ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

La vicepresidenta del Gobierno de España se ha empadronado en una casa deshabitada y medio derruida, y eso es indecente. El otro día, en esta España que amplía y ensancha derechos, cometí un error que sólo acierto a explicarme desde la naturaleza cavernícola que nos distingue a los peperos a este lado del cordón sanitario: me sentí libre en mi derecho a expresarme así. Y pasó que después de hacerlo –como pedía Kevin Spacey ante Brad Pitt al final de Seven– se desató la ira. Me explicaré.

El pasado domingo, apareció en las páginas de Público una amplia entrevista con la vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega. Entre otras cuestiones, la actual candidata del PSPV-PSOE por la provincia de Valencia hizo alusión a la demanda que ha interpuesto contra mi persona por realizar “manifestaciones injuriosas, calumniosas y maledicentes” que, según su opinión, atentan contra su honor.

Afirmaba De la Vega, al hilo de este tema, que en política no vale cualquier cosa, y estoy de acuerdo con ella. Engañar a los votantes es una de esas cosas que no valen.

Obviaré el hecho de que el gabinete de la vicepresidenta filtrara esa demanda a la edición digital de un periódico regional cuando no habían pasado ni cinco minutos de mi designación como cabeza de lista del PP por Valencia. Me importa más –para que los lectores de aquella entrevista cuenten con todos los elementos de juicio– aclarar la relación de hechos y manifestaciones que han provocado que el arranque de la campaña valenciana dé con sus huesos en el juzgado.

A principios del pasado mes de diciembre, un medio de comunicación publicó que la vicepresidenta había solicitado empadronarse en el municipio valenciano de Beneixida, donde tiene una propiedad pro indiviso que procede de una herencia de un tío y que comparte con varios de sus primos. La gestión había sido muy discretamente realizada por un primo de la vicepresidenta y sólo después fue confirmada por el gabinete de la propia De la Vega.

El caso es que en un principio se creyó que esta propiedad –conocida como Villa Elena– era una finca de naranjos, lo que constituyó un motivo de sorpresa para todos junto con la extrema discreción con que se llevó a cabo todo el proceso. Sin embargo, el PSPV-PSOE no tardó mucho en aclarar que la vicepresidenta no se había empadronado entre naranjos. Así, tras la primera rueda de prensa en que expresé mi extrañeza al respecto, un diputado socialista en las Cortes aclaró que allí ya no quedaban naranjos, pues en el mismo terreno se había levantado todo un polígono industrial.

Ante este giro de la información, no se me ocurrió otra cosa que pedirle explicaciones a la vicepresidenta por si, como copropietaria, se había visto beneficiada por una reclasificación de terreno agrícola a industrial y sobre si tenía idea de a qué se debía la extraña delimitación del polígono industrial, realizada, a todas luces para salvar la casa de la reclasificación.

Aunque a estas horas sigo sin haber recibido esas explicaciones, además de la demanda, tengo los hechos.

El hecho es que en el año 1999 el Ayuntamiento de Beneixida aprobó la reclasificación de los terrenos (que en su mayoría eran propiedad de la familia de De La Vega), excepto la casa conocida como Villa Elena. Los terrenos se vendieron meses antes de que la Generalitat Valenciana aprobara definitivamente el proyecto (noviembre de 2000).

Y el hecho es que el diseño del polígono que en su día realizó el Ayuntamiento es inusual y, por ello mismo, sorprendente. Habitualmente, cuando se delimita el ámbito de un planeamiento urbanístico, se respetan los lindes naturales o artificiales existentes en la zona. Sin embargo en el planeamiento que afectó a Villa Elena sólo se respetaron tres de sus límites, fijados por cuatro viales preexistentes, y se creó uno nuevo para dejar fuera del ámbito únicamente la casa y una pequeña parcela.

Según la legislación vigente, no es necesario estar empadronado en un municipio para ser candidato por una provincia. Nadie podría haberle afeado legalmente el gesto a la vicepresidenta de seguir empadronada en Madrid, la última circunscripción por la que se presentó en 2004, tras haberlo hecho antes por Segovia en los comicios de 2000 y por Jaén, en 1996.

Al alcalde de otro municipio valenciano, Benimuslem, lo ha empapelado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia Valenciano alegando que en el empadronamiento de dos de sus familiares no estaba acreditado que efectivamente residieran de forma habitual.

No me lo han de contar; hace unos días estuve allí. En Villa Elena, no reside la vicepresidenta de forma habitual, ni esporádica, ni mayestática. Por eso, me ha demandado De la Vega, por decir que la casa en la que se ha empadronado es una falla, por afirmar que allí es imposible que pueda residir nadie; por pensar que ni siquiera ahora, que se pasa de vez en cuando por Valencia, aquello reúne las condiciones mínimas para que pueda dormir, ducharse y desayunar.

Por más que en los últimos días, y de tapadillo, alguna mano amiga le haya dado una pasadita de cal a la fachada, haya colocado una valla que no estaba y haya retirado la destartalada caravana que durante años se murió de risa empotrada en el desvencijado porche de Villa Elena, el extraño caso del empadronamiento fantasma sigue sin haber sido aclarado por parte de la vicepresidenta.

Churchill siempre esperaba al lechero al otro lado de su puerta. Yo, a estas alturas, ya no descarto que me envíen a casa a la Guardia Civil para que me calle y cese en la denuncia de un ramplón montaje de cartón piedra, cometido a hurtadillas para justificar un empadronamiento irregular.

Esteban González Pons es cabeza de lista del PP por Valencia

Ilustración de Patrick Thomas