Gaspar Llamazares

Diputado de Izquierda Unida por Asturias

El recorte adicional anunciado por el Gobierno de más de 10.000 millones en el gasto educativo y sanitario profundiza en la senda de restricción brutal del gasto público. Un camino que tras casi dos años de ser transitado, primero por el gobierno de Zapatero y ahora por el de Rajoy, sabemos lo que da de sí: más paro, más recesión, menos derechos y sensación creciente de la desesperanza ciudadana. Y todo porque Merkel se ha empeñado en hacernos pasar por las horcas caudinas a toda la ciudadanía y garantizar por encima de todo que sus banqueros sigan cobrando aún a costa de acabar con nuestros derechos y nuestro bienestar.

Porque no nos engañemos, lo cierto es que el PP aprovecha la crisis para menguar los servicios públicos pero lo hace fundamentalmente porque cree en otro modelo, un modelo en el que el Estado de todos se va sustituyendo por el negocio de unos pocos. Me temo que la gestión de nuestra sanidad y la educación públicas, auténticos frontispicios de nuestro Estado del medio estar, van a ser entregadas al sector privado para que este incremente sus márgenes de negocio. La situación económica se convierte en el pretexto perfecto, una oportunidad que el gobierno no va a dejar pasar.

Lo cierto es que los gastos en materia de educación y sanidad están muy por debajo, en términos tanto absolutos como relativos, de los países de nuestro entorno. Ahora, bajo el disfraz de la necesaria austeridad, lo que se pretende no es gestionar de manera más eficiente (hay que recordar que tenemos uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo), sino traspasar a los usuarios una parte del gasto que ahora es soportado por el Estado y financiado a través de los impuestos. Esta concepción de los servicios públicos está más cerca de entenderlos como bienes de consumo, que deben estar regidos por las leyes del mercado, que de considerarlos como un derecho básico de los ciudadanos y una obligación de los poderes públicos. La consecuencia de todo ello va a ser la extensión de una oferta sanitaria y educativa de dos velocidades: una de calidad, para quien pueda pagarla, y otra de mínimos, cada vez más precaria, para los sectores más desfavorecidos.

Pero los recortes anunciados también reflejan un ataque dudosamente constitucional a las competencias de las Comunidades Autónomas. Sin presentar un plan ante el instituciones democráticas, ni intentar consensuar los cambios con las Comunidades Autónomas, se quiere recuperar un estado centralista, en el que los gobiernos autonómicos se conviertan en meras delegaciones del gobierno, intervenidas, tuteladas y sin márgenes para elegir políticas diferentes a las dictadas por el PP. Por las buenas o por las malas, por iniciativa propia o por mandato de figuras más parecidas a los administradores concursales de las empresas en crisis que a gobernantes democráticos.

El origen de la situación en la que estamos inmersos, conviene recordarlo una y otra vez se sitúa avaricia desmedida y desregulada de nuestro sistema financiero, algo que nunca agradeceremos suficientemente al actual Gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez. Sin embargo las únicas medidas que se han tomado, esta vez con el consenso del PSOE y del PP en un remedo de aquel consenso de Washington que arruinó en los años 90 las economías latinoamericanas, han tenido que ver con la privatización de lo que nos quedaba de nuestro sistema financiero público, las Cajas de Ahorros, y un plan de reforma del sistema financiero que nadie se creé y que está hecha, mucho me temo, para que al final acabaremos pagando con dinero público sus desequilibrios.

Hemos tenido hace muy pocas fechas una huelga general en las que se expresó masivamente el descontento ciudadano y unos resultados en las elecciones andaluzas y asturianas muy distintas de las que el Partido Popular esperaba. Pero parece que el Gobierno no ha entendido el mensaje. Va a ser necesario que el Partido Popular, y no sólo el Partido Popular, vuelva a escuchar el clamor de la gente gritando que no es cierto que esto se solucione con más recortes a los de siempre. Que eso ya lo hizo Zapatero y fracasó estrepitosamente. Y que no va a consentir que se siga recortando su bienestar y sus esperanzas.