La derrota de Trump en las elecciones y los altercados en el Capitolio parecen haber añadido más confusión a una tensión política internacional extraña y aún más confusa.

El ascenso, en los países más desarrollados del mundo, de ideologías reaccionarias que se atrincheran tras las barricadas del aislacionismo nacional y bajo las banderas de los valores religiosos y de las patrias se debe, en parte, a la fragilidad de las soluciones políticas y sociales que se han venido desarrollando, bajo el rótulo de neoliberalismo, en las últimas décadas. Las nuevas fracturas sociales que ahondan la desigualdad y la pobreza en el corazón mismo de los países más desarrollados del mundo revela una crisis de los paradigmas sociopolíticos dominantes en estos países desde los años 80.

Y algo similar pasa en los países más empobrecidos donde el ascenso de ideologías reaccionarias aislacionistas y muchas veces envueltas ideológicamente el doctrinarismo de las religiones están haciendo saltar en pedazos la geopolítica tal y como ha sido concebida hasta hace solo unas décadas y donde el antimperialismo y la soberanía nacional no suele ir asociado, desgraciadamente, a unos discursos de liberación y emancipación sino de reacción, justificados en la religión, como lo vemos, por ejemplo, en Turquía .

Además, el control de las multinacionales de la información que se imponen sobre las soberanías de los pueblos y de los Estados y “el capitalismo de la vigilancia” promueve discursos unilaterales donde la información veraz y el pluralismo informativo salta por los aires. Los casos de Snowden y Assange pone en evidencia lo que es la censura en los tiempos de la digitalización y la inteligencia artificial.

En nuestro país, las aspiraciones sociales de reformas políticas del 15 M han sido diluidas entre el trascurrir del tiempo y los nuevos desafíos sociales, que no son pocos. Precisamente en la ampliación de la desigualdad social y el crecimiento de la pobreza es donde el discurso reaccionario, patriótico y religioso como el de VOX cobra justificación y si bien es fácil de caricaturizar, muchos de los problemas que señala este neofascismo son muy reales y de ahí su expansión.

El ascenso de estos discursos neofascistas y de estas ideologías patriotas y religiosas son las que también condicionan el avance de una agenda de reformas políticas y sociales. De tal forma que las aspiraciones sociales de cambio y de reformas de hace unos años están ya diluidas y atrapadas entre un discurso realista y de apoyo al status quo y la amenaza de un giro a políticas aún más reaccionarias. Por supuesto que, en los próximos meses y años, en nuestro país, los temas de más prioridad serán los problemas estructurales que tenemos de desempleo masivo y pobreza y los problemas con la suficiencia de las cuentas públicas para asegurar un mínimo Estado de solidaridad social (pensiones, desempleo, rentas mínimas de subsistencia etc.) y del impulso de la economía productiva, pero, al tiempo, las reformas políticas no pueden estar secuestrados simplemente por eslóganes. Ni en lo social ni en lo político se puede gobernar con eslóganes sino con programas. Y ocurre con el laicismo; es algo inexplicable que no se haya avanzado prácticamente nada -si exceptuamos la promulgación de la ley de eutanasia- en este terreno. Lo que ha ocurrido con la ley de educación es más que ejemplar porque pese al paripé de las pataletas de la patronal privada de educación, esta reforma ahonda en un sistema escolar de segregación social y justifica la desigualdad social en la supuesta libertad de educación concepto que sale reforzado en esta ley. Ni siquiera esta reforma ha sido capaz de acabar con el adoctrinamiento confesional a los menores de edad, manteniendo y financiando a más de 18.000 catequistas católicos a los que poco a poco se van uniendo los catequistas islámicos y evangélicos. Lo mismo está ocurriendo en la proyectada reforma de las universidades privadas las cuales han crecido en las últimas décadas como setas representando ya un 15% de todo el alumnado y un 35% de los másteres y donde el gobierno no pone límites, ni de lejos, en Real decreto que el Ministerio de Universidades está tramitando ; las complicidades en la expansión de estos chiringuitos educativos , muchas veces asociados a la iglesia católica, han sido muchas y extensas y por eso el Real Decreto proyectado debería ser más contundente y ello, para evitar bochornosas sentencias como la reciente del Tribunal Constitucional que, en nombre de la Universidad Católica de Valencia ,enmienda la plana al Gobierno de valenciano y ello para garantizar que estas universidades católicas puedan seguir recibiendo financiación pública a través de las becas escolares. Por eso el ministro Castell en ese Real Decreto se ha quedado corto ya que debería haber establecido claramente tal prohibición y especialmente para las Universidades católicas ya que, como se sabe, el vergonzoso concordato franquista todavía vigente, con la Santa Sede, garantiza que los alumnos de estas universidades puedan solicitar la becas en igualdad de condiciones que los alumnos que van a una Universidad Pública.

No se puede gobernar ni legislar con eslóganes y proclamar que se avanza en una enseñanza laica que promueve la igualdad y mantener un sistema escolar segregado socialmente hasta los tuétanos. A veces el Gobierno y el Parlamento, en aras de “no molestar” , van incluso por detrás de la misma Iglesia Católica y así lo vamos a ver (si el Senado no lo remedia) con la denominada ley Rohdes; como sabemos esta ley de protección de la infancia era una exigencia y es un avance y sin embargo se excluyó de la misma una obligación específica de colaboración y prevención de abusos sexuales en las confesiones religiosas, tal y como se llegó a contemplar en algunos de los borradores de la misma. Europa laica se ha dirigido a los grupos parlamentarios para que se incluyera esta previsión y para que se contemplara una disposición explícita para que se levanten los secretos derivados de la investigación de las denuncias promovidas por interesados, aunque hayan prescrito, así como el resarcimiento patrimonial de los afectados por los hechos reconocidos e incorporar una disposición de prohibición taxativa de difundir entre menores cualquier tipo y forma de adoctrinamiento religioso en contra de la libertad sexual y la diversidad afectiva de las personas, la igualdad sexual, o con doctrinas homófona. Nada de esto se incluye en el proyecto de ley, pero ha sido la orden jesuita que ha anunciado unilateralmente que indemnizara a las víctimas y establecerá protocolos preventivos, aunque la ley no lo exija.

Tampoco ningún grupo parlamentario se ha atrevido a presentar ni si quiera una enmienda a los presupuestos que redujera la llamada asignación tributaria de la iglesia acatólica que el gobierno Zapatero incrementó del 0.5% al 0.7% y no hablemos ya del expolio de las inmatriculaciones y la vergonzosa negociación que la Vicepresidenta lleva a cabo en la más estricta opacidad y oscuridad por no hablar de algo tan imprescindible como la denuncia y derogación del concordato con el Vaticano y del que el Gobierno ya ha respondido al Senador Carles Mulet que no tiene ninguna intención en derogarlo.

EL laicismo se utiliza, al igual que otros muchos principios, para fijar un electorado en tiempo electoral pero después no se avanza ni un milímetro en ese terreno. “No dejar nadie atrás”, “saldremos reforzados” son también muchos de los eslóganes que el gobierno utiliza para disimular los verdaderos problemas sociales y económicos a los que deberemos hacer frente y que intuimos cierta incapacidad para abordarlos.