¿Qué tiene que hacer un juez para que lo inhabiliten?

La respuesta a la pregunta del título es un misterio cuya resolución seguramente nadie conoce. No hay una regla y no depende de la gravedad del caso: quizá comerse un niño crudo. Hay jueces que han cometido delitos o, al menos, irregularidades muy graves y han acabado como miembros del Tribunal Constitucional; hay jueces que han dictado sentencias forzando las leyes a las que se deben, directamente mintiendo, insultando a las víctimas, dejando al descubierto intenciones que están muy lejos de nada parecido a la justicia… y no han sido inhabilitados, ni siquiera reconvenidos, y siguen dictando sentencias. Hay jueces que han iniciado persecuciones políticas y cuyas actuaciones rozan (o caen de lleno en) la prevaricación según cualquier sentido común clásico. Pero un juez prevaricador será castigado o no dependiendo de determinadas circunstancias tales como su cercanía al poder, la suya o la del perjudicado, o de otras circunstancias fortuitas tales como que el caso tenga o no mucha repercusión mediática.

Ya conocemos el lawfare político, pero también hay un lawfare antifeminista. Cuando Pedro Vallín escribe en C3PO en la corte del rey Felipe sobre la existencia de un estado profundo que está echando un pulso (a la democracia) en la defensa del sistema, se me ocurrió que ese sistema al que se refiere es también patriarcal. En realidad, el patriarcado es “el sistema” por excelencia y los intentos que se hacen desde las leyes para -al menos- agrietarlo son percibidos por los poderes de ese estado profundo como una amenaza. Las leyes pueden cambiar algunas cosas, pero sabemos que después aparecen las resistencias y las reacciones por parte de quienes perciben dichos intentos como amenazas intolerables. En la arena del feminismo la sociedad también está inmersa en una batalla cultural, material y simbólica de calado. Se disputa el poder patriarcal. Un poder que hemos disputado en las calles, en las leyes, en la cultura… y que ha terminado encontrando resguardo en ciertos sectores de la judicatura. Escribe Vallín: “En contra de las visiones conspiranoicas, estos jueces no actúan de forma coordinada ni jerárquica, sino que se trata de un montón de hábitos y prácticas inerciales de naturaleza cuasi hereditaria que se mueven en función de unos mecanismos automáticos y bastante irreflexivos de autopreservación. No actúan de forma organizada sino somática”.

Esto está ocurriendo, de hecho, mucho más a menudo de lo que podríamos llegar a pensar. La violencia institucional contra las mujeres está muy presente en los juzgados (en todos los operadores jurídicos) y ha ido creciendo en los últimos años hasta convertirse en una amenaza para nosotras. No se trata únicamente de constatar el papel de la justicia como guardián del sistema, en este caso patriarcal, sino que lo que se percibe muy claramente es una reacción en toda regla, una reacción de rabia contra los avances del feminismo. Los prejuicios y estereotipos de género siempre han jugado un papel en la justicia, especialmente en los casos de violación: las preguntas sobre si la falda era corta o si la víctima cerró las piernas son todavía frecuentes y muchos de los jueces las aceptan e introducen consideraciones de este tenor en sus sentencias. Ningún juez o jueza ha sido inhabilitado por considerar que una falda más o menos corta era una especie de llamada a la violación.

Según las mujeres sacudimos el patriarcado y se legisla en ese sentido, comienzan a aparecer nuevos instrumentos de control y castigo. Los padres se revuelven contra las mujeres que les abandonan y toman a los hijos e hijas como rehenes. Aparece la violencia vicaria con el objeto de encontrar una manera de hacer daño a las madres cuando estas se han puesto ya más allá de ese daño. Algunos jueces, fiscales y trabajadores/as sociales colaboran con entusiasmo en estas operaciones. El caso de Ángeles González Carreño, cuya hija fue asesinada por un padre que reiteradamente había amenazado con hacerlo, y las 30 denuncias que puso la madre sin que la jueza ordenara en ningún momento modificar las condiciones de la custodia son, desgraciadamente, sólo un ejemplo más.

El uso del SAP (Síndrome de Alienación Parental) llegó de manos de algunos jueces, fiscales, trabajadores sociales y peritos y se extendió. Ha terminado prohibido y desacreditado, pero vemos constantemente cómo se usa para privar a las madres de sus hijos e hijas. En el caso de Irune Costumero, por ejemplo, en las grabaciones del juicio por la custodia de su hija hemos escuchado como la fiscal aseguraba que el SAP "claro que existe". Tenemos decenas de sentencias en las que se usa el SAP o cualquier sucedáneo del mismo para “arrancar” (es el término que se usa por estos “expertos”) a los hijos de la madre y entregárselos al padre. El SAP se convierte en una forma de tortura para los hijos e hijas y para las madres y es utilizado de diferentes maneras, aceptado en los juzgados y condonado por jueces y fiscales. Nadie controla su uso, nadie reprende a quienes lo usan.

Es en los casos de custodia donde las madres saben que existe peligro para sus hijos e hijas donde estos jueces machistas (y en muchas ocasiones también la policía y la fiscalía) están poniendo toda la carne en el asador. Se crean y reconfiguran espacios donde se desempodera a las mujeres y se establecen nuevas victimizaciones. Uno de cada cinco niños o niñas ha sufrido abuso sexual por un hombre de su familia, según Save the Children. Esta cifra se reconoce como cierta pero no se combate a los perpetradores, porque sería lo mismo que admitir que la familia patriarcal puede ser un foco de horror y el pater familia un criminal. Así, se castiga a las madres que denuncian dichos abusos, se las persigue, se las tortura, se las difama, se entregan sus hijos e hijas a sus violadores. En España, hoy, es casi imposible que una madre (o de oficio un hospital) denuncie un caso de abusos sexuales a un menor y no acabe ella misma condenada. Casos como el de Helena Cuadrado, Sara B, Juana Rivas…y tantas otras, castigadas, condenadas porque varios hospitales pusieron denuncias de oficio por presuntos abusos sexuales. O el caso de las madres de Infancia Libre, víctimas de todo un sistema organizado para culparlas a ellas, que se han acogido a la denominación ya reconocida internacionalmente de “madres protectoras”.

Este mismo mes de diciembre la ONU ha emitido un informe donde Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, ha expresado que los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos. Y también ha dicho que en los procesos judiciales se da un patrón: el testimonio de las madres tiene menos peso que el de los padres cuando denuncian abusos sexuales. El informe señala, asimismo, que España es uno de los países en los que se da este patrón con más intensidad. Somos uno de los países más avanzados en leyes igualitarias y por eso, aquí, la reacción se da con más intensidad. Podría citar decenas de nombres propios de mujeres revictimizadas por la justicia. Está pasando, la violencia institucional en los tribunales es hoy uno de los principales enemigos del feminismo. Mentir, prevaricar, dictar sentencias ejemplarizantes contrarias al artículo 4 de la ley 3/2007 de Igualdad, está a la orden del día. Este tiene que ser uno de los objetivos feministas para el futuro cercano. Acabar con los jueces y juezas que castigan a las mujeres.