GONZALO BOYE TUSET y WOLFGANG KALECK

Una característica de la Administración Bush fue la práctica sistemática de la tortura en una mal llamada “guerra contra el terror” y, de lo revelado por Wikileaks esta semana, es patente que podremos considerar a la Administración Obama como una comprometida con el encubrimiento sistemático de los delitos de su predecesor. Obviamente, ni una ni otra Administración han actuado solas, sino que han contado para sus propósitos con el apoyo de diferentes gobiernos amigos, especialmente de los europeos. España no ha sido ajena ni a lo primero ni a lo segundo pero, de comprobarse los datos de Wikileaks, muchos tendrán que dar explicaciones y estas tendrán que ser creíbles y venir debidamente respaldadas, porque con los datos ahora conocidos hemos pasado del terreno de las sospechas al de la certeza que, elevada a prueba, complicaría legalmente a quienes se hayan prestado para tales actos.

Los datos revelados coinciden con la dinámica comisiva de muchos de los avatares procesales que los procedimientos de Guantánamo han venido sufriendo en este año y medio; la fiscalía se opuso con vehemencia a la admisión a trámite de las mismas, lo mismo que se refleja en los memorandos, y también presentó peticiones que han conllevado la paralización de estos procesos. Como medida previa a la admisión a trámite de las mismas, pidió a los dos jueces que recabasen información de las autoridades norteamericanas y, miren por dónde, desde que esas solicitudes se cursaron, esa contraparte nunca ha contestado, paralizando de facto unas investigaciones judiciales por un tiempo más allá del razonable. No contamos con pruebas, aún, de que se haya pactado o aconsejado esta actuación como estrategia, pero existen dudas fundadas de que esa haya podido ser la salida ofrecida al “amigo americano”.

Lo que realmente resulta preocupante no es lo que angustia a Hillary Clinton, es decir, que se pueda poner en riesgo vidas de norteamericanos, lo grave es que se haya generado una suerte de conspiración para mantener en silencio el riesgo vital y físico al que han estado sometidos muchos seres humanos. No es correcto plantear que estamos ante un ataque a la comunidad internacional, sino, más bien, que estamos ante unas revelaciones que demuestran cómo la comunidad internacional ha sido atacada sistemáticamente por diversas administraciones norteamericanas con el concurso de funcionarios de alto nivel de gobiernos amigos.

Cuando se presentó la querella por Guantánamo en España, el fiscal general la definió como “fraudulenta”; sin embargo, la misma no era más que la expresión legítima del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de quienes sufrieron las torturas allí practicadas. Es factible que dichas descalificaciones no hayan correspondido con el sentir personal sino, más bien, con las necesidades políticas de una potencia extranjera.

Entendemos, pero no justificamos, las razones para guardar silencio o dar respuestas evasivas por parte de la Administración Obama, pero resulta menos comprensible el silencio que están manteniendo los distintos gobiernos afectados que deberían apresurarse para asumir las responsabilidades oportunas.

Más grave que las presiones realizadas por la Administración estadounidense hacia sus aliados es haberse dejado presionar por parte de quienes en nuestros países están obligados a cumplir determinadas funciones y que, a la vista de estos memorandos, se han dedicado a todo menos a desempeñar sus deberes. Estos documentos no son más que la constatación de métodos ilegales de hacer política, más propios de organizaciones criminales que de gobiernos legítimamente elegidos, y la relevancia de su conocimiento público no consiste en que se dejen al descubierto los mismos, sino en que ahora se levanta el velo que cubría los ojos de muchos ingenuos que creían que las cosas funcionaban de una forma distinta a como ha venido sucediendo.

Las informaciones contenidas en estos documentos ponen de relieve que estamos ante personas sin escrúpulos para quienes los fines justifican los medios y que están dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso presionar a jueces y fiscales, con tal de no enfrentar el problema real que tienen: asumir las responsabilidades penales por quienes han tomado parte en la ideación, implementación y práctica de la tortura.

España no es el único afectado, pero, ante un problema de estas características, se hace necesario, por salud democrática, que las cosas se aclaren con todas sus consecuencias; no podemos amparar las torturas de Guantánamo ni tampoco actos que permitan la impunidad de quienes los cometieron. Para acallar los graves hechos, se ampararán en un mal entendimiento de eso que se ha dado en llamar “razones de Estado” y que no es otra cosa que un eufemismo para denominar las actuaciones contrarias a derecho que acometen algunos funcionarios públicos arrogándose competencias que nunca han tenido.

Las cloacas de los países están llenas de “razones de Estado”, pero en democracia las mismas no pueden ser de la intensidad y gravedad de las aquí mencionadas porque, en ese caso, lo que se estaría haciendo es un flaco favor a la institucionalidad, precipitándola hasta niveles de perversidad inadmisibles en democracia. La transparencia no es enemiga de la democracia y sólo aquellos que no están interiorizados de los valores propios de un Estado de derecho pueden ampararse en el oscurantismo, en matar al mensajero y en esos aforismos perversos, “razones de Estado”, para intentar tapar el sol con las manos en un vano intento por ocultar lo que otros hicieron.

Gonzalo Boye Tuset esAbogado. Querellante en la causa de las torturas en Guantánamo

Wolfgang Kaleck es Director del European Center for Constitutional and Human Rights de Berlín