Ante el fuerte aumento de las deudas a pagar: repensar alternativas

Los países más pobres se enfrentan a un aumento de 11.000 millones de dólares en los pagos de su deuda en 2022. El Banco Mundial advierte del riesgo de "impagos desordenados".

Un grupo de 73 países de ingresos bajos y medianos tendrá que reembolsar unos 35.000 millones de dólares a prestamistas oficiales bilaterales y del sector privado en 2022, un 45 % más que en 2020.

Sri Lanka es considerado uno de los más vulnerables. Ghana, El Salvador y Túnez corren el riesgo de estar en dificultades. Zambia ya ha declarado suspensión de pagos desde 2020 por un monto de 3.000 millones de dólares y su situación no mejora. El gobierno de Zambia está en proceso de negociar un nuevo crédito del FMI que, de ser otorgado, requerirá que el país tome medidas de austeridad.

Los países más pobres del mundo se enfrentan a un aumento de casi 11.000 millones de dólares en los pagos de la deuda este año, después de que muchos rechazaran el plan 2020 del FMI y el BM porque estaba vinculado a nuevas condiciones y a una pérdida adicional de soberanía. Estos países han recurrido a los mercados financieros para financiar su respuesta a la pandemia del coronavirus.

David Malpass, presidente del Banco Mundial, ha advertido de que la insistencia de los acreedores en recibir su pago aumentará el riesgo de impagos que se harán de forma desordenada. "Los países se enfrentan a la reanudación de los pagos de la deuda justo cuando carecen de los recursos necesarios para hacerlo", dijo.

Este aumento es consecuencia de que las economías en desarrollo se endeudan más para hacer frente al impacto del coronavirus en la economía y la sanidad, así como del aumento del coste de refinanciar los préstamos existentes y reanudar los pagos de la deuda que habían sido suspendidos tras el estallido de la pandemia.

Según el Banco Mundial, alrededor del 60% de todos los países de bajos ingresos necesitan reestructurar su deuda o corren el riesgo de tener que hacerlo, y es probable que se produzcan más crisis de deuda soberana.

Los gobiernos y las empresas de los países de bajos y medianos ingresos emitieron obligaciones por un valor de alrededor de 300.000 millones de dólares cada año en 2020 y 2021, es decir, más de un tercio más que los niveles previos a la pandemia, según datos del Institute of International Finance/Instituto de Finanzas Internacionales, un cártel de los principales bancos y sociedades financieras privadas.

Las emisiones de bonos soberanos por parte de los países en desarrollo han aumentado durante la pandemia. El aumento inminente de los reembolsos se produce a pesar de una iniciativa global tramada por el G20 con el FMI, el Banco Mundial y el Club de París, destinada a aliviar la carga de la deuda de los países pobres, que ha resultado ser pólvora mojada.

La iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, lanzada por el grupo de las principales economías del G20 en abril de 2020, tenía como objetivo diferir alrededor de 20.000 millones de dólares adeudados por 73 países a prestamistas bilaterales entre mayo y diciembre de 2020. El CADTM había denunciado en octubre de 2020 en términos muy claros las medidas tomada por el G20[1]. Pero aunque se haya extendido hasta finales de 2021, solo 46 países han solicitado sumarse a esta iniciativa. Cabe señalar que, de todos modos, estos 46 países continuaron pagando el servicio de la deuda en 2020 y 2021 con acreedores privados y una serie de prestamistas multilaterales. Estos 46 países deben ahora pagar la totalidad del servicio de la deuda para el año 2022, es decir, las deudas contraídas con acreedores bilaterales, multilaterales y privados.

La pandemia también ha ampliado los déficits presupuestarios. Más de la mitad de los Estados pobres están ahora sobreendeudados o en riesgo de sobreendeudamiento, en comparación con el 30% en 2015.

El nuevo perfil de los acreedores dificultará la reestructuración de las deudas. En el lapso de diez años, el sector privado se ha convertido en el principal prestamista para los países de bajos y medianos ingresos. Poseía así el 40% de la deuda externa total de África en 2019, en comparación con solo el 17% veinte años antes.

