FERNANDO LÓPEZ AGUDÍN

Como dijo hace más de un mes, tras su última entrevista en La Moncloa, donde Zapatero le recordó las obligaciones legales de un lehendakari, Ibarretxe sopesa pausadamente la suma de votos nacionalistas necesaria para intentar dar la vuelta a la legalidad vigente. Porque no tiene las mismas consecuencias electorales en Euskadi una muy concreta ilegalización de la izquierda abertzale, formulada desde instancias judiciales tras una detallada investigación policial, que una abstracta ilegalización impulsada desde instancias políticas, sin haberse agotado la indagación en curso. No es lo mismo el normal funcionamiento del Estado de Derecho que su alteración forzada por el Estado de Derecha.

Viene a cuento esta observación por cuanto la propuesta de la derecha, en orden a poner fuera de la ley a ANV, es todo un insuperable manual de cómo no debe ilegalizarse la izquierda abertzale. Imposible ser más torpe, desde los intereses estatales, o peor intencionado, desde los objetivos involutivos de una extrema derecha que cuenta mucho más de lo que es en el conjunto de toda la derecha. Si a esta proposición se suma la convocatoria de una “rebelión cívica”, fijada para hoy en Madrid, parece obvio que justamente están haciendo todo lo contrario de lo que el sentido común aconseja debe hacerse tanto en la lucha antiterrorista como en la respuesta al pulso político.

De llevarse a la práctica esta disparatada propuesta se estaría facilitando doblemente la tarea a Ibarretxe. De un lado, se le proporcionaría argumentos democráticos de cara a la batalla de la opinión pública en la misma sociedad vasca; de otro, se contribuiría a facilitarle el trasvase del electorado de la izquierda abertzale que busca desesperadamente encontrar. Así los que más gritan contra el desvarío del proyecto del lehendakari contribuirían a multiplicar el número de votos desvariados en el País Vasco. Porque la deslegitimación del Estado de Derecho, inherente a toda ilegalización no decidida judicialmente, aumentaría las razones y los recursos humanos de quienes persiguen la ruptura del Estado.

Precisamente porque el plan de Ibarretxe propone una separación de Euskadi del Estado en cómodos plazos, tratando de retorcer la legalidad vigente, conviene cuidar más que a la niña de los ojos todas y cada una de las decisiones político-judiciales sobre el País Vasco. Difícilmente el Estado podría obligar al lehendakari a respetar la ley si no la respetase escrupulosamente. Sería imposible, además, exigirle un consenso entre todos los partidos parlamentarios, sobre la elaboración de un nuevo Estatuto, si se privase arbitrariamente a una parte de dicha sociedad de su representación política. Sin esta autoridad moral, basada en el Estado de derecho, los propósitos rupturistas tendrían mucho camino ganado.

Y es que no estamos ante un planteamiento abierto por la independencia de Euskadi, que sería rechazado transversalmente por una amplia mayoría de la sociedad vasca, sino ante un proyecto gradual que busca ir acumulando fuerzas sociales para ir deslizándose progresivamente más allá del Estado. En ese recorrido arriesgado, Ibarretxe necesita tanto mantener el voto nacionalista, que empieza a verle como un inquietante aventurero, como atraerse al nacionalismo radical, que desconfía de la manipulación subyacente en la retórica del lehendakari, a la vez que tranquilizar a un electorado constitucionalista cada vez más alarmado por la fractura social y territorial que comienza a encarnar.

Nadie ignora, desde la izquierda abertzale a la derecha, que la consulta del lehendakari no es más que un cebo. Probablemente, porque ésa es su intención y seguramente porque no podría llevarla a cabo. Cualquier tentativa de romper la legalidad vigente del Estado llevaría, inevitablemente, a su incuestionable defensa por las Juntas Generales de Álava y los ayuntamientos de Bilbao (nacionalista), San Sebastián (socialista) y Vitoria (también socialista). Los alcaldes de los tres grandes municipios, reflejo de la pluralidad transversal de los vascos, se han pronunciado contra la propuesta de Ibarretxe. En síntesis. Ni la quiere, ni la puede aplicar quien la propone. No estamos más que ante un ejercicio de maltzurtasun.

Esa específica astucia vasca reconvertirá la consulta de Ibarretxe en una convocatoria anticipada de las elecciones vascas con el proyecto del lehendakari reconvertido a su vez en programa electoral. De ahí que persiga con tenacidad la reconstrucción de la política de frentes en Euskadi. Frente soberanista de los vascos que no se sienten españoles, frente constitucionalista de los vascos que por serlo se consideran españoles. Es decir, reducir la enorme pluralidad de la sociedad vasca a una esquemática dualidad. Su modelo es el mismo que el de Mayor Oreja, sólo que invertido. Donde el nostálgico del franquismo aspiraba a laminar al nacionalismo, el Bolívar vasco aspira a laminar al constitucionalismo.

Ninguna ayuda mejor, por lo tanto, que la “rebelión cívica” de la derecha, que busca darle al lehendakari, a través de un ilegalización impulsada por criterios políticos, lo que tanto ansía. Si Madrid proporciona lo que Vitoria no puede obtener, miel sobre hojuelas para Ibarretxe. Porque su aliado es justamente quien más le denuncia y a quien más denuncia. Unos y otros hablan de España o Euskadi pese a su carácter minoritario e intentan envolver a los ciudadanos en un patrioterismo radical. Soberanistas y extrema derecha se retroalimentan en sus delirios, guerras de bandera, cantos patrióticos y proyectos balcánicos basados en la lucha de los pueblos que configuran España. Como medio, claro está, para la ruptura o la involución del Estado.

Fernando López Agudín es periodista

Ilustración de Iván Solbes