José Manuel Rodriguez Uribes

El terrorismo, a diferencia de otros modos de violencia organizada y frente a otros delitos especialmente violentos, se presenta como un proyecto político que busca instaurarse por la fuerza. Esto vale con carácter general y también para el caso de ETA. Los terroristas (victimarios en la dialéctica con sus víctimas) abusan de su libertad hasta extremos inhumanos y delictivos, desde la ensoñación fanática de un mundo que anhelan dominar imbuidos en argumentos de identidad, étnicos o religiosos. Quienes les acompañan ideológicamente, como ha reconocido el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en el caso de Batasuna, incurren en ese mismo abuso, contaminados por la acción violenta de los primeros, a los que ni condenan ni convencen para que dejen de matar. Por eso está justificado, como dice el tribunal, declararlos ilegales.

Unos y otros, los terroristas y su soporte ideológico, practican, de un lado, la nefasta filosofía del fin justifica los medios y, por otro, la dialéctica schimittniana del odio, incompatible con la amistad cívica de la democracia, pero sobre todo lo que hacen, unos y otros, es abusar de su libertad, de la que tienen gracias al constitucionalismo democrático al que, paradójicamente, pretenden destruir. La civilización sólo puede asegurarse si todos renunciamos a parte de nuestra libertad natural. Lo explicaron muy bien en los albores de la modernidad Locke, Hobbes, Rousseau y Kant. Hoy esto tiene más sentido en sociedades cada vez más complejas, plurales y diversas, y el País Vasco es un buen ejemplo de esa pluralidad multicultural.

Recordar esto es tan importante para la deslegitimación y erradicación final del terrorismo como la represión policial y la aplicación de las normas penales por los jueces. Es la pedagogía de la libertad como libertad limitada a partir del valor absoluto de la dignidad humana, que nunca debe ser sacrificada en aras de un fin que, además en este caso, se convierte en particularmente perverso porque se hace utilizando la muerte, el secuestro, la extorsión, la coacción o el chantaje, es decir, la violencia en toda su amplitud, tal y como la describió

Hannah Arendt. Es la libertad absoluta de unos, afortunadamente una minoría, frente a la libertad autolimitada del resto, la mayoría. Que la libertad también tiene sus límites puede concretarse en dos principios normativos que operan completándose entre sí, cerrando el círculo de lo justificado en el espacio público-político, de lo razonable (y de lo posible) en una sociedad civilizada. A saber:

1. El respeto a todas las ideas siempre que no se defiendan mediante la violencia. En el fondo late aquí el clásico dilema en torno a los límites de la tolerancia. Norberto Bobbio lo resolvió básicamente bien, señalando el límite de la tolerancia precisamente en la intolerancia. Todo es tolerable menos la intolerancia, es decir, menos la violencia, o mejor, la pretensión de imponer por la fuerza nuestras convicciones o nuestra visión del mundo. Javier de Lucas, a mi juicio con buen criterio, dio hace unos años una vuelta de tuerca más al dilema y extrajo una implicación que al menos teóricamente tienen una fuerza argumentativa irreprochable. La tesis, resumiéndola mucho, vendría a decir que en sociedades democráticas, igualitarias y con derechos, el espacio que queda para la tolerancia como valor es muy reducido (otra cosa es su comprensión como virtud privada, forjadora del carácter de las personas, casi siempre positiva). Porque entre lo intolerable y los derechos no cabría ya lo tolerable. Si algo está prohibido, no debe ser tolerado (vg. Sentencia sobre Batasuna); y si está permitido, forma parte del libre ejercicio de la libertad, de nuestros derechos, y tampoco cabe aquí la intromisión tolerante de los terceros, particularmente, aunque no sólo, del Estado.

Dicho esto, el terrorismo es intolerable e intolerante. Está castigado por el Código Penal al igual que su apología o la humillación a las víctimas y por eso se persigue, con particular éxito en los últimos años. La voluntad de secesión o de independencia como ideología forma parte, por el contrario, de lo permitido en un Estado como el español, que consagra entre sus valores superiores el pluralismo político. Sólo debe ser combatida con argumentos de racionalidad democrática y de legalidad, formal y procedimental, nacional e internacional. Y esto nos conduce a la segunda de las condiciones, a saber:

2. El respeto a todas las ideas (no violentas) siempre que se respeten además las vías, reglas y requisitos previamente establecidos para llevarlas a cabo. Se trata de la otra condición básica para la convivencia en paz y en libertad y para saber a qué atenernos. Es el segundo límite a nuestra libertad y supone el respeto escrupuloso a las reglas del juego y la imposibilidad de cambiarlas sobre la marcha o al margen de los procedimientos (pre) establecidos. Sin este límite, que opera a modo de muralla, solo cabe la guerra de todos contra todos y la segura extinción del más débil. En suma, es el respeto al Derecho por el que lucharon los republicanos de todo tiempo. La ley como garantía de los más vulnerables frente a la arbitrariedad y el abuso de autoridad de mayorías o de minorías violentas. Es, por último, una expresión del principio de igualdad, muy reforzado éticamente en nuestra Constitución con el apoyo especial a las minorías por encima incluso de su real representatividad.

En estos dos principios, que se presentan como límites o condiciones de la libertad, aplicados por igual para todos, radica la razón última que justifica que nuestro modelo de convivencia pueda ser presentado como el mejor de los modelos posibles, difícilmente sustituible. Esta es la grandeza de la democracia constitucional, que nos garantiza a todos que nuestros proyectos de vida o nuestra visión política estén limitados. Es la paradoja de la libertad: en sus límites está su mejor razón.

José Manuel Rodriguez Uribes es Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior.

Ilustración de Patrick Thomas