JOSÉ MANUEL RODRíGUEZ URIBES

Ha pasado un lustro del atentado terrorista con mayor número de muertos y heridos de nuestra Historia, también como europeos. Un atentado contra el mundo en el sentido que le da Fernando Pessoa a la expresión: contra hombres y mujeres que iban a trabajar o a estudiar, gentes sencillas con toda una vida por delante truncada por unos fanáticos armados de bombas y sinrazón. Todavía una joven se debate entre la vida y la muerte, en estado vegetativo irreversible. Muchos de los asesinados eran extranjeros y algunos profesaban la misma religión que, malinterpretada y torcida, sus asesinos utilizaron como coartada, como fundamento último de su irracionalidad violenta. Retumba en nuestras conciencias el eco de la voz de los muertos que no olvidaremos, materializado en el discurso de Pilar Manjón, madre doliente, que verbalizó lo que los españoles de bien sentimos en aquellas oscuras horas de marzo de 2004. Cinco años después, a las familias y a los amigos de los muertos les ha quedado un vacío imposible de llenar. Los heridos recuperan sus vidas con la contradicción de ver cómo en muchos casos sus secuelas, físicas y/o psicológicas, se agravan, a la vez que se sienten afortunados en su condición de supervivientes. Algún día, esperemos, superarán el duro golpe que les dio la vida.

En estos cinco años, la sociedad española ha demostrado su solidaridad; los jueces han dictado sentencia condenando a los culpables con todas las garantías de un Estado de Derecho y desde el Ministerio del Interior, con Alfredo Pérez Ru-

balcaba a la cabeza y en colaboración con las asociaciones de víctimas, hemos ayudado en todo lo que estaba en nuestras manos, cumpliendo con una obligación hoy tan moral como jurídica. Además, la terrible experiencia del 11-M nos ha servido para diseñar un sistema de atención a las víctimas cada vez más integral y potente, explicitado en buena medida en el Plan de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El corolario será la nueva ley, comprometida para esta legislatura, sobre la que estamos trabajando con todos los colectivos representativos, movimientos cívicos, sindicatos de Policía y asociaciones de la Guardia Civil. ETA, por si no hubiéramos tenido suficiente, sigue matando y el terrorismo internacional es una amenaza constante, en España y fuera de nuestro país. Junto a la respuesta policial y penal, cada vez más eficaz, hemos aumentado, cuantitativa y cualitativamente, los mecanismos de protección y de reconocimiento hacia las víctimas, hacia todas las víctimas, con independencia del grupo terrorista que les causó daño. Nuestro sistema, hoy, es uno de los más avanzados del mundo y se sostiene sobre tres pilares fundamentales:

1. El principio de solidaridad, que asegura la respuesta material, psico-social y económica del Estado, entendido en un sentido amplio, expresión de la Justicia como reparación, cada vez más integral, continuada en el tiempo y personalizada. Porque después de los funerales y de las primeras, imprescindibles, muestras de solidaridad, en ocasiones muy intensas, puede llegar el silencio, la soledad o incluso el olvido. Y es entonces cuando debemos volver a estar, acompañando a las víctimas y a sus familias, recordándoles que el paso del tiempo no lleva a la desmemoria ni a la desatención.

2. El principio de territorialidad, que incluso despliega sus efectos fuera de nuestro país cuando el terrorismo afecta a intereses españoles, a contingentes en operaciones de paz o de seguridad, o cuando la banda terrorista es española (por ejemplo, y a su pesar, ETA –qué ironía!–), garantizando que nadie, sea español o extranjero, quede fuera de nuestra cobertura. Sólo queda pendiente y se regulará en la futura ley el reconocimiento a los españoles, turistas o en viajes de negocios, víctimas del terrorismo internacional fuera de España. El resto de situaciones ya tienen protección y, por ejemplo, los extranjeros que sufren un atentado en España –más de mil entre muertos y heridos en los últimos 40 años– gozan de los mismos derechos que los españoles, a los que hay que añadir la concesión de la nacionalidad española.

3. El principio de reconocimiento, que potencia la presencia y la visibilidad de las víctimas y de sus colectivos representativos en el espacio público, nacional o internacional sin caer en la exhibición impúdica o morbosa, ni en la manipulación o en el aprovechamiento partidista, en algún caso, con manifiesto desprecio hacia valores nobles como la paz o la unidad frente al terrorismo. El principio de reconocimiento debe concebirse, bien al contrario, como expresión de un derecho fundamental de las personas que han sufrido la acción terrorista en cualquiera de sus formas; es el derecho a ser escuchado, a la memoria y a que el relato evite equidistancias, distinguiendo entre víctimas y victimarios, entre quien sufre y quien hace sufrir, como nos ha recordado tantas veces José María Calleja.

El 11 de marzo de 2004 representó lo peor de la maldad humana, la ausencia de toda conmiseración, la brutalidad y el espanto en estado puro. Sus autores son “almas que, como diría Cioran, ni siquiera Dios podría salvar, aunque se pusiera de rodillas a rezar por ellas”. Las víctimas, sin embargo, son nuestra tabla de salvación; representan lo que nadie les pidió ser: la imagen de la civilización, la grandeza del ser humano. Que nadie las manosee, que nadie abuse de un símbolo que es patrimonio de la democracia; porque, invocando a Paul Éluard, “si el eco de su voz se debilita, pereceremos”.

José Manuel Rodríguez Uribes es Director General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo en el Ministerio del Interior

Ilustración de Mandrake