FÉLIX POBLACIÓN

Una vez leído el auto de Baltasar Garzón por el cual decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en la causa por las desapariciones de ciudadanos durante la Guerra Civil y el franquismo, no han faltado analistas que han calificado como una argentinización del proceso la denuncia expuesta por el juez en relación con los niños perdidos durante el conflicto y los primeros años de la dictadura, como si con ello el señor Garzón pretendiera aplicar en España la misma plantilla que en el país sudamericano durante el régimen de los generales.

Tales comentaristas no han puesto en entredicho la cifra de 30.000 niños republicanos tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954, según especifica Garzón en su auto. Tampoco que, como se afirma en el escrito, muchos de aquellos niños les fueron retirados a las madres sin posterior devolución a sus familiares de origen. Sin embargo, he creído notar en sus opiniones, marcadas por una mal disimulada aversión a la trayectoria profesional de don Baltasar, un cierto grado de suspicacia, como si al referirse a esa argentinización casi cuestionaran tal concepto y se lo imputaran, una vez más, al afán

de protagonismo que muchos reprochan al magistrado.

Dice Garzón en su auto que el régimen franquista invocaba la protección de menores, pero lo que se imponía bajo esa supuesta protección era una custodia punitiva propia de correccional. El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova aseguraba en una entrevista en Radio Nacional de España que millares de mujeres presas fueron separadas de sus hijos y que los niños pasaron a formar parte de centros especializados dependientes del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Según Casanova, el número de alumnos en esas condiciones superaba los 9.000 en 1942. No era raro que a las niñas se las recondujera hacia la vida conventual –para expiar las culpas de sus mayores–, ni que a no pocos niños se le falsificara la partida de nacimiento con el concurso de algunos sacerdotes para que fuesen adoptados por unos falsos padres.

Como caso más ilustrativo y conmovedor del azaroso destino de los hijos republicanos, se refería don Julián al de la compañera del escritor Ramón J. Sender, fusilada en Zamora después de haber sido delatada por su cuñado. Amparo Barayón cuenta en su última carta a Sender que le arrebataron a su hija Andreína de los brazos antes de ser fusilada por un pretendiente despechado, reflejo a su vez del mar de rencores y recelos personales que avivó la yesca del odio y la venganza durante la Guerra Civil, con el macabro balance de barbarie que todos sabemos.

Quienes puedan pensar y opinar que, denunciando la pérdida de identidad y/o el robo de niños republicanos cometido por la dictadura franquista –delito constitutivo de Crimen contra la Humanidad y, por lo tanto, sin prescripción posible–, lo que el juez Garzón persigue es mantener encendido su fulgor protagónico por no dar del todo por perdida la causa que defiende, deberían echar una ojeada al fondo documental que el viejo régimen dejó como panacea de sus logros redentores.

En la imprenta de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares se editó, en 1942, una memoria bajo el título La obra de la redención de penas (la doctrina, la práctica, la legislación), que, según reza en su portada, “eleva al Caudillo de España y a su Gobierno el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo”. El libro, ilustrado con abundantes fotografías de la reeducada población reclusa, abunda en dos de sus capítulos en lo que llama “la redención de mujeres caídas, como fruto de la peste deshonesta que ha venido creciendo desde hace 50 años en España” e inmerecedoras con toda seguridad de la educación de sus vástagos, y en la protección a los hijos de los penados.

Por referirme al que compete a este artículo, se dice que el Patronato Central para la Redención de las Penas acoge a niños entre dos y 15 años, aunque “han sido exceptuadas de este límite máximo de edad 145 jovencitas que se hallaban en circunstancias de peligro moral”. Que el número total de internos ronda los 4.000, si bien están pendientes de ser admitidos 7.000 más en espera de hallar plazas libres. Que la patria potestad de los padres está asegurada, a pesar de la propaganda roja, propaganda que el libro naturalmente desmiente, y en la que se decía que los niños no sólo eran maltratados, enviados a Alemania y arrancados de la tutela paterna, sino que fallecían en masa, lo cual dio motivo a que algunas madres incautas fuesen al Patronato y visitasen los colegios para cerciorarse de la verdad y comentar luego indignadas las calumnias.

Ahora, 60 años después, un juez, cuya valiosa mediación en pro de los Derechos Humanos quedó sobradamente reconocida por su ejecutoria en la persecución de los crímenes contra la Humanidad perpetrados por varios regímenes dictatoriales, sostiene que aquellas calumnias no lo son. “Durante el régimen franquista –se afirma en el auto de Baltasar Garzón– se estableció un plan sistemático de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por la dictadura no aptos para asumir su cuidado. Internados en las instituciones del Estado, fueron sometidos a malos tratos físicos y psicológicos, les fueron retirados a las madres sin una ulterior devolución a sus familiares”. Por todo eso, el magistrado insta al ministerio fiscal y a los jueces a la investigación y sanción de los culpables y a la reparación de las víctimas para que puedan recuperar la identidad robada. En manos de la justicia queda seguir dejando como verdad la del memorial franquista al que aludo o indagar en los hechos que Garzón describe con estremecedora minucia en su auto de inhibición.

Félix Población es Escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica