Sabemos que nos encontramos ante una crisis inimaginable hace unas semanas, que las instituciones están haciendo frente a unas situaciones complejas y que todos trabajamos por un objetivo común: frenar la curva de contagio. En estos tiempos de profunda angustia y preocupación, nuestro deber como oposición es ser leales con los gobiernos en esta crisis y ayudar a encontrar soluciones. Pero la lealtad institucional no está reñida con señalar que, en ocasiones, hay cosas que se pueden hacer mejor y que hay margen para lograrlo.

El lunes la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en las redes sociales que había alcanzado un acuerdo con Telepizza para dar comida a los casi 12000 niños y niñas en la región que tenían beca por percibir sus familias la Renta Mínima de Inserción.

Algunas pensamos, ilusas, que prestarían sus locales para repartir comida hecha en otros sitios, como por ejemplo los servicios de catering que ya cocinan para los escolares el resto del año. Jamás nos imaginamos que una institución pública podría defender la entrega de comida basura, con carencias nutricionales evidentes, a niños y niñas en esta crisis. Pero, efectivamente, Telepizza y Rodilla comenzaron a repartir el miércoles comida elaborada por ellos en sus locales. El lunes lo hará Viena Capellanes.

La prioridad es que los niños y niñas en una situación de vulnerabilidad, cuya única comida caliente al día suele ser la que reciben en el comedor del colegio, coman. Esto es lo primordial, lo urgente, y ha sido una de nuestras mayores preocupaciones desde que los colegios cerraron la pasada semana.

Sin embargo, la iniciativa tomada por la Comunidad de Madrid nos genera serias dudas por varias razones. La semana anterior la propia Consejería de Educación suspendía los contratos de las empresas de comedores escolares, aun sabiendo las consecuencias que tendría en la alimentación en los niños. Nos consta que las propias empresas de comedor se ofrecieron prestar el servicio para estos niños/as, pudiéndose evitar en algunos casos los ERTEs que han tenido lugar. También sabemos que diferentes Comunidades Autónomas y ayuntamientos, como Valencia, Rivas o Leganés, han desarrollado iniciativas que van desde ampliar sus servicios a domicilio, hasta crear servicios propios de menús a domicilio, pasando por ayudas para comprar en supermercados o becas directas a las familias. Opciones viables hay. Por eso no entendemos por qué el gobierno de la Comunidad de Madrid ha optado por una opción que no garantiza una alimentación de calidad en términos nutricionales, que se hace sin coordinación con los ayuntamientos, y los servicios que algunos de ellos han puesto en marcha, y que obliga a salir a la calle cuando se le pide a la población precisamente lo contrario.

Pero hay una cuestión de fondo que es más preocupante. En sociedades con niveles de desigualdad importantes, las crisis suelen aumentar esa brecha. Son los que tienen trabajos con condiciones más precarias los que primero los pierden; los que están en una situación de vulnerabilidad los que no se pueden permitir dejar de ir a trabajar con el consiguiente riesgo a contagiarse; y los niños y niñas que no tienen recursos informáticos o internet los que más complicado van a tener seguir el ritmo de la formación online. En este caso, el problema es aún más grave porque estamos hablando de un sustento vital: quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad son quienes van a tener más dificultades para comer de forma saludable estas semanas, lo cual es aún más preocupante cuando los datos indican que hay una mayor incidencia de la obesidad en los niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social. Las crisis afectan primero a las personas que se encuentran en situación de precariedad, y por eso es nuestra obligación abordar esta crisis con una mirada que reduzca sus efectos.

En una crisis como esta, con cientos de fallecidos, con un aumento cada día de contagios y con un estado de alarma que paraliza la vida del país, reclamar comida saludable para 12000 niños y niñas no es un capricho. Es un recordatorio de que en esta crisis no se puede quedar nadie atrás, y que cada decisión, además de para salvar vidas ahora, tiene que intentar garantizar que nuestra brecha social no crezca. En una región donde un millón de personas está en situación de exclusión social, las medidas tienen que garantizar que cuando superemos esta crisis, porque la vamos a superar, salimos más unidos, más fuertes, juntos, y no más desiguales.

Hay otras opciones que permitirían mejorar la alimentación de nuestro niños y niñas, y todavía cerca de 80.000 niños y niñas con precio reducido de comedor que necesitan soluciones. Trabajamos para aportar soluciones y acompañar al gobierno en esta crisis, pero sin dejar de garantizar los derechos de nuestros niños y niñas.

Ahí nos van a encontrar siempre.