Las largas listas de espera (LE) en Sanidad expresan la capacidad para proporcionar la asistencia correcta en el tiempo adecuado y son un indicador de los resultados en salud. Las listas de espera se han incrementado y son causa de preocupación y de insatisfacción de los ciudadanos.

Sin embargo, estas se han utilizado para justificar la necesidad de trasvasar pacientes y recursos de la sanidad pública a la privada, y también han servido para deteriorar la imagen de la sanidad pública por hacer una gestión ineficiente. El significado de las LE ha sido descontextualizado y su efecto social y económico no ha sido analizado con rigurosidad.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de las causas de las LE, señalaremos en este artículo los aspectos más relevantes que hacen que las demoras en sanidad son un riesgo para los pacientes y tienen un elevado coste social y económico.

• Empleo erróneo del concepto de LE: Las listas de espera en sanidad son los registros de pacientes que necesitan una prestación, ya sea de visita en consultas externas, de pruebas diagnósticas o de tratamientos quirúrgicos, que no se puede alcanzar de forma inmediata a su prescripción. El Defensor del Pueblo en su informe anual a las Cortes Generales del 2013 define claramente las LE como “… una de las principales causas de insatisfacción de los ciudadanos en la sanidad pública…” y habla sobre “…la lesividad que conlleva desde la perspectiva individual de los pacientes…” y sus “…implicaciones sociales y económicas…”. A pesar de ello, el gobierno autonómico catalán (Generalitat de Catalunya; Departament de Salut; Disposición Ordre SLT/101/2015) y el Colegio de Médicos de Barcelona declaran, ambos utilizando idéntica terminología, que las LE son “…un fenómeno propio y característico de los sistemas sanitarios…” y que “…actúan como herramientas de adecuación entre la oferta y la demanda”. Estas afirmaciones están carentes de cualquier rigor y son contrarias a las necesidades asistenciales de la ciudadanía.

• ¿Son las LE publicadas reales, cualitativas y transparentes?: A pesar de que en el 2003 se publicó un real decreto (BOE 5 de junio de 2003, RD 605/2003) por el cual se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera, hasta la fecha actual no se ha llevado a cabo, y los criterios de cómputo y medida varían entre las comunidades autónomas. No existe transparencia informativa y la información dada es sesgada no permitiendo un conocimiento real del número de pacientes en LE por especialidad, su espera media y máxima, así como la prioridad. Además existe una intencionalidad de confundir a la ciudadanía como lo demuestra la publicación de que el número de pacientes en listas de espera para acceder a un cateterismo cardíaco en Cataluña en diciembre de 2017 era de 99 pacientes (página web del CatSalut) cuando tan solo en uno de los hospitales catalanes (Hospital Vall d’Hebron) la cifra era de 400 personas.

• Impacto sobre los pacientes: No hay cifras fiables de la mortalidad de pacientes en listas de espera ni la administración provee esta información. Tampoco es posible obtener estos datos de los registros clínicos pues con frecuencia el fallecimiento de pacientes no se registra adecuadamente, catalogándose a veces como “baja técnica”. Si tomamos como ejemplo la cirugía cardíaca, una especialidad de alto riesgo, se produjeron al menos 14 fallecimientos de pacientes en LE en un período de aproximadamente 2 años en el Hospital Vall d’Hebron (algunos de estos casos fueron denunciados a la fiscalía). Por otro lado, se acaba de denunciar a la fiscalía el fallecimiento de 13 pacientes en listas de espera para cirugía cardíaca, también durante un período de unos 2 años, en el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. Así pues, si se asume que 6-7 pacientes fallecen cada año en LE en cada uno de los servicios existentes de cirugía cardíaca, podrían producirse más de 400 fallecimientos al año en espera de cirugía cardíaca en todo el estado. Si se tienen en cuenta todas las especialidades, el número de afectados puede ser inasumible para una sociedad desarrollada. Por otro lado, el efecto de las demoras sobre el empeoramiento de la enfermedad y el sufrimiento de usuarios y familiares no se ha valorado y es de difícil cuantificación.

• Impacto económico de las LE: El coste económico de las listas de espera, derivado de la falta de productividad del usuario y de la utilización de recursos sanitarios mientras está en las LE entre otros, se desconoce en nuestro país y las administraciones no han hecho ningún esfuerzo para identificarlo. Sin embargo, las cifras pueden ser astronómicas como lo demuestra el Centre for Spatial Economics de Canadá, que estima un coste de 14,8$ billones en el 2007 por sobrepasar los tiempos considerados aceptables en tan solo 4 procedimientos (resonancia magnética, cirugía de cataratas, cirugía coronaria y reemplazamiento de rodilla y cadera).

• La justicia ante las LE: No existen normativas legales relativas a la gestión de las listas de espera, tanto en el tiempo de demora como en la prioridad, y ello deja a los ciudadanos desprotegidos para reclamar sus derechos y a los profesionales indefensos cuando denuncian anomalías y situaciones injustas.

• Papel de los medios de comunicación: El problema con las listas de espera no es nuevo y los medios de comunicación no han realizado las investigaciones necesarias ni colaborado de forma eficaz con los profesionales sanitarios para identificar las causas y encontrar soluciones. Es posible que los medios de comunicación no cuenten con el potencial humano y los recursos para abordar la complejidad del tema sanitario con profundidad y rigor, pero existe una opinión bastante generalizada de los ciudadanos que los medios de comunicación están más interesados en ocupar los titulares del día, que las noticias se tratan de forma superficial y que en la mayoría de los casos no hay independencia de los poderes políticos y financieros. El resultado es una pérdida de confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación. El periodismo debe jugar un papel fundamental en el control de la salud pública y para cumplir esta función es necesario reconstruir la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación.

Unas listas de espera con unos tiempos de demora adecuados a las necesidades clínicas son una exigencia ciudadana y no deben ser el resultado de priorización y de leyes de mercado. Un adecuado tratamiento de las LE salva vidas y restituye la productividad de los usuarios afectados, y es preocupante que a pesar de la necesidad de una buena gestión de las LE aún no se haya obtenido una respuesta adecuada por parte de los partidos políticos ni que haya una legislación que proteja a usuarios y profesionales. No es menor el papel que deben desempeñar los medios de comunicación en proveer una información veraz y contrastada, haciendo posible la subsanación de las deficiencias existentes y la continua mejora del sistema público de salud.