El derecho a la calidad del aire y a una atmósfera limpia

Estos días en Madrid hablamos de algo que cambiará nuestros hábitos futuros en lo que se refiere a los usos y disfrutes relacionados con la movilidad urbana. A invitación de Ecologistas en Acción y junto con otros portavoces y expertos analizamos en la Sala Clara Campoamor del Congreso el problema del diésel y la necesidad de una reforma fiscal que equipare los tipos de gravamen relativos al gasóleo de automoción y a la gasolina. En ese sentido se manifestaba hace unas semanas la Comisión de Expertos para la Transición Energética y así lo recomendó al Gobierno. Se trata de revertir una medida que se adoptó hace años en la creencia de que el diésel era menos contaminante que la gasolina, y emitía menos CO2. Luego se descubriría que es justo al revés, que los motores diésel son más contaminantes, porque emiten más óxido nitroso. Y es razonable, al menos así lo parece para la mayoría de las fuerzas políticas, conscientes de la gravedad que supone seguir incentivando un combustible asesino que obliga a un consenso político urgente y necesario hacia la reforma de la fiscalidad por un lado y hacia la introducción progresiva del vehículo híbrido y eléctrico por otro. En estos momentos Bruselas debate la propuesta de la Comisión para la futura legislación de reducción de emisiones en vehículos, sobre la base de establecer como objetivo reducir las emisiones en un 30% de aquí a 2030, mientras España incumple sistemáticamente la Directiva de 2008, relativa a la calidad del aire y a una atmósfera más limpia en Europa, desde su entrada en vigor.

Por otro lado, la Delegación Española de la Comisión Europea se convirtió en espacio al que acudimos a debatir sobre el potencial de la teledetección de emisiones de escapes del tráfico rodado y de la importancia de la innovación para afrontar los desafíos del deterioro atmosférico urbano y de sus impactos más negativos, evaluando, midiendo y monitorizando masivamente estas emisiones para poder tomar decisiones más responsables sobre el tráfico urbano, que permitan ciudades más limpias, con menos NO2 y, sobre todo, más saludables. De estos debates, y de la lectura del Libro Blanco del International Council on Clean Transportation, en aras de la transparencia pública, concluimos que es necesario vincular con rotunda claridad la producción de este tipo de emisiones con la salud pública. La contaminación urbana está asfixiando las ciudades, y el problema ya es casi estructural, porque las principales ciudades superan con creces los límites de NO2 o de concentración de partículas peligrosas para la salud de las personas.

La contaminación del aire produce más de 3 millones de muertes prematuras al año en todo el mundo, que equivale a la mitad de las atribuibles al tabaco. En España la contaminación del aire provoca 30.000 muertes anuales, lo que según la OCDE tiene un coste del 1% del PIB mundial, o sea, 2,3 billones de euros anuales. Alguien tiene que tomar el control y buscar la salida segura a esta situación, adoptando decisiones inequívocas de rigor y transparencia, y categorizando de una vez la contaminación como un problema de Estado, si queremos garantizar la salud de los ciudadanos.