Dos años de reivindicaciones trans* en Madrid

Los ciudadanos de las sociedades democráticas estamos educados en la obligación de cumplir lo ordenado por las leyes. Consecuentemente, es fácil imaginar la inmensa alegría y satisfacción que sentimos las personas trans* y sus familias cuando, el 16 de marzo de 2016, la Asamblea de la Comunidad de Madrid aprobó, con la abstención del Partido Popular, la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid (Ley Trans* de Madrid). No entraba dentro de nuestro marco de pensamiento que no fueran a hacerse realidad todos y cada uno de los cincuenta y siete artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y una disposición transitoria que contiene la ley. Pronto comenzamos a entender lo equivocados que estábamos, dando el inicio a dos años de lucha de las personas trans* y sus familias que aún no ha finalizado.

La falta de voluntad del Partido Popular por implementar de modo efectivo la Ley Trans* de Madrid se mostró de inmediato. Su entrada en vigor, como toda norma autonómica, estaba supeditada a su publicación en el Boletín Oficial (electrónico) de la Comunidad de Madrid (BOCM). Un acto que hubiera debido ser inmediato en la era digital, se retrasó más de un mes y medio, hasta el 26 de abril. La responsabilidad de la tardanza, más allá del plazo de quince días que suele ser habitual, ha de achacarse a quien tiene la competencia de ordenar su publicación de acuerdo con el Estatuto de Autonomía: Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. También ella es la máxima responsable de la accidentada implementación de la Ley Trans* por su Gobierno.

Desde su entrada en vigor, el desarrollo efectivo de la Ley Trans* de Madrid ha sido inapreciable. La denuncia del crónico incumplimiento de la norma por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido continuamente denunciado en la Asamblea de Madrid, en especial por la diputada Carla Antonelli. Es difícil encontrar una medida cumplida entre las previstas en la ley, ya sea relativa al tratamiento administrativo de la identidad de género, a la atención sanitaria de las personas trans*, en el ámbito de la educación, en el terreno laboral o en cualquier otro de los títulos de la norma. El incumplimiento más doliente de la Ley por el Gobierno de la Comunidad de Madrid es su negación del derecho a ser de las personas trans*, la falta de desarrollo reglamentario del procedimiento de expedición de acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada para el acceso a los servicios administrativos y de toda índole sin necesidad de aportar documentación adicional alguna.

La desobediencia de la obligación de desarrollo de una norma de tratamiento administrativo de las identidades trans*, ha dado lugar al aspecto más visible de estos dos años de lucha: La demanda de expedición con nombre y sexo sentido de las tarjetas de acceso a los servicios de salud sin acreditación de rectificación registral. Contra el criterio aplicado en otras Comunidades Autónomas con una norma equivalente, la Administración madrileña niega este derecho a las personas trans*. Han sido necesarios más de seis meses de trámites y recursos para obtener los informes jurídicos en que se basa esta negativa y acumular otra información necesaria para poder llevar la reivindicación hasta el Defensor del Pueblo. No sabemos aún cuánto más tiempo de humillación habrán de soportar las personas trans* en las consultas del sistema público de salud no siendo tratadas en las mismas conforme a su identidad de género, como obliga la Ley Trans* de Madrid en su artículo 13.

A lo largo de estos dos años, ha existido también aparente intención de desinformación sobre el grado de cumplimiento de la Ley Trans* por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La última sucedió el pasado 27 de febrero. Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se publicó una nota de prensa titulada “La Comunidad modifica los currículos de las etapas educativas para adaptarlos a las leyes por la igualdad social y contra la LGTBIfobia”, pomposamente subtitulada “Se da cumplimiento, dentro del ámbito educativo, a las leyes contra la discriminación aprobadas por el ejecutivo madrileño”. Nada más lejos de la realidad, se trata sólo de una tímida reforma del Decreto que regula el currículo educativo de bachillerato, sin acciones sobre otros niveles de enseñanza y sin desarrollo alguno de otros aspectos clave, como el “Protocolo de atención educativa a la identidad de género”. Sin este último, el personal directivo de los centros educativos seguirá como hasta ahora sin tener una guía concreta y precisa de cómo abordar la realidad de un alumno o docente trans*.

Lo preocupante del laxo cumplimiento por el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las obligaciones que le impone la Ley Trans* es su efecto en sobre los responsables de prestar los servicios públicos. Cualquier trabajador público reticente a cumplir con la norma encuentra campo abonado para interpretarla de modo restrictivo. Un presunto ejemplo de ello lo encontramos en la Unidad de Identidad de Género (UIG). A pesar que la ley señala que “la asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del Sistema Sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas trans a que previamente se deban someter a examen psicológico”, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, la UIG reconoce que “con carácter previo al inicio del tratamiento (hormonal) se descarta la existencia de psicopatología por el Servicio de Psiquiatría del Hospital de La Princesa”.

Vamos a dar una mala noticia al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Las personas trans* y sus familias no tenemos intención de cejar en la demanda de los derechos que nos reconoce la Ley Trans* de Madrid. Continuaremos demandando el desarrollo efectivo de la Ley Trans* porque lo contrario sólo produce dolor, sufrimiento, humillación y, en los casos más desgraciados como el reciente de Ekai, muerte. Seguiremos recordando a la Presidenta Cristina Cifuentes que, con la publicación en el Boletín Oficial de la ley, dió orden a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación la Ley a que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda a que la guarden y la hagan guardar.