ANDRÉS DIONIS

Más de dos tercios de los contenidos culturales y de entretenimiento consumidos en España durante el segundo semestre de 2010 fueron descargados en Internet sin la autorización de sus legítimos propietarios. Son datos del último Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales elaborado por IDC. La práctica totalidad del consumo musical y de películas proviene de fuentes ilícitas. El contenido se pone a disposición de los usuarios sin el permiso de sus legítimos dueños, es decir, es “pirateado” de forma constante, diaria y masiva en la Red. La piratería en videojuegos se incrementa de manera progresiva y, aunque sólo hace apenas un año que ha comenzado a desarrollarse el libro electrónico, las consecuencias de esta lacra son alarmantes para este sector.

El valor total de los contenidos pirateados alcanza casi los 11.000 millones de euros al año, lo que incide de forma dramática en una industria abocada a una crisis cada vez más aguda.

La normativa incluida en la Ley de Economía Sostenible (Disposición Final Cuadragésimo tercera), publicada en el BOE el pasado 5 de marzo, constituye un antes y un después para el sector cultural y de creación en España. Más de seis años de reivindicaciones nos contemplan y, sobre todo los dos últimos, de dura pugna contra la incomprensión de unos, las feroces críticas –cuando no el insulto– de otros, la falta de compromiso e, incluso, el incumplimiento de pactos y promesas políticas, que han propiciado el desarrollo de una lacra social que ahora se tiene la oportunidad de atajar si se hacen las cosas correctamente.

La llamada “Ley Sinde” ya es un hecho del que la industria cultural se congratula, al igual que debería hacer todo ciudadano y usuario de Internet que considere que apropiarse de lo que no es suyo, sin el consentimiento de su legítimo propietario, constituye un acto moralmente inaceptable además de ser ilícito. Igual que en el medio físico, donde a nadie se le ocurre llevarse un artículo de una tienda, dejar de pagar una consumición en un restaurante o, simplemente, incumplir un contrato firmado con una empresa de telecomunicaciones, todos deberíamos concienciarnos de que también en Internet la propiedad tiene valor.

La legislación aprobada ha sido fruto de un acuerdo entre los tres partidos políticos de mayor representación parlamentaria del Estado español y legítimos representantes de los ciudadanos. Además de suponer casi un pacto de Estado, los tres grupos firmantes se comprometen a velar por la permanencia de esta normativa en el tiempo, a la vez que cuidar de su eficacia.

Desde su aprobación definitiva en el Congreso, han continuado las críticas de ciertas asociaciones de internautas que, por cierto, apenas si representan a un puñado de personas sobre los 22 millones de usuarios de Internet que somos en España. Estos grupos, junto con algunos blogueros que les apoyan, se han dedicado, y se dedican, a bloquear páginas web de parlamentarios, ministerios y organismos públicos, al tiempo que profieren insultos contra todos los que estamos a favor de la legalidad y respetamos las decisiones adoptadas por diputados y senadores como representantes electos por la ciudadanía.

Es fundamental que los partidos políticos no se dejen intimidar por una minoría que sólo defiende la inexistencia de normas para campar a sus anchas en el medio on-line y físico.

La industria de contenidos culturales y de entretenimiento trabaja desde hace mucho tiempo en potenciar y ampliar la oferta legal. Es cierto que le queda camino por recorrer, pero sería ilusorio pensar que alguna compañía vaya a posicionar en el mercado una propuesta legal sólida y sostenible mientras exista riesgo de que se la puedan copiar de manera inmediata y distribuir sus contenidos gratis en la Red. Ya existen más de 600 webs de contenidos legales de todos los sectores, y habrá muchas más cuando España disponga de una normativa contra las descargas ilícitas que funcione, al igual que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno. Una vez esto ocurra, con toda seguridad los usuarios de Internet, los que entienden que lo justo es pagar por un trabajo de creación, y que somos la mayoría, dispondremos sin duda de cada vez más y mejores contenidos legales a precios competitivos.

Precisamente y, para lograr la mayor eficacia de la normativa, es imprescindible que el reglamento que la va a desarrollar incluya puntualizaciones que el sector de contenidos culturales considera claves. En primer lugar, es fundamental poder actuar de manera eficiente contra las conductas vulneradoras en lugar de centrase de forma exclusiva en los contenidos (de no ser así, el procedimiento podría reducirse a que el presunto vulnerador retirara estos ante el requerimiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual y que los volviera a colocar justo después de declararse el archivo de las actuaciones, obligando así a iniciar un nuevo procedimiento a los dueños de los derechos vulnerados; sería un inadmisible juego del gato y el ratón). También deben perseguirse las páginas de enlaces por ser los eslabones clave en la cadena de destrucción de valor que implica la difusión en Internet de material ilícito; son la puerta de entrada a la descarga ilícita, la herramienta fundamental de quienes se enriquecen en la Red a costa del esfuerzo de las industrias y los creadores.

La industria pide de las autoridades algo muy sencillo: un reglamento que evite que esta normativa nazca ineficaz y que sea el hazmerreír de quienes se lucran con la piratería organizada de Internet. Necesitamos una normativa que sí sea capaz, sin embargo, de defender nuestra cultura, una de las más importantes del mundo. España necesita trabajadores, emprendedores, empresarios, usuarios de Internet todos, que se responsabilicen por el progreso y el bien común, y no a quienes, bajo el supuesto amparo de la libertad de expresión, se apropian de lo que no es suyo y trafican y se enriquecen con ello de manera ilícita.

Andrés Dionis es director de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos

Ilustración de Jordi Duró