Con este llegamos al centenar de artículos relacionados con el laicismo y la libertad de conciencia publicados por las personas que formamos el Grupo de Pensamiento Laico. Comenzamos con un artículo sobre Educación Laica en noviembre de 2017, y desde entonces han pasado siete años en los que se ha reflexionado sobre diversidad de cuestiones relacionadas con el laicismo y la libertad de conciencia. Gobernaba por entonces un partido conservador (PP) en cuyo ADN ideológico lleva el marchamo confesional.

Dos meses antes, en septiembre de 2017, justo cuando después de nueve años yo dejaba la presidencia de la asociación Europa Laica, publiqué un informe de análisis sobre laicismo y política en España (Los partidos políticos y el proceso hacia un Estado laico), donde trataba de desgranar la posición de cada uno de los partidos políticos, sobre todo la de aquellos que en aquel momento ostentaban representación parlamentaria y/o autonómica y municipal, ante la laicidad de las instituciones y la separación de las religiones del Estado. La situación era muy sombría y muy poco alentadora. Hoy no está mejor.

Meses después, desde junio de 2018 y hasta hoy, diversas mayorías progresistas de centro izquierda, encabezadas por el PSOE, vienen gobernando y alcanzando, en algunos períodos legislativos, mayorías absolutas para haber podido avanzar en la construcción de un Estado laico, con medidas de mayor o menor alcance. Pero no. Nada se ha movido. La situación de confesionalidad institucional en España no solo se mantiene, sino que en estos siete años ha aumentado considerablemente, a pesar de que la secularización de la sociedad es cada vez más evidente: por ejemplo, cada año menos escolares solicitan clases de religión, los bautizos en la fe católica disminuyen, las bodas civiles superan en muchísimo a las religiosas, las personas que se declaran agnósticas, ateas o que habitualmente no asisten a celebraciones religiosas, según el CIS, aumentan informe tras informe, mientras que las que se declaran abiertamente religiosas practicantes no sobrepasan el 20%, sobre todo entre las personas más jóvenes.

Pero, erre que erre, el Gobierno (actualmente progresista y desde hace seis años) mantiene el Concordato de 1979 heredero del nacionalcatólico de 1953 (los cuatro acuerdos de la Santa Sede), que dota a la Conferencia Episcopal Española de innumerables privilegios fiscales, económicos, jurídicos, militares y educativos, mantiene la religión en las escuelas en horario lectivo y financia escuelas de ideario católico, vulnerándose gravemente diversos derechos básicos de la infancia. No solo esto, además el Estado sostiene al clero y los gastos de los obispados a través del IRPF, los poderes ejecutivo y legislativo no dan solución a las desvergonzadas inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica desde 1946; las celebraciones, boatos y saraos religiosos en pueblos y ciudades son acompañados masiva e institucionalmente por cargos políticos de toda condición ideológica y cada vez con mayor énfasis; en la “industria de la caridad” se vuelcan ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas y gobierno central de forma desmesurada, es decir, se financian entidades, asociaciones y corporaciones religiosas que se dedican a ofrecer servicios sociales para la infancia, personas con discapacidad y personas mayores, servicios que deberían ser públicos; se mantienen capellanes funcionarios en cárceles, hospitales y ejército; y, por fin, se mantiene una ancestral Ley de Libertad Religiosa de 1980, en vez de aprobar una ley orgánica del derecho a la libertad de conciencia y la laicidad del Estado que nos acercara a la construcción de un Estado laico.

Por otro lado, gobiernos supuestamente progresistas, como lo fue el del mandato del señor Zapatero, crearon la Fundación Pluralismo y Convivencia (octubre de 2004) y el Observatorio del Pluralismo Religioso, además de, internacionalmente, la Alianza de Civilizaciones, con una clara intencionalidad multiconfesional del Estado español, y en el caso de la Alianza, de los Estados que a ella se sumaron.

