Hace apenas unas semanas se aprobaron los últimos presupuestos generales de una legislatura, sin duda, excepcional, tanto por las mayorías que la han sostenido como por haber estado condicionada por hechos tan determinantes como una pandemia, que ha cuestionado las políticas de privatización de las estructuras sanitarias y los recortes de carácter social, además de una guerra que continua siendo una amenaza en términos vitales, sociales y económicos para las clases populares tanto de Euskal Herria como del conjunto de los pueblos y naciones del Estado.

El gobierno de coalición PSOE-Podemos fue y sigue siendo posible gracias a un acompañamiento crítico del independentismo de izquierdas catalán y vasco sin precedentes en el postfranquismo. Este acompañamiento ha sido y es, sin duda, fruto de una decisión política orientada por un lado, a la neutralización de cualquier avance neofascista y, por otro, en la hipótesis de que se podría abrir un horizonte de cambio en cuestiones estructurales que el Régimen del 78 ha tratado en vano de hacer irreversibles en estas últimas largas décadas.

El Estado venía de dos legislaturas de Rajoy, condicionadas tanto por una revolución popular democrática y pacífica en Catalunya respondida a golpe de represión institucional (155), judicial y policial; como, por la cristalización institucional del movimiento 15-M (Podemos). Estábamos en un momento de encrucijada y polarización sociopolítica que ponía en evidencia el desgaste del llamado Régimen del 78. En ese momento, la izquierda independentista vasca adoptó una decisión trascendente e inédita en nuestra ya dilatada trayectoria política. Decidimos dar una oportunidad a la constitución de un Gobierno de coalición, sin antecedentes desde la Segunda República, evitando así una “gran coalición” (PSOE-PP) alimentada como alternativa por poderes económicos, mediáticos y fácticos del Estado, que contaban además con Vox como un nuevo instrumento de agitación político-institucional para tratar de reinstaurar una nueva coyuntura histórica de marcado carácter reaccionario.

Éramos conscientes de la importancia de nuestra decisión y de los distintos perfiles que podía tener la misma. Pero estábamos convencidos que abrirle la oportunidad a la conformación de ese Gobierno de coalición, más allá de los acuerdos que se han ido alcanzando, podría favorecer y generar condiciones para que los sectores de “izquierda” en el Estado abordasen en profundidad un debate sereno sobre los necesarios cambios tanto en el modelo territorial como en la recuperación de derechos sociales y económicos recortados por las políticas neoliberales del PP. Era una decisión táctica con, eso sí, la mirada puesta en un horizonte de profundización estratégica como movimiento independentista, socialista y feminista.

Tras la investidura, la legislatura se enfrentó a una pandemia que trastocó la agenda política, priorizando en buena lógica las medidas para afrontar sus enormes consecuencias sanitarias y socioeconómicas. EH Bildu, con independencia de las críticas en torno a muchas decisiones adoptadas por el Gobierno de Sánchez, ha sido determinante en el impulso de medidas destinadas a configurar un “escudo social” y abordar la respuesta sanitaria a la covid-19. Posteriormente, la guerra en Ucrania, unida a la espiral inflacionista y a la crisis energética, nos ha introducido en un escenario donde la prioridad por responder a las demandas de las clases populares vascas y del conjunto del Estado -castigadas por la pérdida de poder adquisitivo, el incremento de precios, piratería de las empresas energéticas, encarecimiento de las hipotecas- ha marcado también nuestra posición ante las iniciativas del Gobierno PSOE-Podemos.

En estos tres años, el independentismo vasco de izquierdas ha mantenido con respecto a su política en el Estado una posición que ha combinado responsabilidad, compromiso con las clases populares vascas y de solidaridad con las del conjunto del Estado Español, con apoyos determinantes a cambios legislativos y medidas socioeconómicas junto al logro de algunos avances significativos para Euskal Herria en clave de inversiones o autogobierno.

Para EH Bildu esta dinámica política tiene que abordar, a futuro , un nuevo horizonte que afronte los necesarios cambios estructurales que en clave política y social son imperativos en el Estado. Además de blindar una agenda social que garantice los derechos de las grandes mayorías sociales, es indispensable e inaplazable que el debate sobre el modelo territorial se abra camino en la agenda política. El modelo constitucional-estatutario vigente, heredero de la filosofía de aquel “café para todos” fruto de una LOAPA impuesta desde el auto-golpe de Estado del 23-F, está hoy en día más cuestionada que nunca por las mayorías institucionales y populares tanto en Euskal Herria como en Catalunya, así como en sectores amplios de la propia izquierda española. Las demandas nacionales de esas mayorías políticas han recibido, hasta ahora, un rechazo institucional (Plan Ibarretxe) y la represión institucional (155), jurídica y policial contra el ‘proces’ catalán. Estas respuestas antidemocráticas hicieron converger al PSOE y al PP en la supuesta defensa “del orden constitucional”.

Para nosotros, y lo decimos con la máxima humildad, las izquierdas plurinacionales del Estado y todos los sectores progresistas debemos afrontar con serenidad y honestidad un debate en profundidad sobre el modelo territorial. Hay que levantar, definitivamente, las hipotecas políticas de la transición, evitando que la Constitución Española siga siendo el muro para negar y no respetar la voluntad democrática de vascos, catalanes o gallegos.

En esta misma Tribuna decía Juan Carlos Monedero, hablando de los retos de la izquierda en el Estado, que “la izquierda tiene que abordar un modelo federal con niveles de confederalidad o federalismo asimétrico”. Nos parecen muy positivas esas referencias, pero es indispensable una declinación política concreta en torno a la plurinacionalidad y el derecho a decidir que permita, precisamente, transitar hacia el modelo que él mismo nos propone.

Para EH Bildu es necesario empezar a diseñar este debate con la debida prudencia y con el mayor acuerdo posible, así como con la necesaria determinación y honestidad intelectual, sobre los cambios que podrían garantizar la democratización del Estado, el blindaje de los derechos de las grandes mayorías populares y el reconocimiento y respeto tanto de la plurinacionalidad como del derecho a decidir de naciones como la vasca.

Sin prisas pero sin pausas, con prudencia, serenidad, humildad, altura de miras y honestidad política e intelectual, hay que hacer los esfuerzos necesarios para tratar de acordar y construir una agenda política para un cambio histórico para naciones como la vasca y para el conjunto de pueblos y sectores populares del Estado.

En esa tarea histórica está y estará el indepedentismo de izquierdas vasco.