Tras el lanzamiento de la operación Inundación del Aqsa por parte de Hamas contra Israel, Gaza está sufriendo la mayor oleada de bombardeos de su historia reciente. La franja mediterránea que alberga a casi dos millones y medio de personas y que lleva más de quince años bajo un férreo bloqueo por tierra, mar y aire se ha convertido en el principal objeto de la ira israelí tras el asesinato de, al menos, 900 personas el pasado fin de semana. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha ordenado "un completo asedio de la Franja de Gaza: no habrá electricidad, ni alimentos ni combustible porque estamos luchando contra bárbaros y actuaremos en consecuencia".

Es bien sabido que la deshumanización del enemigo es uno de los recursos predilectos de los colonizadores para tratar de justificar su violencia desproporcionada contra los colonizados. Otro recurso recurrente son los castigos colectivos, destinados a castigar al conjunto de la sociedad por las acciones de una de sus partes. De ahí que Israel cerrase a cal y canto la Franja de Gaza pocos meses después de las elecciones legislativas palestinas de 2006 como castigo a la victoria electoral de la fuerza islamista en unas elecciones desarrolladas con libertad y transparencia, tal y como constataron los observadores internacionales desplegados sobre el terreno para verificar la limpieza del proceso.

En este punto cabe recordar que el artículo 33 de la IVª Convención de Ginebra señala expresamente que “no se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo. Están prohibidas las medidas de represalia contra las personas protegidas y sus bienes”. A pesar de ello, los diferentes gobiernos israelíes, con independencia de su signo, llevan castigando colectivamente a la población palestina ante la indiferencia de la comunidad internacional y, de manera particular, de Estados Unidos y la Unión Europea, que con su deliberado silencio parecen justificar estas medidas punitivas que el Derecho Internacional considera, lisa y llanamente, un crimen de guerra.

En los últimos años, numerosos analistas hemos advertido que la combinación de pobreza, abandono y desesperación representaba una bomba de relojería que, tarde o temprano, estallaría de la manera más imprevisible posible, tal y como ha sucedido ahora. Desde que la Franja de Gaza fuera considerada “entidad hostil” en 2007, Israel ha lanzado numerosas campañas militares contra ella: Plomo Fundido en 2008, Pilar Defensivo en 2012, Margen Protector en 2014 y Guardián de los Muros en 2021. En todos los casos, el objetivo siempre fue descabezar a Hamas y destruir a su brazo armado: las Brigadas de Izz al-Din al-Qassam, que cuenta con unos 30.000 efectivos. A pesar de esta continua presión, la organización islamista sigue gozando de buena salud, como ha demostrado la reciente incursión sobre terreno israelí que ha tomado por sorpresa tanto al Shin Bet, el todopoderoso servicio de inteligencia, como a las Fuerzas de Defensa Israelíes, la institución más valorada por la sociedad.

Benjamin Netanyahu, que fue elegido por primera vez primer ministro en 1996 con el objeto declarado de destruir los Acuerdos de Oslo y torpedear las negociaciones israelo-palestinas, se ha apresurado a señalar que el ejército israelí “actuará con toda su fuerza” y que los palestinos “pagarán un elevado precio”. Tal amenaza no sólo es grotesca, sino que además ignora que los palestinos llevan pagando un elevado precio desde hace demasiado tiempo como demuestra el hecho de que la Franja de Gaza se encontraba ya en una situación de emergencia humanitaria antes del reciente ataque. Las cifras hablan por sí solas. Según datos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, el 81,5% de la población de la franja depende de la ayuda humanitaria internacional, un 65% vive bajo el umbral de la pobreza y casi un 50% están desempleados, todo ello fruto de una estrategia deliberada de la potencia ocupante: Israel.

De ahí que exista un fuerte escepticismo de que una amplia operación militar vaya a ahora derrotar a Hamas y acabar con su aparato militar. No está de más recordar que la Franja de Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del planeta y que, por lo tanto, los bombardeos intensivos que está sufriendo están provocando cientos de muertos entre la población, así como la destrucción de la infraestructura civil. Precisamente este el objetivo de la Doctrina Dahiya destinada a causar un daño completamente desproporcionado a los enemigos de Israel y a los lugares desde donde operen. Cuando fue empleada por primera vez en 2006 se saldó con la destrucción del barrio de Dahiya, al sur de Beirut, uno de los feudos de Hezbollah. Como señaló en su día Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor israelí y su creador: “Lo que ocurrió en el barrio de Dahiya en 2006 ocurrirá en todos los pueblos desde los que se dispare a Israel. Aplicaremos sobre ella una fuerza desproporcionada y causaremos allí grandes daños y destrucción. Desde nuestro punto de vista, no se trata de aldeas civiles, sino de bases militares. Esto no es una recomendación: es un plan”.

Parece evidente que la aplicación de la Doctrina Dahiya a la Franja de Gaza es inevitable, pero la ofensiva militar no va a poner fin a la existencia de Hamas como tampoco la ocupación israelí de Beirut en 1982 acabó con la Organización para la Liberación de Palestina. Más bien conseguirá lo contrario, ya que polarizará aún más a la sociedad palestina y a sus formaciones políticas, que abandonarán toda esperanza a una solución pacífica del conflicto con Israel.