Empezaremos este escrito parafraseando algo que ya se ha dicho en otro artículo recientemente. Nicaragua ni es España, ni es Alemania. Es el segundo país más pobre de Latinoamérica, donde más de tres cuartas partes de la población sobreviven gracias a la economía informal. Hacemos referencia al artículo escrito por Augusto Zamora, ex embajador nicaragüense en España nombrado asesor del gobierno orteguista en los días del día más cruentos de la masacre en 2018, publicado por este medio el día 17 de junio de este año. En ese artículo, él pinta una situación cuasi idílica en aquel país en el marco de la pandemia, como parte de la campaña de blanqueo que la dictadura de Daniel Ortega ha emprendido para ocultar su gestión criminal de la crisis sanitaria.

Evidentemente, pedirle un parón de las dimensiones españolas a un país que subsiste gracias a la economía informal; que no tiene industria; que tiene las maquilas (fábricas o talleres de cadenas productivas internacionales que aprovechan la nula fiscalidad y los bajos salarios en los países ‘del Sur’) en forma de zona franca como prácticamente la única salida laboral; y cuya segunda fuente de ingresos nacionales son las remesas de personas emigradas por razones económicas (o políticas), es prácticamente impensable. Pero también suceden muchas cosas impensables en Nicaragua.

En el país conviven dos realidades: por una parte, aquella en la que vive el dictador y su camarilla, y la realidad de la mayoría aplastante de las y los nicaragüenses por otra. En la primera, además de consentir que la COVID-19 campee a sus anchas, permitiendo, incluso promoviendo todo tipo de actividades sociales con alto riesgo de contagio, se ignoran las demandas de atención a las personas y se criminaliza a quienes reclaman medidas para frenar la pandemia y mejorar la respuesta sanitaria.

Además de esto, se persigue y se despide arbitrariamente al personal médico que está atendiendo a la población obedeciendo a su juramento hipocrático. Desde que se anunció oficialmente el primer caso de coronavirus en Nicaragua en marzo de 2020, el gremio médico nicaragüense ha sido objeto de despidos y muertes por contagios causados por la COVID-19. En mayo pasado, alrededor de 700 médicos reclamaron a la dictadura de Daniel Ortega una estrategia para detener la propagación de la pandemia y denunciaron el mal manejo de la situación por parte del gobierno. Esto ha dado como resultado el que al menos 16 médicos especialistas, algunos con más de treinta años de experiencia, fueran despedidos de hospitales públicos sin justificación alguna.

El personal sanitario es además víctima de una implacable campaña de desprestigio y amenazas que incluyen acoso laboral y policial, cierre de consultorios y clínicas, procedimientos judiciales, según denuncias públicas de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN). Para rematar, el personal médico, que dista mucho de devengar una renta alta y gana sueldos muy por debajo de un nivel digno acorde a su formación profesional, es sumamente vulnerable ante la situación de pandemia por falta de medios adecuados de protección.

Según los datos oficiales del MINSA (Ministerio de Salud), hasta el 16 de junio había 1.823 positivos y 64 víctimas mortales; sin embargo, el Observatorio Ciudadano COVID-19, integrado por una red de médicos y voluntarios que verifican casos derivados de la pandemia en Nicaragua, eleva las cifras oficiales a casi 5.000 contagiados y unos 1.400 fallecidos. De éstos, 536 son trabajadores del sector sanitario y de los que 61 han fallecido por coronavirus.

La otra realidad es la de un pueblo que ha sufrido el castigo de una dictadura criminal en los últimos años, que ante la inacción (o quizás la acción deliberada del gobierno de terminar de sacrificar al pueblo), ha tomado la iniciativa de auto-aislarse. De la misma forma que en abril de 2018 se autoconvocó para protestar contra la represión de Ortega y de Murillo, igualmente ahora se yergue ante la responsabilidad de sensibilizar sobre la pandemia, proponer medidas de aislamiento, facilitar apoyo a las personas que lo están sufriendo y salir adelante como siempre ha hecho el pueblo: salvándose a sí mismo a pesar de cargar con el lastre del Gobierno. Un ejemplo de ello es el citado Observatorio Ciudadano de la COVID-19 que actúa de forma independiente ante la irresponsabilidad del Gobierno y el ocultamiento deliberado de datos oficiales.

