Carmen Montón

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública. Comunitat Valenciana

Las ideologías no conocen ni de geografías ni se miden por parcelas de poder. Cuando alguien está en política gobierna o en función de su visión de la sociedad o en función de los intereses de determinadas clases. Apostar por la sanidad pública es una decisión que, salvando poblaciones y dimensiones de los territorios, igual vale para los Estados Unidos que para un pequeño país o una determinada comunidad. La voluntad de aspirar a un mundo más justo o no es ajena a la magnitud de las naciones. En este contexto se entiende que la decisión del nuevo presidente Trump de derogar la reforma sanitaria del presidente Obama nada más sentarse en el despacho oval es toda una declaración de intenciones. Que no sea sorprendente no le resta gravedad.

Eran llamativamente frecuentes los anuncios que ofrecían refinanciar las gigantescas deudas de las familias atrapadas por los gastos médicos. Familias que se veían en la bancarrota o el desahucio por no poder afrontar los gastos de una enfermedad devastadora. Y eso tras haber hipotecado todo para intentar un tratamiento que además llegaba tarde por esta misma dificultad para pagarlo. Derogar la ley impulsada por Obama para que los estadounidenses accedan a un seguro de salud dejará de nuevo sin cobertura sanitaria a 30 millones de personas que se sumarían a los 20 millones que aún no la han obtenido.

Suprimir esta norma es una medida disparatada incluso para alguien como Trump y su gobierno de hombres, blancos y ricos. Obama consiguió reformar el complejo y desigual sistema sanitario. Logró que millones de trabajadores y familias con bajos ingresos accedieran al servicio de salud. Lo más parecido a lo que en Europa entendemos como derecho universal a la salud. En la Comunitat Valenciana este asunto no nos es ajeno. Tuvo que ser este gobierno del cambio quien restituyera como derecho universal la asistencia sanitaria después de que el PP lo restringiera en 2012. Como señalaba, la globalización también afecta a los idearios políticos. Marcar prioridades en las decisiones de los gobiernos nada tiene que ver con las banderas ni con los territorios. Si con el lugar que ocupan en cada cual valores como la justicia y la solidaridad.

El conocido como Obamacare era un seguro muy accesible de salud que escondía una hábil jugada en el complejo mundo de las aseguradoras norteamericanas. Si el seguro no fuera obligatorio o muy barato sólo lo comprarían quienes tuvieran dinero o estuvieran muy enfermos. Estos últimos serían poco rentables para las compañías, la prima sería alta y, en suma, no lo podrían afrontar. El negocio del seguro privado se sustenta en que sean los sanos quienes lo financien. Si la ley impedía echar a los enfermos del seguro o subirles la prima hasta expulsarlos serían pues los sanos quienes mantendrían este sistema. Ese era el secreto de la reforma de Obama. Si el nuevo presidente elimina la obligatoriedad pero mantiene la asistencia a los más enfermos como ha anunciado las propias compañías se quejarán de la insostenibilidad del sistema. Es decir, Trump habrá elegido dejar a millones sin seguro de salud y de nuevo ante el abismo del desahucio sanitario.

Estas políticas si algo logran es reafirmar nuestra defensa de la salud como derecho y nunca como negocio. La salud o la enfermedad de una persona no debe ser un mecanismo para mejorar las cuentas de resultados de las empresas privadas. Cuando se habla de asistencia sanitaria no cabe pensar en beneficios empresariales. Ese es nuestro compromiso y nuestra convicción.