Cada 5 de marzo se celebra el Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación nuclear, una fecha en la que conviene reflexionar sobre la arquitectura legal existente en torno a las armas nucleares y a qué peligros se enfrenta.

El Tratado sobre la No Proliferación Nuclear (TNP), llamado la “piedra angular del régimen de no proliferación”, está en vigor desde 1970 y todos los países de la ONU son Estados parte, a excepción de Sudán del Sur (por ser país nuevo), India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Tiene 3 pilares: el desarme nuclear, la no proliferación y los usos pacíficos de la energía nuclear.

Según el artículo 1 del TNP, “Cada Estado poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado se compromete a no traspasar a nadie armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos”. En vista de esto, Rusia y Bielorrusia, Estados parte del tratado, estarían en clara contravención del TNP, al anunciarse el año pasado que el primero colocaría armas nucleares en territorio del segundo, algo muy criticado por el bloque de Occidente. No obstante, EE. UU. tiene armas nucleares en Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía, por lo que estos países también estarían en la misma situación.

Las excusas que han dado EE. UU. y sus aliados han sido que su acuerdo precede al TNP, que dichas armas están bajo la soberanía y el control estadounidense y no de los países anfitriones (excepto en una situación de guerra, en la que el país anfitrión puede tomar el control de estas armas) y que los arsenales no han sido sujetos a modernización. Sin embargo, la reacción de EE. UU. al movimiento de Rusia en Bielorrusia ha sido dotar a estos 5 países de nuevas armas nucleares. Esto los aleja -y nos aleja- cada vez más del imperio de la ley, ya debilitado por el reciente deterioro de los tratados bilaterales en manos de EE. UU. y Rusia (el Acuerdo de Irán, el Acuerdo de fuerzas de alcance intermedio y el Nuevo START).

La histórica renuencia para avanzar en el pilar del desarme nuclear, obligación contractual de los 5 países nucleares bajo el TNP (EE.UU., Rusia, Francia, Gran Bretaña y China) ya ha socavado el régimen de no proliferación nuclear, puesto que insistir en darles un rol a estas armas en doctrinas de seguridad contradice cualquier argumento en su contra. Si son necesarias para la seguridad de algunos, ¿por qué no para la seguridad de otros?

Insistir en la disuasión nuclear como política de seguridad es peligroso y absurdo. Son muchas las veces en las que los intentos de disuasión más bien han derivado en provocación, como en la Crisis de los misiles de Cuba de 1962, o como en esta nueva carrera armamentista. Cabe decir que la propia guerra en Ucrania, en la que Rusia usa su arsenal como coerción para prevenir la intervención de terceros, no es sino una consecuencia de que existan las armas nucleares, puesto que su función principal -y la razón de la férrea resistencia al desarme nuclear- es ser la moneda del poder. No es casual que comúnmente a estos países se les llame “potencias nucleares” y no “amenazas” o “peligros” nucleares.

Las amenazas cada vez más explícitas de Putin de usar su arsenal nuclear ante la reciente sugerencia de la implicación de tropas de la OTAN en Ucrania hacen que aumente el peligro en este juego de “quién es el más valiente” a niveles vertiginosos. Esta escalada nos lleva en un rumbo de colisión con un desenlace catastrófico e irreversible. Es urgente virar el timón en otra dirección.

Aquí es donde entra una nueva pieza clave en la arquitectura legal internacional: El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN). En vigor desde 2021 y con 93 Estados suscritos, el TPAN crea una normativa internacional –y con ella un comportamiento y forma de ver las cosas- que condena moralmente las armas nucleares y que reafirma que no son aceptables en ninguna circunstancia. Se acabaron las medias tintas: o las armas nucleares son aceptables o no lo son. Los países que no lo firmen se niegan a rechazar las armas nucleares y, por lo tanto, contribuyen a la retórica belicista nuclear. Tal es el caso de España, que aún se encuentra en el club de los no firmantes.

Cabe hacerse la pregunta de que, si un país como España no puede rechazar el uso de las armas nucleares en su nombre, ¿quién puede hacerlo? ¿Qué espera España para firmarlo? ¿Qué es lo que falta para que España esté del lado correcto de la historia?