ANA ROSA ALCALDE

Hace sólo diez años que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este dato demuestra hasta qué punto estaba asumido en todas nuestras sociedades que la violencia contra las mujeres era algo natural e inevitable y, en el mejor de los casos, un mal menor que tolerar. Afortunadamente, la lucha de los movimientos feministas (especialmente durante los últimos 30 años, con el respaldo de las Conferencias Mundiales sobre la Mujer) ha permitido revertir este estado de opinión, crear una serie de mecanismos internacionales, regionales y nacionales –no del todo eficaces– e introducir en la agenda global una lluvia fina de datos escalofriantes de los que antes no disponíamos. Sin embargo, estos esfuerzos todavía son claramente insuficientes. Un día como hoy debe servir para tomar conciencia de la envergadura de un problema que trasciende todas las fronteras políticas, económicas y culturales y limita directamente los avances en el desarrollo y en el respeto a los derechos humanos.

La violencia contra las mujeres y las niñas es la violación a los derechos humanos más generalizada que se produce en la actualidad. Abarca desde las formas más predominantes de violencia intrafamiliar y sexual –tráfico de mujeres y prostitución forzosa, violencia sexual como táctica de guerra o de represión política– hasta prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital, la selección prenatal del sexo a favor del masculino, el infanticidio femenino o las muertes por motivos de honor y dotes. Se produce en espacios variados: en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las zonas rurales, en las periurbanas, en las grandes capitales. En muchos de estos casos, la violencia no es aleatoria, ya que tiene lugar precisamente porque las víctimas son del sexo femenino. Cuando esta violencia acaba en muerte se conoce como feminicidio.

Los datos acompañan estos hechos: el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) estima que alrededor del 70% de las mujeres son víctimas de violencia física o sexual por parte de un hombre a lo largo de sus vidas. La violación y la violencia doméstica representan un riesgo más alto para las mujeres de entre 15 y 44 años que el cáncer, los accidentes de tráfico y la malaria.

La violencia contra las mujeres es, además, un importante freno al desarrollo y consecuencia directa de la discriminación que sufren. Detrás de la persistente feminización de la pobreza, de la precarización del empleo femenino y del no reconocimiento del trabajo doméstico y el cuidado de familiares como actividad económica, detrás de la brecha de género en la educación, subyacen estructuras sociales. Tomando formas políticas o culturales, estas estructuras perpetúan injusticias y limitan el pleno ejercicio de derechos a las mujeres y sus posibilidades para defenderse de las situaciones de violencia. La todavía insuficiente participación de las mujeres en la política, en las instituciones y en los poderes económicos contribuye a invisibilizar la violencia de género como un grave problema social.

Si hay algo que queda claro este 25 de noviembre de 2009, es que todavía queda un largo camino. Es necesario colocar la eliminación de la violencia contra las mujeres en el centro de la agenda internacional del desarrollo y de los derechos humanos, trabajando más explícitamente los vínculos entre violencia machista y Desarrollo Humano e incluyendo entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio indicadores para medir el relativo a la igualdad de género en términos de vivir una vida sin violencias. Es necesario también enmarcar los debates sobre violencia en la perspectiva del ejercicio de los derechos humanos, especialmente con el aumento dramático del negocio de la trata de personas y el cada vez más explícito uso de la violencia sexual como arma política.

Pero se requiere algo más: construir alianzas más potentes y efectivas entre las instituciones, las organizaciones y los movimientos que compartimos esta visión. El caldo de cultivo ya está ahí: en los últimos años, las organizaciones feministas se han movilizado en muchos países para conseguir legislaciones nacionales en contra de la violencia de género y reformas institucionales para prevenirla y subsanar sus efectos. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han hecho del tema un eje central de su trabajo. Gobiernos como el de España han hecho de la erradicación de la violencia de género un tema central de su política y numerosos medios de comunicación se involucran en campañas de prevención, esenciales para visibilizar y cambiar valores. En el campo del desarrollo, ONG del Norte y del Sur apoyamos iniciativas locales para atajar la violencia de género en países en desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

No obstante, a todos nos queda pendiente un elemento esencial: aunar fuerzas y coordinar de manera más efectiva nuestros recursos y redes para conseguir que la eliminación de la violencia de género sea un tema central de la agenda internacional. Esta semana, instituciones gubernamentales y ciudadanas de diez países se dan cita en Madrid para intercambiar experiencias de trabajo contra la violencia de género en distintos puntos del planeta. Iniciativas como esta, o como la Plataforma Mundial de Acción de UNIFEM, “Di no, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”, son pasos necesarios para empezar a andar ese camino.

Ana Alcalde es directora de Solidaridad Internacional

Ilustración de Mikel Casal