El debate abierto sobre los indultos a los condenados del procés, extensivo a la modificación de la tipificación del delito de sedición en el Código Penal, muestra la complejidad de la situación política y los peligros de instalarnos en la polarización. El debate parece establecerse entre partidarios del “cuanto peor mejor” y los que quieren llevar el conflicto al terreno de la política, de donde nunca debió salir.

Las posiciones de las derechas nacionalistas y la extrema derecha, tanto en España como en Catalunya, coinciden en criticar la posibilidad de los indultos y la inutilidad o no justificación de cambio del Código Penal. Unos, PP, Vox y Cs, defensores de formas autoritarias en la gestión de la diferencia política y la diversidad territorial, instalados en la lógica de “quien la hace la paga”, ven un cuestionamiento de la sentencia del Tribunal Supremo, que saben injusta por descontextualizada y desproporcionada, y temen abrir la puerta de la resolución política del conflicto. Otros, fundamentalmente sectores de Junts y ANC, ven una posible desinflamación social de los agravios acumulados y un debilitamiento del recurso al victimismo como vía de excitación del conflicto, polarización política y movilización social.

Sin duda, la resonancia que se está dando al debate, evidencia la persistencia de un problema político, al que ninguna de las distintas estrategias utilizadas para superarlo, unos u otros, han conseguido darle salida. Ni la vía de la represión y judicialización apagó un conflicto, que tiene sus raíces no en un desencuentro entre líderes políticos o un simple choque de ideologías sino, sobre todo, en el desajuste constitucional del modelo de institucionalización del poder territorial, en un país que no se reconoce en la pluralidad nacional de un estado compuesto como el español. Tampoco la vía de institucionalizar la confrontación y la unilateralidad se ha mostrado útil para cambiar el estado de cosas que se impugna, al contrario, ha polarizado la sociedad catalana en un bucle infinito en el que la única evidencia es tanto el empate de posiciones como la imposibilidad de conseguir cualquier cambio de estatus por esta vía.

Por ello, tanto el indulto como la modificación del delito de sedición en el Código Penal pueden abrir la puerta a un cambio de estrategias, que hasta ahora solo han servido para enquistar el problema y aumentar la polarización social y política. Ni judicialización, ni confrontación ni represión ni unilateralidad. Hay que abrir la puerta del diálogo y la negociación. Con el mantenimiento de los líderes sociales y políticos del procés entre rejas, sin reconocer la necesidad de operar cambios en un marco jurídico, que se ha mostrado descontextualizado e injusto, se hace difícil transitar este camino, sea por el recurso al victimismo de unos o a la venganza de otros.

Sin duda el dilema está entre la condición necesaria para abrir la vía de la resolución negociada del conflicto, y la necesidad de conseguir un acuerdo suficiente que permita construir la solución. Como en los problemas matemáticos, debemos conocer y distinguir las variables diferenciales y variables derivadas, reconociendo cual es la condición necesaria y cual la suficiente para hallar la solución. Que los presos del procés estén en la calle ayuda en el proceso de constitución de la mesa de negociación. Pero hay que hacerla funcionar, hay que abordar, a fondo, el conflicto planteado y darle respuestas. Por ello no es suficiente la mesa, hay que llegar a acuerdos. Para ello se debe compartir diagnóstico del problema y de los temas a tratar, para construir un acuerdo que debe ser validado por la ciudadanía de Catalunya. Sin duda el acuerdo debe ser inclusivo en Catalunya.

En la necesidad hay también intereses de las distintas partes que hay que tener presente, pues ellos pueden ser la mejor oportunidad para avanzar. El Gobierno del Estado necesita reorientar el conflicto a la vía del diálogo y la negociación para reforzar la mayoría de la investidura y acabar la legislatura. ERC necesita reafirmar la viabilidad y utilidad de su estrategia negociadora frente a la vía de la confrontación.

A unos y otros se les abre una oportunidad. La posibilidad de favorecer el reencuentro de la ciudadanía de Catalunya, en un marco de normalización de las relaciones institucionales entre Catalunya y el Estado, pasa por construir una propuesta que avance la solución del conflicto y que lo haga de manera inclusiva. Por ello, más allá de indultos, Código Penal y mesa de negociación, será preciso que las distintas partes de la negociación construyan sus posiciones con los máximos consensos previos, políticos y ciudadanos. No es un conflicto entre partidos políticos, no es un conflicto entre gobiernos, es un conflicto que expresa el agotamiento de un modelo territorial fijado en la Constitución del año 78 que sin duda debe ser adaptado a una nueva realidad.

Es posible que, de entrada, a pesar de la coincidencia en la necesidad, no se fíen de las verdaderas intenciones de uno o de otro. El Gobierno del estado puede desconfiar que el gobierno catalán no repita la vía de la unilateralidad, el independentismo catalán puede no fiarse de la voluntad del gobierno del estado de remover los muros que impiden avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad.

Sin duda estamos en una situación compleja. Instalados en el conflicto la polarización crece, las instituciones se degradan y los graves problemas sociales, económicos y ecológicos, a los que debemos enfrentarnos con urgencia y desde la cooperación, pueden quedar orillados de la centralidad de la acción política de los gobiernos. Y, cuando los gobiernos están ausentes de la resolución de los problemas sociales y materiales, estos los resuelve la vida, y en ella sin mediación de las instituciones públicas y democráticas, los amantes del mercado estarán encantados. Pero, mientras, la mayoría social, la que necesita de instituciones democráticas que garanticen derechos y promueve cambios, será la más perjudicada.