En esta realidad más parecida a Macondo, el presidente ni siquiera ha dado la cara. En una lamentable aparición pública el 18 de mayo de 2020, frente a sus medios de comunicación y acompañado de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, el presidente del Parlamento Nacional, y la Ministra de Salud, dejó ver su total desconexión con la ciudadanía y su distanciamiento de los problemas que aquejan al país y al mundo entero. En su intervención, justificó el incremento de muertes por neumonía atípica (eufemismo empleado para ocultar las muertes por COVID 19) en un intento por minimizar la pandemia que hace estragos entre la población.

Existen numerosos países catalogados como “tercermundistas” que sí han tomado medidas y han informado a la población. En el continente africano, dentro de las limitaciones económicas, su experiencia en la gestión de epidemias recientes les ha dotado de una capacidad de respuesta admirable. Es verdad que Lagos no es Madrid, o que Rabat no es Berlín, pero eso no les ha impedido adoptar medidas de prevención y de contención. En el continente asiático, países como Afganistán o Pakistán, por citar dos ejemplos, han hecho grandes esfuerzos para gestionar la pandemia, informando a su población y poniendo en marcha estrategias de protección indispensables.

Lo sorprendente es que en Nicaragua han fallecido ya más de 20 personas próximas al círculo de poder, todas por neumonías atípicas, y que los esbirros del Gobierno sigan jurándole pleitesía al dictador. ¿Qué pensarán que van a obtener a cambio?

En el país de lo impensable y en el que la tan criticada Alianza Cívica no había convocado a un parón nacional, como el histórico parón nacional que puso en jaque a Somoza en los años 70, llegó el coronavirus y paró al país. Es entonces cuando saltan todas las alarmas para Ortega y para Murillo, porque, a fin de cuentas, lo único que les importa es el capital, y no pueden permitir que la economía se paralice.

Por ello despliegan todos sus esfuerzos en intentar mantener a un país agonizante enchufado a un respirador artificial, dando oxígeno a la economía a costa de la vida de cientos de nicaragüenses que han fallecido ya. Nicaragua no tiene, gracias a la deriva neoliberal del régimen de Ortega, un sistema de protección social como el que tienen muchos países europeos.

La fragilidad del sistema sanitario, ya colapsado, está empezando a mostrar sus fracturas. Tanto la Organización Panamericana de la Salud, como la Organización Mundial de la Salud o el Observatorio Ciudadano COVID-19 han expresado su preocupación ante la transmisión comunitaria y el incremento exponencial de contagios. Cabe recordar que las solicitudes de la OMS para visitar el país y tener información de primera mano, han sido rechazadas totalmente por el régimen Ortega Murillo.

Precisamente porque Nicaragua es el país que es, debiera cundir la sensatez y la responsabilidad. Principalmente en quienes rodean a la pareja de dictadores al menos haciéndoles entrar en razón y pidiendo medidas mínimas, puesto que el virus no hace distinción entre seguidores y opositores del régimen. La comunidad internacional y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de informar y denunciar una gestión que solo es equiparable a escala internacional a la que están protagonizando los más irresponsables populistas como Trump o Bolsonaro.

Los colectivos de solidaridad con Nicaragua no cejaremos en el apoyo a un pueblo que además de ser víctima del totalitarismo y la persecución política, ahora padece el doble azote de la pandemia y la irresponsabilidad de sus autoridades. Y seguiremos denunciando los intentos de ocultar la situación real por medio de falsos relatos como el del artículo citado al inicio.