Los costes de endeudamiento están aumentando

Mientras tanto, los costes de endeudamiento están aumentando. Durante los primeros dos años de la pandemia, el mantenimiento de tasas de interés bajas por parte de los principales bancos centrales del Norte permitió a los gobiernos pedir prestado a un costo relativamente bajo, ya que los prestamistas buscaban mejores rendimientos en el Sur que los obtenidos en el Norte. Pero como los inversionistas esperan cada vez más condiciones monetarias globales más estrictas este año, se vuelve más costoso refinanciar las deudas existentes. La Reserva Federal de Estados Unidos ha iniciado un proceso de subida de tasa de interés para combatir el repunte de la inflación en su territorio. Esto conducirá probablemente en el futuro a una importante repatriación de capitales financieros hacia el Norte y, en particular, en un primer momento hacia los Estados Unidos.

El proceso ya ha comenzado. Los fondos de inversión extranjeros han comenzado a alejarse de los mercados emergentes. "El acceso al mercado es algo maravilloso cuando hay dinero barato, pero puede haber una visión diferente cuando las condiciones se ponen difíciles", dijo Ayhan Kose, Jefe de la Unidad de Pronósticos Económicos del Banco Mundial.

“Los problemas de la deuda van en aumento y el espacio fiscal del mundo en desarrollo seguirá reduciéndose. Realmente corremos el riesgo de ser testigos de otra década perdida para los países en desarrollo”, dijo Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

El "plan común" del G20 obliga a los países participantes a ponerse de acuerdo primero con los acreedores bilaterales y el FMI, y luego a obtener el mismo alivio de la deuda de los acreedores privados. Solo Chad, Etiopía y Zambia se han postulado, y las negociaciones no han conseguido ningún progreso en esta etapa.

Más allá de las alertas emitidas por el Banco Mundial y otras instituciones

Más allá de los factores coyunturales detrás del inicio de esta nueva crisis de deuda en el Sur, vale la pena destacar las causas estructurales e históricas.

El Banco Mundial, el FMI, el Club de París, las clases dominantes del Norte y del Sur vienen afirmando desde la independencia que cualquier país del Sur que quiera experimentar el progreso económico debe obligatoriamente tanto endeudarse como abrir su mercado interno a los productos e inversiones extranjeras. Los mismos actores afirman que los países del Sur ricos en materias primas deben explotarlas al máximo y exportarlas. Esta visión dogmática que se basa en el tríptico de deuda, máxima apertura de las economías y extractivismo mantiene a los países en dependencia, subordinación, subdesarrollo y endeudamiento permanente. La inmensa mayoría de la población de estos países vive, en el mejor de los casos, en la precariedad y, en el peor, en la pobreza extrema.

La deuda que es contraída por la mayoría de los gobiernos se utiliza para financiar proyectos y políticas que en realidad aumentan la dependencia del país y acaban en un fracaso. Esto no permite que el país salga del endeudamiento. Los nuevos préstamos sirven para pagar los antiguos. Circunstancias externas periódicas hacen muy difícil o imposible el reembolso. Las causas más frecuentes son la subida de las tasas de interés a nivel internacional que aumenta el coste de refinanciación de la deuda, la subida de los precios de los productos importados que aumenta la factura de las importaciones en monedas fuertes, la revaluación del dólar o de otras divisas fuertes en relación a la moneda nacional, una mala cosecha que reduce los ingresos por exportaciones, la caída de los precios de los productos exportados, los efectos de una crisis económica internacional, las consecuencias de una pandemia, etc. En el caso de Sri Lanka, es este último factor lo que hace que la situación sea muy difícil. Cuando el país depende de las divisas que aportan los turistas extranjeros que vienen de vacaciones a la isla, la pandemia ha provocado una brutal caída en los ingresos y el gobierno tiene grandes dificultades pagar la deuda.

La colaboración entre el Banco Mundial y el FMI es esencial para ejercer la presión máxima sobre los poderes públicos. Y para completar el tutelaje de la esfera pública y de las autoridades, para avanzar en la generalización del modelo, la colaboración del binomio Banco Mundial/FMI se extiende a la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde su nacimiento, en 1995.

