Si nada lo remedia, este año volveremos a empezar el debate presupuestario fijando el techo de gasto, poniendo de evidencia que la arquitectura de la austeridad sigue condicionando la política económica en España. La Regla de Gasto impuesta en la ley de estabilidad presupuestaria 2/2012, el Programa de Estabilidad 2018/2021, la formulación del déficit cero y el reformado artículo 135 de la Constitución conforman una camisa de fuerza que limita la acción de los diferentes niveles de gobierno, algo más propio de economías intervenidas que de estados plenamente democráticos.

Esta arquitectura de la austeridad nació en medio de la gran recesión dando una vuelta de tuerca neoliberal al ya restrictivo Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea que ya establecía límites estrictos en la gestión de las cuentas públicas, fundamentalmente no superar el 3% de déficit y el 60% de deuda sobre el PIB.

Sin embargo, la regla de gasto impuesta en la ley 2/2012 -al dictado de la Troika- va más allá porque su objetivo explícito ya no es el equilibrio de las cuentas públicas sino directamente la reducción del gasto público, en especial en las fases alcistas del ciclo económico como en la que estamos ahora.

Básicamente la norma impide que el gasto público crezca por encima de una determinada cifra vinculada a una confusa definición de tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo, lo que implica una evolución del gasto público más restrictiva que la obligada por el cumplimiento de déficit.

Esto es, exactamente, lo que ha sucedido en estos años: el gasto público se redujo con intensidad en la recesión y ahora aumenta pero lo hace por debajo del crecimiento del PIB.

El techo de gasto del gobierno central fue de 133.259 millones de euros en 2014 y cayó hasta 119.834 millones en 2018: el gasto computable del gobierno central ––que no incluye el gasto en pensiones, en prestaciones por desempleo e intereses–– se redujo en 13.425 millones de euros. Pero la verdadera medida de la intensidad del ajuste se obtiene comparando esta caída de 13.425 millones con el aumento en 176.000 millones de euros del PIB. El resultado es, obviamente, un retroceso muy intenso del gasto computable: en 2014 el techo de gasto era equivalente al 13% del PIB mientras que en 2018 es tan solo del 10%.

Éxito para reducir el gasto pero estrepitoso fracaso en lo que era el objetivo formal de la ley 2/2012, el control del déficit público y de la deuda, que aumentó en más de 262.000 millones desde 2012, un incremento del 30% en los últimos cinco años.

Mantener la regla y el techo de es un grave error que va en contra del bienestar de la mayoría social pero también contra la lógica económica. Porque España no tiene un problema de exceso de gasto sino de falta de ingresos. No tenemos un estado del bienestar excesivo sino mal financiado. Por lo tanto, la estrategia no puede ser la de reducir todavía más el peso del gasto público sino avanzar en la convergencia de ingresos y gastos con la media de la Unión Europea.

Esto significa hacer exactamente lo contrario del compromiso del anterior gobierno con la Comisión Europea formalizado en el Programa de Estabilidad 2018/2021. El gobierno de Rajoy se comprometió con una senda de reducción del gasto público desde el 41% en 2017 hasta el 38,6% en 2021. Una caída de 2,4 puntos equivalentes a casi 30.000 millones de euros con el PIB actual.

Esta es una estrategia inaceptable porque España es uno de los países de la zona euro con menor nivel de gasto público: estamos 5,4 puntos de PIB ––equivalentes a 65.000 millones de euros cada año–– por debajo de la media y a una distancia mucho mayor de los estados con mayor bienestar. Por eso es inaceptable seguir reduciendo el peso del gasto público, porque supone deteriorar la calidad de los servicios públicos y la protección social. El nuevo gobierno tiene que modificar de forma radical el Programa de Estabilidad 2018/2021 porque si no lo hace, si continúa con la austeridad, no podrá cumplir con las expectativas que ha creado en la sociedad.

Existe un modelo alternativo, porque el gobierno puede cumplir con los objetivos de la consolidación fiscal y la reducción del déficit pero hacerlo de una forma diferente al camino marcado por la derecha. Una senda de consolidación fiscal progresista debería apostar por incrementar los ingresos y no por seguir reduciendo el gasto. En ambos casos con el objetivo de alcanzar los valores medios de la eurozona.

Con cifras concretas, el gobierno debería reformular como objetivo de la revisión del Programa de Estabilidad un incremento del gasto de tres puntos de PIB hasta 2021 para reducir el diferencial negativo en los recursos destinados a la sanidad, la educación y la protección social.

Para alcanzar ese objetivo es necesario que el gasto público crezca por encima del PIB nominal de forma continuada, algo que no es compatible con el mantenimiento de la regla y el techo de gasto. Derogarlos es el primer paso del camino para liberarnos de la camisa de fuerza de la austeridad para lograr que el crecimiento económico se traslade al bienestar de la ciudadanía.