La Marea Blanca ante un nuevo escenario

Jesús Jaén

Activista de la Marea Blanca en el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid

Desde el 27 de enero, fecha en la que Ignacio González anunció la retirada de una parte del Plan de privatización sanitaria y la dimisión de Fernández Lasquetty, se han venido sucediendo nuevos hechos que, junto a las campañas de todas las organizaciones y colectivos que formamos la Marea Blanca, dan como resultado una situación distinta y un escenario nuevo.

La mejor noticia de todas fue: "La Audiencia de Madrid ratifica las imputaciones de Lamela y Güemes por cohecho y prevaricación" (Agencia EFE, 13/2/2014). Como es bien sabido ambos habían sido consejeros de sanidad y máximos responsables de la privatización durante el período de Esperanza Aguirre. Junto a estos dos, también estaban implicados –por la querella del sindicato AFEM- dos altos directivos como Patricia Flores y Juan Antonio Burgueño (al parecer el ideólogo de las privatizaciones en Valencia y Madrid) que, ese mismo día, eran cesados por el nuevo consejero de sanidad y sustituidos por Mariano Alcaraz y Javier Maldonado. Sin duda se trataba de otro éxito de la Marea Blanca.

Pero no todo han sido buenas noticias. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid (CTCM) donde se recolecta y procesa la sangre para el uso posterior en los pacientes, está siendo desmantelado. En virtud de un nuevo convenio firmado entre el anterior consejero de sanidad: "Cruz Roja se encargará de la captación y fidelización de donantes, de las campañas de donación y de la extracción extra-hospitalaria en la calle. El CTMC se encargará del procesamiento y distribución a los centros hospitalarios" (Nota informativa de Cruz Roja). Con el nuevo convenio, Cruz Roja, se compromete a la extracción de 74.000 unidades en el 2014 y 140.000 en años sucesivos, cobrando 67 euros por cada bolsa de sangre. Esto, en líneas generales supondría un desembolso para el presupuesto de la sanidad pública de 9.300.000 euros anuales.

El cobro de esta cantidad se intenta justificar argumentando que, Cruz Roja, tendría que pagar los gastos que le supone aumentar la plantilla para esos nuevos servicios (hasta ahora venía recolectando alrededor de un 30 por ciento en la calle). Sin embargo como han venido denunciando los 229 trabajadores que componen la plantilla del CTCM (y que en estos momentos siguen encerrados como forma de protesta), el convenio firmado -que entrará en vigor el día 1 de marzo del presente año- profundiza el proceso de desmantelamiento y transferencia de los recursos sanitarios públicos.

A raíz del nuevo convenio surgen no pocos interrogantes: ¿Era necesaria la total “externalización” o traspaso de las extracciones de sangre en la calle, cuando

se trata de un servicio que globalmente está funcionando muy bien? ¿Qué beneficios reporta este convenio a los pacientes y al Servicio Madrileño de Salud? ¿Qué se ahorra la Comunidad si a partir de ahora tendrá que pagar 9.300.000 euros cada año a Cruz Roja? ¿Cómo se explica que una donación de sangre desinteresada y altruista pueda beneficiar a una organización sin ánimo de lucro? ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos de que Cruz Roja actuará con la misma profesionalidad si, aumentando las unidades, obtendría más ingresos?

A todas estas preguntas se unen dos reflexiones: la primera, nunca se ha demostrado que las privatizaciones o “externalizaciones” de un servicio (como se quiere presentar este asunto) supongan un ahorro y, muchísimo menos, una mejora del mismo. Y la segunda, en todos estos procesos, los profesionales del sector, perdieron derechos y salario. En un caso porque no se respetaron los convenios firmados (personal no sanitario del Hospital Puerta de Hierro); en otros, porque se les despidió o se les redujo la nómina en un 40 por ciento (Lavandería de Mejorada del Campo).

Si la lucha contra la privatización de las donaciones voluntarias de sangre es ahora el gran caballo de batalla de la Marea Blanca; el otro foco donde estamos concentrando nuestras energías y esfuerzos es la lucha en contra de las derivaciones que se están llevando a cabo desde los centros públicos a los centros privados. Un proceso que se ha convertido de facto en la privatización encubierta de la sanidad pública.

Y para impedirlo nació en enero una iniciativa llamada “Yo elijo 100x100 Pública” en la que estamos integrados desde los trabajadores de la sanidad hasta los ciudadanos, a través de múltiples plataformas, asociaciones y colectivos que nos hemos venido reuniendo en los barrios de Madrid, centros de salud y hospitales. El objetivo es triple: informar, denunciar y desobedecer.

Informar a los usuarios y pacientes que, en la inmensa mayoría de los casos, cuando a una persona le dan una cita para una operación de cataratas, una mamografía, un escáner o cualquier otra prueba diagnóstica en una clínica privada (y a veces ni eso ya que están derivando a pisos particulares en condiciones higiénicas vergonzosas); no lo hacen para acabar con las listas de espera, sino para su propio negocio mediante la transferencia de pacientes, recursos humanos y dinero a la sanidad privada. ¿Somos conscientes que tres de cada diez euros destinados a la sanidad (y que salen de los impuestos directos e indirectos) van a parar a las empresas metidas en este negocio?

En segundo lugar denunciar o, mejor dicho, ayudar a que los usuarios denuncien ante los Servicios de Atención al Paciente y, si fuera posible, ante los medios de información que -mediante esos mecanismos- están jugando y negociando con la salud de toda la población. Estas denuncias están dando resultados concretos tanto en la recuperación de lo público como en el adelanto de pruebas e intervenciones.

Por último, desobedecer o negarse como profesionales, a ser utilizados en beneficio privado o por empresas que están haciendo de nuestra salud su negocio.

Y este último concepto, la desobediencia, nos lleva a la experiencia que puso en marcha el colectivo “Yo sí, Sanidad Universal” en la primavera del año 2012, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el Real Decreto de Ley 16/2012, en donde asestó un golpe de muerte a un derecho fundamental como es el derecho universal a la salud (reconocido explícitamente en el artículo 43 de la Constitución).

Ninguna otra medida o ley ha supuesto un retroceso tan grande como la aprobación del RD de Ley 16/2012. Entre otras cuestiones, ha significado la expulsión del sistema nacional de salud de cerca de un millón de personas (a las que se las ha privado de su tarjeta sanitaria por razones tan “humanitarias” como carecer de permiso de trabajo o no estar inscritos en esos momentos en las listas del INEM); también ha supuesto que dos personas inmigrantes como Alpha Pam o Soledad Torrico fallecieran por falta de atención médica (como detalla en su informe anual el colectivo “Yo sí, Sanidad Universal”); o que los precios de los medicamentos suban para los trabajadores un 20 por ciento de media y para los pensionistas un 10%.

En resumidas cuentas, estamos ante un escenario nuevo donde convergen tres líneas de actuación de la Marea Blanca. La defensa del Centro de Transfusión, la lucha contra las derivaciones a los centros privados y, por último, comenzar a propiciar una gran movilización social a nivel de todo el Estado español para exigir la derogación del RD de Ley 16/2012.