Hace poco que ha salido del horno el anteproyecto de ley de Vivienda. Las reacciones no se han hecho esperar y los colectivos sociales del movimiento de vivienda se muestran precavidos y desconfiados ante la nueva ley que se encuentra en proceso de tramitación. El movimiento de vivienda no cree que todas sus peticiones se vayan a hacer realidad, ni siquiera unas pocas. La vivienda es uno de los mayores problemas que tenemos actualmente en nuestro país y que más preocupaciones genera y nuestro país ya ha sido condenado en cinco ocasiones por vulnerar este derecho.

Lo que conocemos de la ley es un anteproyecto que ya ha sido criticado duramente por las organizaciones activistas de la vivienda digna, como la PAH o el Sindicato de Inquilinos. No creen que esta ley vaya a cambiar ni mejorar en nada en nuestras vidas, de hecho creen que se traducirá en más desahucios, más subidas en el precio del alquiler y más desprotección al derecho a la vivienda, uno de los “principios rectores de la política social y económica” que consagra la Constitución.

Los problemas se concentran especialmente en las grandes ciudades más turísticas y ello unido a la falta de vivienda social hace que la proporción de personas que realizan un sobreesfuerzo para pagar el alquiler haya aumentado demasiado y alcance ya una de las tasas más altas de Europa. Los jóvenes, que tienen una tasa de paro de más del 30 por ciento, ven frustradas sus necesidades de encontrar una vivienda digna o vivienda a secas. La inestabilidad laboral y los salarios bajos impiden a muchos de ellos independizarse completamente y eso convierte a España en uno de los países en los que más cuesta independizarse. Según los datos de Eurostat, la edad media de emancipación en la UE es de 26,2 años y en España es de 29,5.

En el anteproyecto de ley encontramos aciertos como lo son los incentivos para sacar viviendas vacías al mercado y para aumentar el parque de vivienda social, pero algunas otras algo más cuestionables como el bono joven de 250 euros, que no parece que vaya a ser efectiva de cara a terminar con la especulación de las viviendas.

La realidad es que la normativa no parece que vaya a afectar demasiado a la propiedad privada, sino que tendrá más bien un carácter simbólico, ya que las rebajas de los alquileres de los grandes propietarios no serán tales, teniendo en cuenta que la aplicación de la rebaja será de carácter voluntario y dependerá de ayuntamientos y Comunidades Autónomas, y Pablo Casado ya ha asegurado que en sus feudos no la aplicarán y que la recurrirá ante el Constitucional, además de derogarla en caso de ganar las próximas elecciones. Respecto de la medida de regulación para grandes propietarios, es importante señalar que será una medida de pobre aplicación, ya que no afectará a más del 5% de las viviendas alquiladas.

Además por si fuera poco, tampoco se habla en el anteproyecto de las sanciones específicas por el incumplimiento de la norma, ni se mencionan herramientas para agilizar las reclamaciones de los particulares que puedan derivarse de la aplicación de la misma.

Que esta ley parezca finalmente tan descafeinada puede deberse a las grandes presiones que existen por parte de la banca, los fondos de inversión y el ala neoliberal del PSOE hace que los poderes públicos no puedan llevar a cabo lo que nuestra carta magna propone y es que establezcan las normas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna mediante la regulación del uso del suelo “para impedir la especulación”, algo que parece estar a años luz de conseguirse.

La realidad es que el precio de la vivienda trunca la vida de la mayor parte de la gente joven y no tan joven. En ciudades como Madrid, se ha convertido en completamente prohibitivo y la mayor parte de la gente que conozco comparte piso a sus 40 años. Para ser una ley que resuelva los problemas de la gente debería ser mucho más valiente y firme frente a las presiones y chantajes de los poderosos y es algo que aún puede ocurrir si las presiones populares son más fuertes. Nos queda un año para conseguirlo.