Teresa Rodríguez

Docente, sindicalista y activista social

“En todo aquello que les atañe los españoles tienen derecho a intervenir y, como es natural, ni quieren ni deben quedarse callados, ni nosotros podríamos discutir semejante privación de tan fundamental derecho”. Estas fueron las palabras con las que, el pasado 8 de abril, Mariano Rajoy respondía a la petición de la celebración de un Referéndum sobre el futuro político de Catalunya. No le preocuparon al Presidente del Gobierno las opiniones de “los españoles” cuando apoyó al PSOE en su reforma del artículo 135 de la Constitución para instaurar un sometimiento servil al pago de la deuda. Tampoco parecen importarle las opiniones de “los españoles” cada vez que acepta las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional o de la Comisión Europea, o cuando se atribuye la capacidad de decidir sobre la maternidad y los cuerpos de las mujeres.

Que el gobierno ha perdido su capacidad para gobernar sobre nada, y que quienes deciden en la política española no han sido elegidos en ninguna urna, es algo que sabemos hace tiempo. El riesgo es que de tanto saber y tanto repetirnos que estamos intervenidos por la Troika, que no tenemos soberanía, acabemos por considerarlo algo normal. Si esto ocurriese sería una victoria irreversible del “no hay alternativa” que tantas veces hemos escuchado. Afortunadamente, entre las y los de abajo todavía no ha triunfado la resignación. Las movilizaciones de los últimos años, desde el 15-M hasta las Marchas de la Dignidad, son una prueba palpable de que no nos creemos las mentiras de los de arriba. Pero el riesgo sigue ahí, y por eso, frente al mantra del “no hay alternativa” y a las imposiciones políticas y económicas de “los mercados”, es cada vez más urgente erigir un proyecto popular de conquista de la soberanía y de expropiación democrática de las capacidades para decidir sobre todo lo que nos afecte.

Ante la convocatoria de la Consulta catalana para el próximo 9 de noviembre, los apologetas de la Transición utilizan la Constitución de 1978 como arma arrojadiza. Aunque en estas últimas semanas hemos recibido una nueva oleada mediática sobre las bondades de la Transición, no debemos olvidar que la Constitución se presentó a Referéndum hace más de 30 años cual plato de lentejas, negando cualquier posibilidad de decisión sobre sus aspectos concretos. La democracia venía en un pack, y para votar a favor había que tragar también con la Monarquía, “la indisoluble unidad de la Nación española” y la existencia de un solo pueblo en el Reino de España, entre otras muchas cosas. Y no hubo más: o lo tomas, o lo dejas. Sin embargo, el tiempo demuestra que los fundamentos de aquella carta magna tenían escaso recorrido posible, y la movilización popular en Catalunya es un ejemplo de ello. La reivindicación masiva y sostenida en el tiempo de catalanes y catalanas por el derecho a decidir su futuro es, seguramente, incompatible con el marco constitucional vigente, pero eso ni puede ni debe ser un límite para que los y las demócratas la apoyemos.

El avance del movimiento popular en Catalunya está tensionando los límites del marco político creado en la Transición, y su avance puede provocar brechas importantes en él. Un marco político que tras la reforma del 135 ha sumado a su carácter de camisa de fuerza tanto territorial como cultural un nuevo ingrediente de camisa de fuerza económica y social. Desde el conjunto de pueblos que forman el actual Estado español no podemos permanecer inmóviles ante esta situación, ni aceptar y asimilar por acción u omisión la hostilidad con la que la clase política y la mayoría de medios de comunicación se enfrentan a ella.

Por una parte, es necesario denunciar a quienes intentan aprovechar la movilización popular para perpetuarse en el gobierno e implementar su proyecto político neoliberal; también a los que utilizan la reivindicación nacional para enfrentar a las clases populares de los distintos pueblos del Estado español y del resto del mundo. Pero por otro lado, si queremos construir soberanía popular, es imprescindible solidarizarnos con la mayoría social catalana que reivindica su derecho democrático a votar, a que su opinión sea expresada y tenida en cuenta en una consulta el próximo 9 de noviembre. No con el objetivo de que Catalunya se separe del resto de pueblos al sur del Ebro, no para dividir ni enfrentar; muy al contrario, el avance del movimiento popular en Catalunya debe ser una palanca más de la necesaria ruptura democrática, un primer paso en la toma de decisiones entre todos y todas, y sobre todo.