El título de este artículo hace referencia a dos palabras parónimas, una de ellas en inglés (coffin, o ataúd en castellano). Ambas suenan parecido, pero poseen una carga retórica que apenas expresa una disyuntiva real, ya que se responden a sí mismas. Y es que sólo los iluminados negacionistas discuten que el relajamiento del confinamiento y las restricciones de movilidad no hayan sido --y sean-- la causa principal del aumento de la letalidad en la transmisión comunitaria de esta segunda ola del Corona virus. El incremento de las muertes ha sido inapelable no sólo en España, y en particular en la Comunidad de Madrid, sino en todos los países de la UE (Reino Unido, incluido, aunque sea un miembro que no se va definitivamente).

El confinamiento en las residencias de mayores ha sido en muchos casos devastador y de signo contrario. Sus efectos deletéreos han incrementado el número de decesos en modo exponencial. Entre marzo y agosto la mitad de los fallecidos en España con Covid-19, o sintomatología compatible, se han producido en dichos centros. El Grupo de Investigación POSEB (‘Políticas Sociales y Estado del Bienestar’) del CSIC ha realizado un estudio en el marco del proyecto internacional McCovid 19 mediante la realización de 25 entrevistas en profundidad a responsables de residencias (directores, gerentes y directores médicos) en distintas Comunidades Autónomas, así como a responsables de la gestión de los servicios sociales y la sanidad de las administraciones autonómicas y central. Se han revisado decenas de documentos que han evidenciado las dificultades de gestión de la pandemia, confrontada por los responsables organizativos e institucionales de las residencias de personas mayores en España (acceso al informe completo de 113 págs. aquí).

Todo indica que, si hubiera habido medidas para prevenir la entrada del virus y controlar los contagios en las residencias, la cifra de fallecidos en España podría haber sido notablemente menor. El estudio POSEB ha identificado dificultades de gestión de la COVID-19 a las que se enfrentaron los responsables organizativos e institucionales de las residencias de personas mayores españolas entre enero y agosto de 2020.

Se ha argumentado en repetidas ocasiones que la covid-19 es una ‘enfermedad de los mayores’. Para las cohortes más jóvenes de nuestra sociedad incluso se llegó a pensar que los efectos no les afectaban a ellos de igual manera y, por tanto, los mayores que estaban en las residencias debían quedarse allí al albur de su suerte y de los cuidados de un personal que se vio desbordado por la carencia de medios y la confusión de los diversos protocolos a implementarse. En algunas residencias se llegaron a poner en las fachadas carteles tales como: “Estamos vivos, no os olvidéis de nosotros”.

Ha habido tres elementos que han hecho a los mayores particularmente vulnerables frente a la covid-19: su avanzada edad, la frecuente presencia de enfermedades concomitantes y su generalmente limitada autonomía, lo que implica la necesidad del contacto humano cotidiano para ser atendidas. De estas personas mayores, más de trescientas mil, no tienen un hogar alternativo: la Residencia es su hogar. Estos centros son un servicio esencial y su atención durante una epidemia debería ser una prioridad para el conjunto de la sociedad.

La coordinación intersectorial entre sanidad y servicios sociales ha sido la gran asignatura pendiente para confrontar una pandemia como la que aún sufrimos, a la espera de la “milagrosa” vacuna. La puesta en común tanto entre Ministerios como entre Consejerías autonómicas, y entre las residencias y los centros sanitarios, debería haberse planteado ya antes del inicio de la epidemia. La descoordinación entre los dos sectores sanitario y social ha resultado extremadamente grave, como ha podido constatarse repetidamente.

En España, un 73% de los ciudadanos cree que la crisis en las residencias se ha gestionado mal (según una encuesta del estudio POSEB, con 7.175 casos, realizada entre finales de agosto y mediados de septiembre de 2020). La responsabilidad por la gestión de las residencias está claramente repartida: un 45% de los ciudadanos cree que las principales responsables de la gestión son las CC.AA., un 24% piensa que es el Gobierno central y un 28% ambos niveles de gobierno. Sin embargo, la politización de la crisis por parte de los gobiernos hará dudar a los ciudadanos de con cuánta seriedad deben cumplir las medidas de salud pública. Se hace necesario desarrollar estructuras de coordinación entre el sistema sanitario y el de servicios sociales y huir de la “medicalización” de las residencias, explorando alternativamente la “sanitarización”. Debería evitarse, asimismo, la excesiva “mediatización” de los datos con la profusión de encuestas en los medios a menudo en busca del titular más llamativo o impactante.

Más allá de las fallas de gestión y de efectividad en los encajes institucionales, es insoslayable preguntarse si los mayores siguen constituyendo todavía una generación prioritaria en sociedades familistas como la española. Desde la perspectiva eugenista, comienza a ponderarse cuál sería el límite de una “razonable esperanza” de vida, más allá de la cual la sociedad en su conjunto habría cumplido con su responsabilidad hacia los mayores. La idea de “los mayores primero”, como aparecen en algunos medios de transporte que llevan a nuestros mayores a sus centros de día, parece perder consenso. Hasta ahora nuestras atenciones y cuidados a la Tercera Edad han estado altamente legitimados al formar parte de nuestra filosofía de vida y nuestros valores civilizatorios. Para la alternativa eugenésica se trataría de alisar los cursos vitales de los mayores: ¿75, 80, 90 años? ¿Cuál sería la edad ‘razonable’ para que nuestros padres y abuelos pasasen a criar malvas…?