Marina Albiol Guzmán

Eurodiputada de Izquierda Unida y portavoz de la delegación de Izquierda Plural en el Parlamento Europeo

Esta semana hemos tenido un debate en el Parlamento Europeo sobre la creación de un fondo fiduciario de 1.800 millones de euros para África en materia de cooperación. A simple vista, esta propuesta podría parecer una idea acertada de Bruselas, ya que la cuantía de ese fondo se dedicaría a países como Uganda, Camerún, Mali o Senegal. Sin embargo, cuando se analiza a qué se dedicará concretamente el dinero, la idea se convierte de golpe en una decisión perversa y repulsiva.

Antes de explicar por qué, cabe decir que este proyecto se pactó en noviembre de 2015 durante la cumbre de migración de jefes de Estado y Gobierno europeos y africanos que se celebró en Malta. El contexto de este encuentro venía marcado por la muerte de miles de personas migrantes y refugiadas en el Mediterráneo y en el Egeo y se presentó como un intento de reforzar la cooperación entre la UE y África para abordar los desafíos de la migración.

Una de las conclusiones de esa cumbre fue la creación de un fondo fiduciario para África financiado con fondos de ayuda al desarrollo y la cooperación. Pero el dinero, en lugar de poder destinarse a proyectos de educación, de saneamiento y agua o políticas de salud pública, se dedicará a que determinados países actúen de policías en las fronteras de la UE.

Y así se hará porque la nueva política de cooperación de la UE prioriza la seguridad, la consolidación de la Europa fortaleza, a la reducción de la desigualdad. Y esto no es una anécdota, porque permite reorientar toda la ayuda a la compra de voluntades, a la compra de países que hagan el trabajo sucio por la UE.

Estamos también ante un nuevo episodio de la externalización de fronteras, como los que se da en Turquía, Túnez o Marruecos, pero utilizando a los países más empobrecidos, a países en guerra o a países con dictaduras criminales.

Hablamos, entre otros, de Eritrea, Somalia, o Sudán. Estados que recibirán parte de los 1.800 millones para que impidan a los migrantes o refugiados salir de su país, que si ya han salido, les impidan el tránsito, o que los acepten de vuelta una vez sean deportados desde Europa.

Es un fondo de chantaje y, como el acuerdo UE-Turquía, un contrato de servicios. La UE está dispuesta a seguir dando fondos a gobiernos corruptos, autoritarios y que violan permanentemente los derechos humanos, como por ejemplo Sudán, cuyo presidente está perseguido por el Tribunal Penal Internacional.

Europa vuelve a pagar a cambio de que estos países repriman y controlen los flujos migratorios sin importar lo que hagan para ello. Y hay ejemplos de a lo que se dedican estos fondos. Está el centro de detención de Níger en medio del desierto. Un “centro de información”, según la UE, construido con fondos europeos para que los migrantes no continúen su ruta hacia Europa.

Muchas veces, desde la izquierda europea hemos insistido en que había que actuar en el origen de la migración. Pero desde luego no nos referíamos a esto, sino a resolver las causas reales del empobrecimiento de los países de origen. Esas causas son la explotación y el expolio de recursos humanos y naturales por parte de las multinacionales, el acaparamiento de tierras, el apoyo de la UE y sus Estados miembros a gobiernos corruptos y autocráticos, el negocio de las armas o las consecuencias perniciosas del pago de la deuda externa.

Para la mayoría de la Eurocámara -que sigue apoyando la encarcelación en CIE de personas migrantes sin que hayan cometido delito alguno y la deportación y expulsión forzada de personas-, parece que es necesario recordarle algo tan básico como que migrar es un derecho humano de toda persona y que dar asilo es nuestra obligación.

Pero sobre todo hay que volver a decir alto y claro que el derecho por el que tenemos que trabajar es el derecho a no migrar, a poder vivir en condiciones de dignidad en nuestros países.