tres años para obtener una sentencia, porque los equipos psicosociales son compartidos entre varios municipios. No hay salas de espera para las víctimas de violencia machista, ni para explorar a los menores; y los servicios de traducción e interpretación están bajo mínimos. Los equipos informáticos son obsoletos y falta papel en las impresoras. Se obtendría una considerable mejora incrementando el presupuesto en 40 millones de euros, la tercera parte de lo que gastó la Comunidad en el edificio inservible del Campus.

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha pasado meses reprochando a Podemos ser el único grupo parlamentario que se ha opuesto a continuar la construcción de la Ciudad de la Justicia. Hasta que, tras el resultado de los avances de la Comisión de Estudio, la presidenta madrileña ha terminado por anunciar que lo abandona definitivamente.

Ninguna administración debería acometer un proyecto de obra pública de esta envergadura, sin que exista un informe de identificación de las necesidades, elaborado por un equipo de expertos independientes que lo avale. Es imprescindible mejorar la transparencia y la concurrencia en la contratación, así como los mecanismos de control. Mientras no haya un procedimiento de esta naturaleza, que avale la toma de decisiones sobre la gestión del dinero público, los responsables del PP seguirán “solucionando” los problemas a golpe de ladrillo. Y los ciudadanos y ciudadanas seguiremos viendo sentencias que llegan tarde.