El próximo 10 de noviembre se celebrarán las cuartas elecciones en cuatro años. Durante estos cuatro años, las empresas del Ibex 35 han consolidado prácticas que contribuyen a incrementar la desigualdad en nuestro país. Y los sucesivos gobiernos no han hecho nada para evitar esta situación.

El informe Quien Parte, Reparte, que acabamos de publicar en Oxfam Intermón, concluye que las empresas que cotizan en bolsa estarían contribuyendo a incrementar la desigualdad en nuestro país mediante diferencias salariales desorbitadas, manteniendo la brecha salarial, evitando pagar la parte justa de impuestos que les corresponde y priorizando el reparto de dividendos entre los accionistas por encima del bienestar de sus trabajadores y su responsabilidad con la sociedad en general.

Las empresas son agentes que con su acción pueden incrementar o reducir la desigualdad y, de hecho, deberían actuar para reducirla, ya que se beneficiarían con creces de una sociedad más igualitaria: una sociedad donde más personas pudieran consumir porque tienen más ingresos y con un Estado que garantizara unos servicios públicos y un entorno seguro y adecuado para que esas empresas puedan ejercer su actividad. Un Estado español más equitativo generaría más ganancias, tanto para las empresas y sus trabajadores y trabajadoras, como para la sociedad en general.

De promedio, en las grandes empresas, el más alto ejecutivo gana 123 veces el sueldo medio del resto de la plantilla. Y este sueldo medio se contrajo un 1,2% en 2018 mientras el de los dirigentes se incrementaba casi en un 6%. A día de hoy, ningún gobierno ha exigido adecuadamente a estas empresas que sean transparentes con sus ratios salariales, para que luego puedan comprometerse con ponerles límites.

Y estás empresas que deberían estar marcando la igualdad salarial de género aún mantienen una brecha entre hombres y mujeres del 15%, de manera que las mujeres deben trabajar 56 días más al año para cobrar lo mismo que sus compañeros. Y los políticos siguen sin formar un gobierno que invierta en inspección y sanciones para evitarlo.

Además, las grandes empresas no pagan la factura fiscal que les corresponde. Utilizan los paraísos fiscales para seguir eludiendo impuestos. De hecho, las empresas del Ibex siguen manteniendo 805 filiales en estos refugios fiscales. En esto años, ningún gobierno se ha arremangado para publicar una lista negra de paraísos fiscales actualizada, objetiva y ambiciosa, y establecer sanciones para las empresas que abusen de ellos.

Las grandes empresas también se benefician de los créditos fiscales que el estado, normalmente por adquirir empresas en pérdidas, les ha concedido por un importe de 66.142 millones de euros, equivalente a más de dos veces y media la recaudación del impuesto de sociedades. Y estos créditos los vamos a ir pagando todos los ciudadanos de nuestro bolsillo. Estas prácticas han contribuido a que el impuesto de sociedades haya caído del 21,4% en el año 2000, al 9,9% en 2018.

En los últimos cinco años, de cada 4 euros que las empresas ganaron en ese periodo, destinaron 3 a repartir dividendos entre sus accionistas. Su prioridad ha sido la rentabilidad a corto plazo de unos pocos y no el bienestar de su plantilla y su contribución al bien común. Y se sigue sin formar un gobierno que grabe el capital y fuerce a las empresas a tener en cuenta las necesidades de sus trabajadores y trabajadoras.

En estos cuatro años, el mundo político ha estado haciendo campaña electoral sin poner en marcha las medidas necesarias para que las empresas contribuyan de manera positiva a reducir la desigualdad. De hecho, según la huella de desigualdad que lanza Oxfam en este informe las empresas del Ibex estarían contribuyendo a incrementar la desigualdad en España y, por tanto, a no reducir la pobreza.

Ya hemos esperado mucho tiempo a que se pongan en marcha medidas que regulen las prácticas negativas de las empresas. Ya no podemos esperar más. Los distintos partidos políticos saben que el mensaje de la ciudadanía es que se entiendan para gobernar y que pongan en el centro los intereses y derechos de las personas.

La mayoría de partidos políticos están de acuerdo en regular la elusión y evasión fiscal, en acabar con los paraísos fiscales, en reducir la precariedad laboral y erradicar la brecha salarial de género. Estas medidas están incluidas en sus programas electorales. La mayoría de ellas figuran en los programas de los cuatro partidos estatales principales. Pero no basta con incluirlas en los programas, se tienen que poner a trabajar. Tienen que entenderse y llegar a acuerdos para gobernar. El chip electoral debe cesar para lograr una legislatura estable que permita avanzar en medidas para que las grandes empresas contribuyan a reducir la desigualdad y la pobreza y no a aumentarla.