El enorme coste del olvido histórico

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Una de las grandes victorias de las fuerzas conservadoras, que dominaron la dictadura y la transición, fue la de mantener la versión falsa y tergiversada de la historia reciente de este país, impidiendo y dificultando la recuperación de la historia real del pasado que hubiera facilitado la comprensión del presente. Este deliberado olvido y ocultación ha empoderado enormemente tales fuerzas conservadoras y sus herederas, pues la versión dominante de este pasado, promovida en los mayores medios de difusión y persuasión del país, desde las Reales Academias a los grandes medios televisivos y a los mayores rotativos del país, ignora hechos fundamentales de nuestro pasado. De conocerse, éstos debilitarían enormemente tales fuerzas conservadoras, mostrando la falsedad y nula credibilidad de sus argumentos y su enorme responsabilidad en el daño que sus antecesores causaron a este país, condenándolo a un gran retraso económico, social, político y cultural, del que España todavía no ha salido. Hay múltiples ejemplos de ello.

La falsedad de los argumentos utilizados contra los supuestos “separatistas”

Uno de los más marcados es el de sostener que el golpe militar de 1936 tenía como objetivo salvar “la unidad de España” frente a los separatistas que querían dividirla. De ahí surge gran parte del mito de que Cataluña siempre haya querido independizarse de España (confundiendo su deseo de reconocimiento y de defensa de su identidad con una voluntad separatista), mito que también han reproducido las voces derechistas dentro del PSOE a partir de su renuncia al compromiso con la plurinacionalidad de España que había tenido durante la clandestinidad. La historia real, ocultada por tales voces, es que lo que los mal llamados “separatistas” (como el Presidente Companys y su gobierno de la Generalitat de Cataluña) querían no era la desunión, sino la redefinición de España, deseando el establecimiento de un Estado plurinacional que conllevara otra visión del país, más sensible a la diversidad existente en ella.

Algunas voces de izquierda que se han opuesto a tal redefinición han estado asumiendo erróneamente que el reconocimiento de la diversidad llevaría a la desigualdad. De ahí su apoyo al Estado central uninacional con el fin de garantizar la igualdad. El mejor indicador de la escasa (por no decir nula) credibilidad de este argumento es que España ha sido durante muchas décadas uno de los países más desiguales de Europa, habiendo sido a la vez uno de los países más centralizados, situación que continúa dándose en las políticas fiscales del Estado español. Suecia, por el contrario, uno de los países con menos desigualdades, tiene una de las políticas fiscales más descentralizadas que existen en este continente. En realidad, una de las causas de las grandes desigualdades en España es precisamente la captación del Estado central por parte de las élites económicas y financieras que dominan o ejercen una enorme influencia en la vida económica, mediática y política del país.

La falsa equidistancia en las responsabilidades de lo ocurrido en España durante la Guerra Civil y durante la Dictadura que se impuso

Otro ejemplo del coste elevadísimo de olvidar la historia es la resistencia a eliminar todos los símbolos de la dictadura en las calles y en la vida pública de España, argumentando que hay una incoherencia entre querer suprimir a los personajes de la Dictadura y a la vez mantener, o incluso promover, a personajes –como Santiago Carrillo o la Pasionaria, dirigentes del Partido Comunista- que son equiparados a los líderes de las fuerzas políticas que realizaron y apoyaron el golpe militar, formando más tarde parte de la dictadura. Se asume así una equidistancia en cuanto a la asunción de responsabilidades, justificada en la necesidad de tener una visión equilibrada de nuestra historia, mirando no solo a un lado, sino también al otro. Esta visión es hoy la más extendida en los medios de influencia y persuasión y es la que se presenta también, con mayor intensidad, para apoyar la postura de que es mejor “no mirar al pasado”, pues todos cometieron barbaridades.

Esta supuesta neutralidad es, sin embargo, profundamente injusta y antidemocrática, además de ser sesgada, pues se pone en la misma categoría a los que destruyeron la democracia (los que establecieron y colaboraron con la dictadura) y a los que la defendieron. El Partido Comunista defendió la República y más tarde se distinguió en la lucha contra la Dictadura, liderando la resistencia frente a ella. Que el Partido Comunista cometiera errores y realizara prácticas denunciables (muchísimo menores que las realizadas por el Ejército español y por la Falange) durante el periodo de la Guerra Civil no niega la labor importante que realizó en defensa de la República y en contra de la Dictadura. Poner a la Pasionaria y a Carrillo en la misma categoría que al General Millán-Astray me parece de una aberración antidemocrática extrema, que solo se puede entender en un país con una escasísima cultura democrática, en donde todavía hay un enorme monumento al Dictador que ha sido responsable del mayor número de asesinatos de españoles y de demócratas (como porcentaje de la población) que haya existido en Europa. Según el Profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia, Nueva York, experto en fascismo europeo, por cada asesinato político que cometió el régimen fascista liderado por Benito Mussolini, el régimen liderado por el General Franco cometió 10.000. ¿Cómo puede España definirse como un país demócrata, cuando tiene un monumento a tal asesino y el Estado supuestamente democrático (que no significó una ruptura, sino una adaptación) no haya hecho nada? ¿Se imagina un monumento a Hitler en Alemania o a Mussolini en Italia? Esta situación debiera ofender a toda persona con sensibilidad democrática, sensibilidad que, a la luz de los hechos, parece muy poco desarrollada en los establishments político-mediáticos de España. Así de claro.