La agenda oculta de estas instituciones y de las clases dominantes, la que se aplica en realidad, en cambio, tiene por objetivo la sumisión de la esfera pública y de la privada, de todas las sociedades humanas, a la lógica de la búsqueda del máximo beneficio en el marco del capitalismo. La puesta en práctica de esta agenda implica la reproducción de la pobreza (no su reducción) y el aumento de las desigualdades, también un estancamiento, cuando no una degradación, de las condiciones de vida de una gran mayoría de la población mundial, combinada con una concentración cada vez mayor de la riqueza. Así mismo, comporta una prosecución de la degradación de los equilibrios ecológicos, que pone en peligro el futuro de la humanidad.

Una de las muchas paradojas de la agenda oculta es que, en nombre del fin de la dictadura del Estado y de la liberación de las fuerzas del mercado, los gobiernos aliados a las transnacionales utilizan la acción coercitiva de las instituciones públicas multilaterales (Banco Mundial, FMI, OMC) para imponer su modelo a los pueblos.

Romper con un modelo y un sistema que lleva a reproducir la pobreza y profundizar las desigualdades

Ante la evidencia de los riesgos de suspensión de pagos de la deuda, el aumento flagrante de las desigualdades y la ampliación de la brecha entre las economías opulentas y las economías empobrecidas tras la aplicación del modelo resumido más arriba, las y los líderes de las instituciones multilaterales multiplican las declaraciones para expresar sus preocupaciones.

Estas instituciones no hacen ninguna autocrítica, nunca destacan las verdaderas causas de la situación.

Es por estas razones que debemos romper radicalmente con el modelo aplicado por el Banco Mundial, el FMI, la OMC, la OCDE, el Club de París, las clases dominantes del Norte y del Sur.

Hay que cuestionar a fondo el concepto de desarrollo estrechamente ligado al modelo productivista. Un modelo que excluye la protección de las culturas y su diversidad; que agota los recursos naturales y degrada de manera irreparable el ambiente; que considera la promoción de los derechos humanos, en el mejor de los casos, como un objetivo a largo plazo (pero a largo plazo estaremos todos muertos); que, en realidad, más bien percibe dicha promoción como un obstáculo para el crecimiento, que considera la igualdad como impedimento, incluso como un peligro.

No es verdad que los PED tengan que recurrir al endeudamiento externo para financiar su desarrollo. En la actualidad, el recurso al empréstito sirve esencialmente para asegurar la continuidad del pago de la deuda. A pesar de la existencia de importantes reservas de divisas, los gobiernos y las clases dominantes locales del Sur no aumentan la inversión y los gastos sociales.

Es necesario romper con la visión dominante que ve el endeudamiento como una necesidad absoluta. Además, no hay que dudar en abolir o repudiar las deudas odiosas o ilegítimas. En efecto, una gran parte de las deudas han sido contraídas contra los intereses de la población.

Dicho esto, el endeudamiento público no es malo en sí, si se concibe de una manera radicalmente distinta a la del sistema actual.

El empréstito público es totalmente legítimo si sirve a proyectos legítimos y si aquellos que contribuyen al empréstito lo hacen de manera legítima. La deuda pública podría utilizarse para financiar ambiciosos programas de transición ecológica y no para aplicar políticas antisociales, extractivistas y productivistas que favorecen la competencia entre las naciones.

Hay también otras medidas que deben permitir la financiación legítima del presupuesto del Estado: obtener préstamos a interés cero por parte del Banco Central, establecer un impuesto a las grandes fortunas y a los más altos ingresos, dictar multas sobre las empresas responsables del gran fraude fiscal, reducir radicalmente los gastos militares, acabar con los subsidios a bancos y a grandes empresas, aumentar los impuestos a las empresas extranjeras especialmente en los sectores de las materias primas…

Salir del ciclo infernal del endeudamiento sin caer en una política de caridad

Para eso, se requiere una gestión alternativa: es necesario salir del círculo infernal del endeudamiento sin caer en una política de caridad que tiene por fin perpetuar un sistema mundial dominado completamente por el capital y por algunas grandes potencias y sociedades transnacionales. Se trata de establecer un sistema internacional de redistribución de los ingresos y de las riquezas con el fin de reparar el saqueo multisecular al que se ha sometido los pueblos de la periferia y al que siguen sometidos.

[1] El CADTM condena las medidas del G20’ sobre la deuda, 16 octubre 2020. https://www.cadtm.org/El-CADTM-condena-las-medidas-del-G20-sobre-la-Deuda