El Partido Socialista ha propuesto que sea el Defensor del Pueblo quien lidere los trabajos para esclarecer los abusos sexuales a menores ocurridos en el seno de la Iglesia. Lo ha hecho unos días después que Unidas Podemos, ERC y Bildu registraran una comisión de investigación parlamentaria sobre la pederastia en la institución católica. Dos iniciativas distintas para un supuesto fin común: acabar con la impunidad de los agresores, refugiados en la opacidad eclesiástica y la prescripción penal de los hechos.

El reto es mayúsculo y de nuevo aparece la valentía política como un elemento esencial. No sirven fotos protocolarías por muchas luces y alfombras que tengan. No sirven solamente informes o reuniones para que parezca que cambia algo sin que, en realidad, cambie nada. Un proceso de reparación real, a la altura de lo que se ha hecho en el Reino Unido o Australia, debe molestar y sacudir a la Iglesia Católica, que estos días contempla en silencio el desfile de víctimas que van alzando la voz. Y eso no quiere decir construir un espacio anticlerical como dice la derecha, sino tan solo poner los derechos humanos en el centro.

Por eso, es urgente señalar dos factores que debilitan seriamente la propuesta socialista. El primero es el posible conflicto de interés que se podría dar en la figura de Ángel Gabilondo, que en el pasado fue fraile en escuelas donde hubo denuncias sobre abusos. Y el segundo, y más importante, es que todo lo que no nazca del Congreso de los Diputados dependerá de la buena voluntad de cooperar, o no, de la cúpula eclesiástica. Y es ahí donde los precedentes no invitan al optimismo.

Me explico. Una comisión de investigación parlamentaria está amparada por el Código Penal. En su artículo 502 se tipifica como delito de desobediencia la no comparecencia e incluso se establecen penas de cárcel en el caso de incurrir en la mentira. Sin embargo, la llamada del Defensor del Pueblo, por muy buenas intenciones que tenga, no tiene capacidad coercitiva. Dicho de otra forma, un presunto responsable de pederastia puede ignorar o excusar la llamada de Gabilondo, pero no la de la sede de la soberanía popular.

De hecho, no sería la primera vez que las órdenes religiosas ignoran las reclamaciones de un Defensor del Pueblo. Sin ir más lejos, el Síndic de Greuges de Catalunya impulsó una investigación que se dio de bruces contra la opacidad de la Iglesia, que, salvo algunas excepciones, no ofreció las facilidades necesarias para poder investigar toda la verdad. Por eso, el Defensor del Pueblo catalán, reclamó que fuera el Parlament quien tomara el relevo de esos trabajos. Esta experiencia, pues, debería servir como ejemplo para los socialistas, a no ser que su intención sea, precisamente, impulsar una iniciativa que maquille la situación, sin abordarla de raíz.

De momento, el PSOE pretende que el resto de los partidos se sumen a la ‘vía Gabilondo’. Y es que son las famosas lentejas socialistas. Si te gustan las comes y si no las dejas. Esa es su receta y es la que va a defender, aunque sus socios o las propias víctimas estén pidiendo que los abusaron de ellos -y sus encubridores- tengan que dar explicaciones públicamente, sin excusas y con luz y taquígrafos.

Sin embargo, como suele pasar en los temas de calado, existe el riesgo de quedarse a medias. Como ya hemos visto a la hora de luchar contra la corrupción de la monarquía, en la regulación de los precios del alquiler, en el abordaje de una solución valiente para Catalunya o en la lucha contra la impunidad franquista. Casos en los que las lentejas socialistas siempre se quedan sin el sabor que requiere una democracia plena. En este caso están en juego los derechos de la infancia. Los que fueron arrebatados y los que quedan por blindar. Y eso no puede depender de la falta de valentía política de ningún partido.

* Jordi Molina trabaja como asesor de En Comu Podem