La política antidopaje en España ha sido siempre una piedra en el zapato de los sucesivos políticos que han tenido en su mano la posibilidad de ser referencia a nivel mundial. Pero no ha sido así. En realidad nunca fue así. España arrastra desde hace décadas una dinámicas opacas que lastran nuestra imagen internacional. Aunque nuestros problemas vienen de mucho más atrás, la piedra angular de la noticias que hoy estamos conociendo sobre ocultación de positivos de deportistas arranca en 2012, cuando la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sanciona al laboratorio de Madrid.

El panorama, por aquel entonces, era un auténtico desastre, con más de 850 formularios de control antidopaje incorrectos. Más de 850. Un escándalo sin precedentes. Significaba tener 93 agentes de control del dopaje que habían realizado funciones irregulares. Fue la figura de Ana Muñoz, responsable del departamento, quien puso algo de orden en todo esto. Por aquel entonces ya trabajaba por allí una de las piezas centrales para entender todo este desaguisado, José Luis Terreros, por entonces subdirector general de Deporte y Salud del CSD y que poco después fue relevado para ocupar el cargo de responsable del CSD para relaciones internacionales. Fue con Mariano Rajoy cuando se le nombró "responsable antidopaje", en unos momentos en donde la AMA había devuelto la acreditación al laboratorio de Madrid cuando España parecía (solo parecía) tener algo de cierta reputación internacional.

Terreros ha sobrevivido desde entonces a varios gobiernos, con sus ministros y sus secretarios de Estado respectivos. De hecho, es de los pocos cargos que han sobrevivido del Gobierno del PP durante las dos legislaturas de Pedro Sánchez. Sin embargo los escándalos y las irregularidades en expedientes de la CELAD no han terminado.

En estos días hemos conocido que en julio de 2019, el velocista Patrick Chinedu dio positivo por nandrolona. Este caso, que ha sido publicado por elDiario.es, refleja el fracaso de un sistema opaco y lo sencillo que ha resultado esconder un positivo durante años. Cuatro años después, nos enteramos de este caso tras una investigación del propio Ministerio de Educación, del que ahora depende la lucha antidopaje. A sus casi 40 años, el atleta fuera ya de la élite, se enfrenta a una posible sanción que de nada servirá salvo, eso sí, para empañar una trayectoria ya de por sí extraña. Curioso que a día 26 de diciembre en la web de Sanciona2, donde la CELAD debe publicar las infracciones, aún no saliera el de Chinedu.

Pero los escándalos no solo han llegado de esta forma con Terreros. El Departamento de Control de Dopaje de la CELAD debía supervisar que la empresa adjudicataria, Professional Worldwide Controls (PWC), realizaba los controles antidopaje con al menos dos agentes de control y un verdadero protocolo de custodia de las muestras de garantías. Nunca ha sido así. De hecho se habría abonado con fondos públicos, durante al menos cinco años, tomas de muestras irregulares en los test antidopajes. Fueron diferentes muestras a deportistas con un solo agente, en contra de lo que se dispone en la Ley (obligación de dos agentes cualificados) o más surrealista aún: personas que, en realidad, no estaban habilitadas administrativamente como tal y que suponía un ahorro para PWC.

El pasado 25 de enero de 2023, el grupo parlamentario de Unidas Podemos realizó una pregunta, de la que fui partícipe en su elaboración, que iba dirigida al Gobierno. Eran dos, en concreto, bien claras: en primer lugar, durante el periodo 1 de marzo de 2017 a 31 de marzo de 2021, cuántos controles antidopaje había realizado PWC con un solo agente de control. Y, en segundo lugar, qué cantidad de fondos públicos había recibido la mencionada empresa por los controles antidopaje realizados con un solo agente durante las fechas indicadas.

La respuesta del Gobierno, que recibimos semanas después, fue todo un escándalo: según el documento, la Agencia, desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2022, detectó 16 casos en los que no constaba en la documentación aportada por PWC la firma del segundo agente de control, lo cual "supone un 0,45% respecto del total de controles realizados en dicha Agencia". Añadía la respuesta que ninguno de esos 16 controles había sido abonado y que el total de fondos públicos a PWC entre el 1 de abril a diciembre de 2022 había sido de cero euros. Algo olía mal. Era un escándalo de respuesta porque los Formularios de Control previos a 1 de abril de 2022 sí los tienen. Es decir, el Gobierno informaba solo de 9 meses de los cuatro años por los que se preguntaba. Omitía idéntica información (número de controles y cantidad de fondos públicos abonada a PWC) respecto al período de 1 de marzo de 2017 a 31 de marzo de 2021, que también exige el control correspondiente a través de los referidos formularios de control a disposición de la CELAD.

Volvimos a repreguntar al Gobierno a principios de mayo, pero entonces el presidente del Gobierno Pedro Sánchez convocaba nuevas elecciones generales y todo se cerró. De las informaciones que estamos conociendo en estos días, gran parte del éxito se debe a esa pregunta parlamentaria.

Los servicios jurídicos del Estado lograron en nuestro país la anulación de una sanción acorde al Código Mundial Antidopaje, basándose en la falta de reglamentación del famoso "pasaporte biológico" por parte del propio Estado. El 29 de junio de 2022 la CELAD, publicaba en su blog un post en el que calificaba la reglamentación del pasaporte biológico como "innecesaria", a pesar de ser requerida por la Ley Orgánica antidopaje aprobada en 2017. El pasaporte biológico analiza la evolución de parámetros clínicos para determinar si el deportista ha tomado alguna sustancia prohibida. Según indican varios medios, hay hasta cinco casos en un cajón sin sanción. Otro escándalo mayúsculo.

La CELAD conoció otros dos positivos a través del pasaporte de la AMA, pero se desconoce qué ha pasado con ellos. Ambos expedientes quedaron en suspenso en el mismo día de su apertura. A todo ello se une la denuncia que CCOO hizo el pasado 18 de mayo cuando la CELAD excluyó a una funcionaria que estaba intentando que dos procesos de adjudicación de plazas fijas a personal laboral se realizasen conforme a la normativa, esto es, trataban de dar las plazas a dedo.

Ante tal panorama es indefendible que la figura de Terreros siga en su puesto. La falta de seriedad en los controles de dopaje (el caso de Sergio Ramos es el ejemplo claro) en el deporte español es un elemento que nadie parece importarle. Pero es vital.

Si queremos recuperar la confianza internacional y, sobre todo, la credibilidad a nivel nacional, necesitamos investigar y saber qué ha pasado con las autorizaciones retroactivas, con los positivos analíticos, porque cuesta creer que en estos últimos años no haya habido positivos de deportistas, qué ha ocurrido con los positivos por pasaporte biológicos olvidados, con los expedientes caducados y los controles con un único agente. Porque da la sensación de que, más que por desidia, es un sistema dirigido a garantizar la impunidad de los deportistas de alto nivel por pasaporte adverso, posesión o cualquier otra infracción. Y esto es absolutamente intolerable.

En definitiva, necesitamos poner luz sobre tanta sombra que planea desde hace décadas en nuestro deporte. Es una cuestión de decencia y de compromiso. Hace falta mucha valentía para acometer todas estas investigaciones y levantar de una vez por todas las alfombras que esconden tanta putrefacción. Porque la lucha contra la corrupción en las instituciones es un deber de todos y de todas.