CONSUELO CATALÁ PÉREZ

La relación entre sexualidad y capacidad reproductiva es uno de los ejes sobre los que se configura el proyecto vital de una mujer. De ahí la revolución que supusieron para la vida de las mujeres los métodos anticonceptivos modernos y, en concreto, la píldora. Pero la resolución de esa opción no es igual para cada mujer. Ni siquiera es igual para una misma mujer a lo largo de su vida.

De ahí que en esa decisión, la libertad y el reconocimiento de la autoridad de las mujeres sean condiciones básicas para que éstas puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

La importancia de que los gobiernos impulsen políticas públicas en torno a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres tiene que ver con facilitar a la ciudadanía su desarrollo como personas, de manera que la libertad y decisión en torno a sus derechos, incluidos los sexuales, se realice en armonía con sus convicciones personales y su proyecto de vida, y en las mejores condiciones posibles.

Todo el camino recorrido en las políticas de igualdad durante el siglo XX y los avances a los que asistiremos durante el siglo XXI deben ir en dirección al reconocimiento de la autoridad de las mujeres.

El Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres se plantea como necesario y urgente. Y si en cualquier negociación el reconocimiento mutuo de autoridad para poder llegar a consensos es la base de la misma, en el Nuevo Contrato Social, con mayor razón.

El reconocimiento de la autoridad de las mujeres es la condición sine qua non para que el Nuevo Contrato Social entre mujeres y hombres se firme democráticamente entre iguales.

Estamos hablando de los talentos, intereses y anhelos de más de la mitad de la población, que son las mujeres, incluyendo la aún exclusiva e intransferible capacidad que poseen, de la reproducción de la especie.

Es en ese reconocimiento de la autoridad de las mujeres donde tienen razón de ser y existir los instrumentos de representación (cuotas, paridad) en los lugares de decisión. Un reconocimiento que se debe concretar en cada uno de los derechos básicos, como son los derechos sexuales y reproductivos; entre ellos, el derecho al aborto.

En consecuencia, estas políticas públicas deben contemplar las decisiones de las mujeres que solicitan el aborto como decisiones firmes y responsables, como palabra de mujer. Y a partir de ahí, acompañarlas en esa decisión, facilitándoles el acceso a la prestación, con los medios técnicos adecuados y en condiciones óptimas de atención, seguridad y salud.

En pleno siglo XXI, desde el punto de vista democrático no es sostenible que se reconozca como prestigiosa, tanto en el ámbito médico como social, la labor desarrollada alrededor de las nuevas tecnologías reproductivas con el significante de la selección de embriones, la congelación y manipulación de óvulos y espermatozoides, etc., y, en cambio, la decisión de la mujer en torno a interrumpir su embarazo o incluso evitar que se produzca la fecundación del mismo siga estando bajo sospecha y, por tanto, tutelado.

En la actualidad, cualquier mejora en la cualidad democrática debe articulase en torno a cuatro círculos básicos de relación entre las personas y la sociedad en la que viven, con sus correspondientes pactos. El primer círculo tiene que ver con la conciencia individual y por tanto es el pacto en el que cada una de nosotras(os) hace consigo misma. El segundo círculo tiene que ver con el proyecto de vida. Es el pacto con el otro/la otra. El tercer círculo corresponde a cómo está estructurada la sociedad en su conjunto; es el pacto social, en la actualidad en proceso de redefinición del Nuevo Contrato. Y el cuarto círculo corresponde a la participación de la ciudadanía en las decisiones en torno al desarrollo concreto de nuestra sociedad; es el pacto entre ciudadanía y política. Todos ellos, recorridos por la vivencia de la sexualidad, incluyendo el parto y nacimiento de los hijos e hijas, como elemento básico de la felicidad de las personas.

Después de 22 años de la despenalización parcial del aborto, la educación sexual en las escuelas sigue siendo la gran ausente y los dispositivos de planificación familiar tienen básicamente el soporte del voluntarismo militante del personal que los atiende; según comunidades autónomas, el acceso a determinados métodos, incluida la prestación legal del aborto, no son gratuitos… La educación en el autoconocimiento y la autoestima como elementos indispensables para querernos y amar desde la dignidad de considerarnos personas, no aparece de manera integrada en la propia educación, etc., de ahí que debamos abordar el derecho al aborto en el marco de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que contemple entre otras cosas la regulación de la objeción de conciencia en consonancia con los nuevos derechos de ciudadanía.

Después de 22 años de resolución de las interrupciones voluntarias del embarazo en condiciones de salud y seguridad, a través principalmente de las clínicas privadas acreditadas, queda pasar de la normalización social que individualmente, a costa de su salud mental (el 98% de los abortos realizados), han ejercicio cada una de las 100.000 mujeres que abortan en nuestro país anualmente, y llegar a la normalización jurídica y sanitaria a través del consenso político, que restituya la autoridad de las mujeres.

El avance en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres ha dado un salto cualitativo en la legislatura que ahora finaliza, de ahí la absoluta confianza en la voluntad política del presidente Zapatero para hacer realidad ese consenso en torno a los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.

Consuelo Catalá Pérez es ex presidenta de ACAI y diputada socialista en las Cortes Valencianas

Ilustración de Iván Solbes