El mismo día que el Tribunal Constitucional sentenciaba en contra del Gobierno y del estado de alarma que en marzo de 2020 pudo salvar 450.000 vidas, también lo hacía contra la memoria, no amparando la petición de búsqueda a nuestro poeta más internacional, Federico García Lorca, y al maestro Dióscoro Galindo, asesinado junto al poeta andaluz.

La nieta de Dióscoro Galindo, enterrado junto a Lorca, había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la negativa de un juzgado de Granada y de la Audiencia Provincial a activar esta búsqueda. Pero este Tribunal, ha vuelto a sepultar el caso, acordando "no apreciar en el mismo la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere".

¿Acaso no hay algo más constitucional que la memoria y el recuerdo? ¿No hay algo más constitucional que devolver a sus seres queridos a sus familiares? ¿Acaso no hay algo más constitucional que devolverle al mundo los restos de un poeta admirado y amado a partes iguales? Un mundo que espera y mira hacia ese olivo, bajo el cual podrían estar los restos mortales de alguien que ya pasó demasiado tiempo en un lugar que jamás debió pertenecerle.

Entonces pensaron, idearon, que borrando de la faz de la tierra todo rastro físico del pueblo que resistió al Golpe, pero también de quienes humildemente tan sólo escribían o eran maricones, como Lorca, creyeron que el futuro se olvidaría del poeta de la luna y de tantos otros inocentes. Lo que no supieron es que bajo las zanjas, pudieron volar sus versos y son muchos quienes siguen peleando para que se haga justicia, justicia de la de verdad, y no de la de los Tribunales corrompidos.

La desaparición forzada es por definición un crimen que no prescribe o "un delito permanente de detención ilegal", de ahí la responsabilidad de los jueces actuales en investigarlos para depurar responsabilidades. No ha sido el caso, porque nuestra justicia suele mirar a veces hacia el lado que no es.

La Justicia del TC vuelve a sepultar a Lorca, la memoria y la justicia social. Y ahora se encara con un Gobierno por cuestiones políticas, por mucho que esas decisiones tomadas en marzo de 2020 sirvieran para salvar miles de vidas. Eso no importa, porque prima el interés individual y partidista por encima del interés de las personas.

Esta Justicia arbitraria nos maltrata porque la sociedad española no ha tenido aún la oportunidad de dar sepultura digna a su andaluz más internacional en las letras españolas y andaluzas. Y ese Lorca, es un poco familia y patrimonio de todos. ¿Qué espera nuestra mal llamada Justicia, que le vuelva a sacar los colores la justicia europea?

Por otro lado, nuestro Gobierno de coalición, por Real Decreto de 14 de marzo de 2020, declaró el Estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19. Después de su aprobación y prórroga por una mayoría holgada (votada a favor por quienes después se querellaron) comenzaron a surgir los enfrentamientos, denuncias, querellas y recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, consumada por una querella en la que se acusa a todo el Gobierno del delito de prevaricación.

Quienes entonces votaron a favor del Estado de alarma aseguran ahora que el Estado de excepción hubiera sido la mejor opción. Sin embargo, el Estado de excepción no se podía haber aprobado, ya que requiere la existencia de una grave alteración del orden público y permite actuaciones especialmente invasivas de muchos derechos fundamentales. No fue el caso.

La grave situación exigía medidas urgentes, y solo el Estado de alarma podía ofrecer esa solución. Se restringieron derechos fundamentales, pero en ningún caso se suspendieron. ¿Acaso no hubo movilizaciones en el barrio madrileño de Salamanca palo de golf en mano?, ¿acaso no hubo movilizaciones desde los coches bloqueando el centro de Madrid?

Bien es cierto que no tenemos una legislación preparada para estas situaciones y debería haberse articulado una nueva legislación para la situación, pero ello no es excusa para dictar sentencia a favor de intereses partidistas. Tal y como explica el magistrado Joaquim Bosch, “la tercera parte del TC está caducada desde hace año y medio y el TC se configura por cuotas entre partidos, que se evidencian mucho en algunas resoluciones”, como hemos podido apreciar.

El jurista ha señalado que son legítimas todas las opiniones jurídicas sobre el estado de alarma, pero al mismo tiempo, “tenemos un Tribunal Constitucional de acentuada configuración partidista, afectado por bloqueos que influyen en su composición. La ciudadanía necesita un árbitro sin vínculos con las partes”.

El Tribunal Constitucional no solo ha dictaminado contra el Gobierno sino que lo ha hecho en contra de la opinión científica internacional, expresada por la Organización Mundial de la Salud, y otros organismos internacionales. El TC no solo ha dictado sentencia contra Lorca y Dióscoro, sino que lo ha hecho contra todos, contra la memoria que un país necesita para poder perdonarse a sí mismo y seguir hacia adelante.