José Luis Velasco y Gabriel Porquet

Observatorio Crítico de la Energía

Ha leído usted bien, querido lector.

En aparente contradicción con las amargas quejas de Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, con respecto a la fiscalidad española, los beneficios de Iberdrola en España después de impuestos fueron este año mayores que antes de ellos. Este hecho, que puede comprobar fácilmente en la web de Iberdrola, quizás desafíe todas sus nociones sobre cómo funciona la contabilidad de una empresa. Usted quizás piense que simplemente debe restar a las ventas los diversos costes (y amortizaciones y depreciaciones), y que eso son los beneficios antes de impuestos. Luego quita los impuestos y, naturalmente, le quedan los beneficios después de impuestos (también llamados beneficios netos), que normalmente serán menores. Incluso deberían ser mucho menores, si hace usted caso a declaraciones como las del presidente de UNESA, la patronal de las grande eléctricas, que afirmaba hace meses que los impuestos dejarían “a cero” el beneficio de las eléctricas. Eso no ha ocurrido: Iberdrola por ejemplo es de las pocas empresas que pueden presumir de haber ganado dinero todos los años a lo largo de la peor crisis económica desde la Gran Depresión.

Uno de los motivos por los que esto no ha ocurrido está muy bien explicado en este post. Muy brevemente, las grandes eléctricas toman los nuevos impuestos como costes adicionales de funcionamiento y suben consecuentemente sus precios de venta, de modo que trasladan los impuestos al consumidor final. Que los consideren costes es razonable: al fin y al cabo, un impuesto al consumo de combustibles fósiles internaliza efectos (por ejemplo la emisión de gases de efecto invernadero) que de otra forma no serían tenidos en cuenta por el mercado. Más discutible es que los trasladen casi íntegramente al precio final, de modo que sus ingresos suben tanto como sus gastos y no hay ninguna merma a sus beneficios. Antes al contrario, este impuesto lo pagamos principalmente los consumidores y algunos productores renovables. Es sorprendente entonces que el presidente de Iberdrola dijera que su negocio está “lastrado por los mayores tributos en España” .

Pero esto no es toda la historia. La diferencia entre beneficios antes y después de impuestos es básicamente el impuesto de sociedades. Por tanto lo expuesto en el anterior párrafo sigue sin explicar por qué, tras pagar el impuesto de sociedades, Iberdrola acaba teniendo más beneficios en España que antes. Tampoco se entiende entonces por qué los beneficios totales (incluyendo los negocios internacionales) se mantienen similares a los de 2012. Además ¿no decía Galán que en España "pierde dinero" y que son “más británicos, americanos y mexicanos que españoles"?

Resulta que no: Iberdrola tuvo en 2013 una pérdida de valor de más de 1.600 millones de su negocio de gas en EE.UU. Por lo tanto, antes de “hacer cuentas” con el fisco español sus números globales eran mucho peores. ¿Cómo es posible entonces que pueda conseguir igualar sus resultados del año anterior? Muy sencillo, el Gobierno aprobó a finales de 2012 una ley que, entre otras cosas, posibilita una actualización de balances de forma ventajosa.

Esta ley permite tributar con un gran descuento el aumento de valor monetario de los activos de la empresa, aumento que se produce por simple inflación de precios. De forma simplificada (una explicación completa debería incluir el flujo de amortización de los activos), la idea es que por ejemplo un empresario que es dueño de un local donde tiene un bar pueda actualizar el valor de dicho local (algo útil, si por ejemplo quiere pedir un préstamo para reformarlo, puesto que el banco verá una garantía más valiosa), pero sin ser excesivamente penalizado por el impuesto de sociedades, dado que esas ganancias no se convierten en euros. Mientras no venda las propiedades objeto de actualización, esas ganancias están sólo sobre el papel, y con esa justificación la Hacienda Pública decide, con esta ley, gravarlas al 5% en vez de al tipo normal del 30%. Pues bien, la ley establece que esta operación se hace de golpe, y la empresa paga el 5% de la revalorización, y se apunta como nuevo activo frente a la Administración el 25% restante, correspondiente a los impuestos que deja de pagar.

Iberdrola decidió utilizar esta opción contable en la justa medida para enjugar las pérdidas procedentes del negocio norteamericano: reconoció un incremento del valor de determinados activos de 6.323 millones de euros; a cambio de pagar un impuesto del 5% sobre esta cantidad (316 millones), redujo su factura fiscal futura en 1.854 millones. La ley ha tenido por tanto para Iberdrola un impacto positivo, visible en sus cuentas de 2013, de más de 1.500 millones de euros.

Nuestra primera reflexión trasciende al sector eléctrico y tiene que ver con la reforma fiscal. Según la exposición de motivos de la ley, su objetivo es “favorecer tanto la financiación interna como el mejor acceso al mercado de capitales” de las empresas. Sin entrar en lo razonable o no de tratar de mejorar las condiciones de financiación de una compañía por la vía contable (en lugar de, por ejemplo, usar para ello el ICO o la banca rescatada), el hecho es que esta ley es una rebaja fiscal a las empresas, y una rebaja mayor cuanto más grandes son. Es además irónico que sea Iberdrola quien más partido saque a esta ley, siendo que tiene asegurado el acceso a financiación: dejando de un lado su considerable tamaño (que por sí solo le da facilidad de crédito), gestiona un bien de primera necesidad (cuyo consumo no puede hundirse), una parte importante de sus ingresos vienen fijados directamente por el BOE (p. ej. negocio de distribución en España), y además sale a los mercados de deuda avalada por el Estado (cuando “revende” el déficit de tarifa).

No conviene creer que nos hallamos ante una reforma bienintencionada que, debido quizás a la torpeza del Gobierno, grandes empresas como Iberdrola han podido aprovechar en su beneficio. Esto se podría haber evitado fácilmente estableciendo un tope en la cantidad a actualizar, o una limitación en el tamaño de la empresa que puede acogerse a la medida. Se trata por tanto de una muestra más de cómo, con una excusa u otra, nuestros gobernantes legislan para favorecer a las grandes empresas.

Finalmente, es notable que, siendo pública y conocida la información que presentamos, las lágrimas de cocodrilo de Galán hayan merecido tanta atención mediática. Otro ejemplo similar es su supuesta amenaza de no invertir en el sistema eléctrico español: esta actuación no es en absoluto una respuesta a decisiones supuestamente perjudiciales del Gobierno, sino que es una necesidad impuesta por la enorme sobrecapacidad del sistema. Es más, si Galán ha proporcionado en esta ocasión, con una aparatosa y contraproducente puesta en escena, información incompleta, sesgada y posiblemente engañosa ¿por qué entonces deberíamos escucharle cuando nos “informa”, pagando grandes cantidades de dinero en forma de publicidad, de que la mayor parte de lo que pagamos son "costes ajenos al suministro eléctrico"? ¿o cuando tilda a las renovables de inmaduras y las señala como culpables de todos los problemas del sector eléctrico? ¿o, más en general, cuando esta y otras eléctricas se declaran sistemáticamente perjudicadas por cualquier mínima reforma planteada por el Gobierno? La respuesta es clara: no debemos.