Boaventura de Sousa Santos

Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra

La relación entre democracia y capitalismo ha sido siempre una relación tensa, incluso de total contradicción. El capitalismo sólo se siente seguro si es gobernado por quien tiene capital o se identifica con sus necesidades, mientras que la democracia, por el contrario, es el Gobierno de las mayorías que ni tienen capital ni razones para identificarse con las necesidades del capitalismo. El conflicto es distributivo: un pulso entre la acumulación y concentración de la riqueza por parte de los capitalistas y la reivindicación de la redistribución de la riqueza por parte de los trabajadores y sus familias. La burguesía ha tenido siempre pavor a que las mayorías pobres tomasen el poder y ha usado el poder político que las revoluciones del siglo XIX le otorgaron para impedir que eso ocurriese. Ha concebido la democracia liberal como el modo de garantizar eso mismo a través de medidas que pudieran cambiar en el tiempo, pero manteniendo el objetivo: restricciones al sufragio, primacía absoluta del derecho de propiedad individual, sistema político y electoral con múltiples válvulas de seguridad, represión violenta de la actividad política fuera de las instituciones, corrupción de los políticos, legalización de los lobbys... Y, siempre que la democracia se mostró disfuncional, se mantuvo abierta la posibilidad del recurso a la dictadura, algo que pasó en numerosas ocasiones.

En la inmediata posguerra, muy pocos países tenían democracia, vastas regiones del mundo estaban sujetas al colonialismo europeo que sirvió para consolidar al capitalismo euro-norte-americano, Europa estaba devastada por una guerra provocada por la supremacía alemana y en el Este se consolidaba el régimen comunista, que se veía como alternativa al capitalismo y a la democracia liberal. Fue en este contexto en el que surgió el llamado capitalismo democrático, un sistema consistente en la idea de que, para ser compatible con la democracia, el capitalismo debería ser fuertemente regulado. Ello implicaba la nacionalización de sectores clave de la economía, la tributación progresiva, la imposición de la negociación colectiva y hasta -como aconteció en la Alemania Occidental de la época- la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. En el plano científico, Keynes representaba entonces la ortodoxia económica y Hayek, la disidencia. En el plano político, los derechos económicos y sociales habían sido el instrumento privilegiado para estabilizar las expectativas de los ciudadanos y para defenderse de las fluctuaciones constantes e imprevisibles de las “señales de los mercados”. Este cambio alteraba los términos del conflicto distributivo, pero no lo eliminaba. Por el contrario, tenía todas las condiciones para azuzarlo durante las tres décadas siguientes, cuando el crecimiento económico quedó paralizado. Y así sucedió.

Desde 1970, los Estados centrales han gestionado el conflicto entre las exigencias de los ciudadanos y las exigencias del capital, recurriendo a un conjunto de soluciones que gradualmente han ido otorgando más poder al capital. Primero fue la inflación; después, la lucha contra la inflación, acompañada del aumento del desempleo y del ataque al poder de los sindicatos. Lo siguiente fue el endeudamiento del Estado como resultado de la lucha del capital contra los impuestos, de la estancación económica y del aumento del gasto social, a su vez, causado por el aumento del desempleo. Lo último fue el endeudamiento de las familias, seducidas por las facilidades de crédito concedidas por un sector financiero finalmente libre de regulaciones estatales para eludir el colapso de las expectativas creadas de consumo, educación y vivienda.

Así sucedió hasta que el engaño de las soluciones ficticias llegó a su fin, en 2008, y se esclareció quién había ganado el conflicto distributivo: el capital. ¿La prueba? El repunte de las desigualdades sociales y el asalto final a las expectativas de vida digna de la mayoría (los ciudadanos) para garantizar las expectativas de rentabilidad de la minoría (el capital financiero). La democracia perdió la batalla y solamente puede evitar perder la guerra si las mayorías pierden el miedo, se revuelven dentro y fuera de las instituciones y fuerzan al capital a volver a tener miedo, como sucedió hace sesenta años.