Bien es cierto, y hay que reconocerlo, que desde 1979 hasta hoy en España se han dado algunos pasos legislativos en contra de las tesis más retrógradas del nacionalcatolicismo, como fuera la ley del divorcio (1981), avances en la igualdad de sexos, los matrimonios de personas del mismo sexo, la libertad de las mujeres para interrumpir un embarazo no deseado o, últimamente, una pacata y restrictiva Ley de Eutanasia. Y, recientemente, el actual gobierno en minoría anuncia una serie de medidas políticas y legislativas entre las que se anuncia, en un período de hasta tres años (si dura la legislatura), reformar el código penal para suprimir ¡por fin! el delito contra los sentimientos religiosos, supresión que se viene demandando desde hace muchos años.

La conclusión es que, en la actualidad, el “proyecto laicista y democrático” no está en las agendas políticas, como venimos recalcando, ni en las agendas de los más importantes movimientos sociales (feminista, sindicatos, vecinales…), y, lo que es más preocupante, no forma parte del ideario y las demandas sociales, en general. Una cosa es la alta y creciente secularización de las personas de una en una, y otra muy diferente es luchar por un proyecto laicista de separación de las instituciones del Estado de las religiones.

Durante lo que queda de esta muy compleja y convulsa XV legislatura, dure lo que dure, NO se van a dar avances legislativos a favor de la laicidad, tampoco sobre cuestiones de carácter simbólico a nivel local, territorial o estatal, que no necesitan modificaciones legislativas, tan solo cumplir la Constitución sería suficiente: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” (artículo 16.3). No ya solo por el actual juego de mayorías y minorías en el Congreso, sino porque los grupos parlamentarios y los partidos que los sustentan -al menos aquellos que podrían propiciar algunas iniciativas, que serían los que mantienen debates internos en esta materia- no van a propiciar estos avances legislativos en ningún ámbito local, autonómico o estatal. Tan solo algunos gestos aislados sin trascendencia, como en Asturias o en Barcelona, entre otros.

Es cierto que padecemos un panorama político muy convulso, complejo, frentista, polarizado y zafio, y ello no ayuda. Además de que algunos de los máximos responsables políticos “progresistas” opinan torticeramente, como vienen manteniendo desde 1982, que “en estos momentos existen otras prioridades políticas por encima de la laicidad de las instituciones”.

Mientras ello ocurre, en España cada vez aumentan más los grupos políticos liberales y neofascistas de carácter puramente confesional y que amenazan derechos conquistados, como el del aborto o el de la eutanasia. Situación de la que son totalmente responsables los partidos autodenominados ahora como progresistas, los que hace décadas eran, sin más, de izquierdas, por no haber avanzado, cuando han ostentado mayorías suficientes, en laicidad institucional.

A nivel internacional las cosas no están mejor, todo lo contrario. Estados de clara vocación histórica laicista como Francia, Uruguay o México, por ejemplo, en las últimas décadas han dado enormes pasos hacia posiciones confesionales de forma más abierta o más sutil. Más allá de los Estados-Religión sobradamente conocidos, sobre todo en el ámbito islámico y en parte cristiano ortodoxo, potentes grupos evangélicos “controlan” gobiernos en Brasil, en otros Estados latinos y en Estados Unidos, imponiendo leyes civiles “a su medida” ampliamente regresivas. Ya no digamos el crecimiento de partidos y segmentos políticos neofascistas en toda Europa, Estados Unidos, etc., de clara vocación religiosa.

Además, están los lobbies religiosos que por más de medio centenar actúan con fuerza ante las instituciones de la UE y en España, incluso dentro de todos los partidos políticos.

A modo de epílogo: No obstante, aunque seamos una minoría y “clamemos en el desierto”, tendremos que seguir manteniendo la voz republicana muy firme y alta sobre la defensa de los principios laicistas a nivel colectivo y político y el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia de cada persona, base fundamental de la democracia.

Nos cabe, por último, como grupo, agradecer profundamente al diario Público la acogida que nos ha brindado en sus páginas durante estos años.