El precio de la energía en todas sus variantes ha alcanzado niveles tan obscenos que una se pregunta cómo lo soportamos sin que la protesta vaya más allá de airados comentarios en las redes sociales o en nuestras conversaciones personales. Es evidente que la invasión rusa de Ucrania ha dado una vuelta de tuerca a esa imparable escalada, pero no nos engañemos, el problema, -sería más exacto decir la estafa-, ya estaba ahí, y el megavatio lleva meses batiendo un récord tras otro.

Una tendencia que tiene ganadores: las grandes multinacionales de la energía en todas sus variantes, desde el lobby eléctrico a las petroleras. Y todas sabemos quienes pierden: usted, trabajador, trabajadora; usted que tiene un comercio, una pequeña o mediana empresa, incluso las grandes empresas que generan cientos de empleos atrapadas por una espiral inflacionista que está empobreciendo a las familias y poniendo en riesgo la recuperación económica cuando apenas empezábamos a salir de la crisis.

Nuestro sistema productivo, incluso nuestro sistema de bienestar, depende de la energía, es un elemento esencial, un servicio básico. Así que la pregunta es obvia: ¿por qué un bien esencial no es público? Sobre todo, teniendo en cuenta que una parte substancial se obtiene a partir de recursos naturales cuya propiedad es colectiva. Países como Francia, Italia, Alemania, Holanda, Suiza, Australia o Japón cuentan con entidades estatales de energía.

España no. La tenía, se llamaba Endesa, y en 2021 obtuvo un beneficio neto de 1.902 millones de euros, pero hoy es propiedad de la italiana Enel, después de que sucesivos gobiernos del PSOE y del PP la hubieran vendido por trozos hasta su total privatización, porque siempre podemos contar con el bipartidismo para fomentar el negocio privado a costa de lo público, que para eso están las puertas giratorias. Por ejemplo, la que tomó José María Aznar en dirección a, ¿adivinan?, Endesa; o la que cruzó Pedro Solbes para entrar en, ¿adivinan?, Enel.

La relación de ex presidentes, ministros, ministras o altos cargos que están o han estado en nómina de multinacionales del lobby eléctrico llenaría este artículo. Obviamente, no es una práctica exclusiva del Estado español, lo que explicaría por qué la actual legislación tanto en España como en la Unión Europea favorece a las grandes empresas del sector frente a la ciudadanía que cada mes pagamos la factura que engorda sus desorbitados beneficios.

Por eso, cuando desde Bruselas el señor Borrell pide bajar el consumo de calefacción debería recordar que en Galiza y en España hay muchas familias que no encienden nunca la calefacción, nunca, porque padecen pobreza energética, y que según las estadísticas 3,5 millones de personas no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares, con lo que eso implica incluso en términos de salud. Y mientras esto pasa, las eléctricas se forran, al igual que sus directivos. A modo de ejemplo: Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, que ganó 13,2 millones de euros en 2021.

En este momento el megavatio/hora ha llegado a superar los 500 euros en una sociedad en la que ser mileurista es la aspiración para millones de jóvenes o en donde la media salarial no puede soportar la escalada del precio de la luz, el gas, la gasolina o la cesta de la compra. Y que hacen el Gobierno español o la Unión Europea para bajar la factura eléctrica que, recordemos, lleva disparada muchos meses. Pues básicamente nada.

La normativa europea tiene el tope de precio del MW/h en 3.000 euros. Si, pasmoso e indignante. Y en España el precio se fija a través de una subasta que permite los llamados “beneficios caídos del cielo”. Esto es, no importa que la mayor parte de la energía que se consuma proceda de fuentes baratas como la eólica, hidráulica o nuclear, porque el consumidor la pagará al precio de la energía más cara, como la térmica o, en este momento, el gas. Es como si entras en una pescadería, compras diez quilos de sardinas y cien gramos de cigalas y nos lo cobran todo a precio de cigala.

Cierto, es totalmente incompresible, en realidad es surrealista, pero lo que en cualquier otro ámbito sería un disparate, en el mercado eléctrico se aplica como si fuese una ley inapelable. Y de momento ni el Estado español ni la Unión Europea han sido capaces de tomar ni una sola medida eficaz para mudar un sistema que empobrece a la mayoría mientras una élite se pone las botas. Lo que nos dice bien a las claras quien manda, quien fija las reglas, los grandes lobbies económicos que gobiernan sin pasar por las urnas y que dictan las normas y las leyes en función de sus intereses.

¿Cuánto tiempo más seguirá escalando la factura energética? Seguramente hasta que el precio alcance una cifra inasumible para el propio sistema, y entonces los Estados celebrarán su solemne cónclave en el marco de la UE y anunciarán que toman decisiones, anunciarán que van a intervenir en el mercado energético, aunque, seguramente, todo quedará en un puñado de retoques para salir al paso, pero sin poner en cuestión un modelo que trata un bien esencial, como la energía, como mercancía especulativa.

Es obvio que no es fácil cambiar el actual sistema, demasiados intereses en juego, pero se puede hacer si quien gobierna se guía por lo único que debería importar: el interés de la mayoría social. Y eso pasa por poner la energía al servicio de la sociedad, no de un puñado de multinacionales.

En Galiza, productora neta de electricidad pasa, por ejemplo, por disponer de una tarifa específica más barata que compense los costes ambientales de tener el territorio lleno de embalses o 4.500 aerogeneradores en nuestros montes. Pero esa medida ha sido sistemáticamente vetada por Feijóo, el aún presidente de la Xunta, de gira electoral para instalarse en Génova. No sólo no obtenemos ningún beneficio, sino que hay miles de empleos en juego por los costes energéticos en un país rico en electricidad.

Lo lógico cuando hablamos de un bien esencial es que haya una empresa pública que lo gestione y, en esa misma dirección, lo lógico es que también se recupere para lo público todas las centrales hidroeléctricas a medida que venzan las concesiones. Lo lógico y lo justo es que quien gobierna sepa a quien se debe, defienda lo de todos y todas plantando cara a esa élite que se sienta en los consejos de administración de las eléctricas. Al menos, claro está, que aspires a ser uno de ellos.