JULIO CARABAÑA

La Generalitat de Cataluña se propone crear “espacios de bienvenida” donde los inmigrantes de entre 8 y 18 años aprendan la lengua y la cultura de su nuevo entorno fuera de las escuelas. Tales espacios no son nuevos, pues existen ya en Cataluña, y con diversos nombres (“enlace”, “bienvenida”), en el resto de España y, desde luego, de Europa. Lo nuevo está en separarlos de las escuelas, aislando a los recién llegados de sus coetáneos. En términos algo pedantes, lo que se propone es un proceso inicial de aculturación sin socialización.

¿Qué sentido tiene esto? Quiero dejar claro ante todo que no me opongo a la medida por principio. Con frecuencia me he manifestado contra la prescripción por ley de la didáctica y la organización de las escuelas, y soy partidario de que los centros decidan cómo agrupar a los alumnos. Y creo incluso que en ciertas circunstancias lo mejor puede ser separar a los alumnos con necesidades específicas de los demás, por un tiempo o por siempre. Ahora bien, ¿es este el caso? Creo que no.

La medida se pretende justificar por la presión que ejerce sobre los centros la llegada de alumnos inmigrantes a mitad de curso. En conjunto, se recuerda, los alumnos inmigrantes rondan el 15% del total, y mucho más en la enseñanza pública. Las dificultades de la integración se reflejan en los resultados: en el último estudio PISA, los alumnos inmigrantes en Cataluña puntuaron 428 puntos, la media más baja de Europa, aunque no mucho más baja que la del resto de España (más sobre este punto puede verse en www.ocde.es y en www.colegiodeemeritos.es).

Son sin duda preocupantes tan malos resultados, pero tienen poco que ver con la acogida de los alumnos. Digamos que –perdónense los términos– se están confundiendo los stocks con los flujos. Puede haber en total un 20% de alumnos extranjeros, pero como llevan 10 años viniendo, los alumnos nuevos son solo un 2% cada año. Cierto que hay concentraciones. Pero para que en una clase de veinte alumnos haya cuatro recién llegados se necesita o que en esa zona haya una inmigración diez veces más intensa que la media o que esa clase esté acogiendo los alumnos que deberían repartirse diez. En realidad, salvo casos excepcionales muy estudiados, las concentraciones no son tan grandes. Así, en los más de cincuenta centros de la muestra PISA de 2006, en ocho había más de un 20% de alumnos con padres extranjeros, de los cuales solo dos rondaban el 30%. No parece que, por grandes que sean algunos, los desequilibrios en los flujos puedan explicar las dificultades en la gestión global de los stocks.

En cualquier caso, esos desequilibrios en los flujos no deberían darse, al menos según la ley. La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 tiene como principio básico el esfuerzo igual de todos los centros sostenidos con fondos públicos en la escolarización de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Una parte –solo una parte– de los alumnos inmigrantes tienen tales necesidades, bien por ignorar la lengua de la escuela o por llevar retraso en su escolarización. Cuando se promulgó la LOE critiqué que permitiera a los Gobiernos tanto como fijar un máximo de alumnos con necesidades específicas por centro, reservarles plaza e incrementar en un 10% (dos alumnos en una clase de 20) el máximo de estudiantes por aula para darles acogida. Es claro que, con la LOE en la mano, quien deja que los alumnos necesitados de apoyo se concentren en unos pocos centros es porque quiere.

Concentrados o dispersos, la LOE permite casi cualquier procedimiento para apoyar a los alumnos que lo necesitan. Cuando se promulgó, alabé su flexibilidad en este punto, pues, amén de mandar que se desarrollen “programas específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos”, permite en general todo tipo de diversificaciones y adaptaciones curriculares. La única condición que pone es que el desarrollo de estos programas sea “simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje”. ¿Tan dura es esta condición que la Generalitat no la puede cumplir? ¿Por qué habría de ser mejor no escolarizar a los recién llegados? ¿No es la convivencia el mejor modo de que aprendan la lengua y no digamos las costumbres de su nuevo entorno? Siendo la inmersión, justo por eso, la política de la Generalitat desde hace tantos años, ¿cómo es que de pronto no funciona para los inmigrantes?

Ni siquiera se justifica el aislamiento en el caso extremo de quienes llegan con catorce o quince años hablando en lenguas no romances. Supongamos que se quiere aprovechar el poco tiempo que van a estar en la escuela para enseñarles la lengua y las costumbres de su nuevo entorno, dejándose de historias e incluso de matemáticas. Pues bien, hasta esto puede hacerse en el marco de la ley, como atestiguan las “aulas de acogida” o “aulas de enlace” que funcionan en muchas CCAA, Cataluña entre ellas. Y debe hacerse, incluso si la escolarización simultánea en grupos ordinarios se reduce al recreo y poco más. La convivencia –con nativos e inmigrantes veteranos, no se olvide– sigue siendo el modo de aculturación más eficaz también para estos alumnos.

Extraña realmente la propuesta de Ernest Maragall. Es innecesaria, es ineficaz, va contra a la política general de su propio Gobierno y, además, viola la Ley Orgánica de Educación recién votada por su partido. ¿Qué puede haber llevado al Conseller de Educación de la Generalitat a tal apuesta? He oído hablar de cálculos políticos, de la osadía de la vanidad, de simple incompetencia, incluso de las dificultades del catalán en los patios de recreo. No son explicaciones que me resulten verosímiles, aunque la verdad es que yo no encuentro una mejor.

Julio Carabaña es catedrático de Sociología de la Facultad de Educación-CFP (UCM)

Ilustración de Patrick Thomas